Raquel Sánchez rechaza que las ayudas al transporte sean un "chantaje" a las CCAA

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido este miércoles a las comunidades que hasta ahora no subvencionaban la rebaja de los abonos de transporte que se sumen "al esfuerzo que la mayoría ya venían haciendo" y ha rechazado que algunas, como Aragón, hablen de "chantaje".

Sánchez ha dicho que "chantaje es una palabra muy gruesa para calificar una medida tan positiva" como la que aprobó ayer el Gobierno para promover una rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo urbano e interurbano durante el primer semestre de 2023, financiada en un 30% por el Estado y, en un 20% por las administraciones autonómicas y locales.

La ministra ha defendido que "es justo que las administraciones que son competentes en ese ámbito también arrimen el hombro" y que el Gobierno central "está haciendo su parte" con la gratuidad de los títulos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe y de los autobuses de competencia estatal, aunque es precisamente esto lo que más molesta a Aragón, que considera que las medidas benefician fundamentalmente a las grandes ciudades "y en Aragón solo tenemos una", ha expresado Mayte Pérez, consejera de Presidencia, quien ha recordado que "solo Zaragoza responde a las características de gran ciudad en un territorio de 47.000 kilómetros cuadrados y 731 municipios".

"Nos molesta de manera muy evidente que no se haya consultado a las comunidades y que no recoja el modelo que ayude a vertebrar el territorio y una mayor financiación para prestar los servicios en igualdad de condiciones", ha dicho Pérez. 

El Gobierno de Aragón tilda de "chantaje" la bonificación del transporte propuesta por Sánchez

El presidente aragonés, Javier Lambán, no descarta "en absoluto" que el Gobierno autonómico aporte finalmente el 20% de subvención del transporte público colectivo urbano e interurbano, a la que el Gobierno Central supedita su financiación del 30%, aunque considera que es un medida que "pilla a contrapié" a los ayuntamientos y comunidades, a los que causa "un quebranto" por tener los presupuestos ya hechos y cerrados.

De hecho, el Gobierno de Aragón aprobará este jueves en pleno el presupuesto para el próximo año, ha recordado Lambán, que comparte las declaraciones realizadas este martes por el consejero aragonés de Vertebración, José Luis Soro, en el sentido de que en este momento, a punto de aprobar el presupuesto, "tratar de acoplarse a una medida de esta naturaleza es una dificultad importante".

Soro, tras conocer esta medida, trasladó al Gobierno central su malestar por lo que consideró un "chantaje" y una "improvisación" del ministerio al obligar a las comunidades y a las ciudades a aportar fondos de sus presupuestos para financiar una parte de los abonos de transporte, un trato "discriminatorio" respecto a otros servicios como los cercanías o el 100% de las líneas estatales.

Lambán ha lamentado que sea "habitual" por parte de "todos los gobiernos de España", legislar y tomar medidas "sin tener demasiado en cuenta las otras administraciones con las que hay que gestionar esas ayudas".

"El chantaje de un chantajista"

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha criticado el "maltrato" a los ayuntamientos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con este "chantaje, autoritarismo e imposición" que condiciona la subvención del 30% del Gobierno de España al transporte público urbano a que los ayuntamientos y comunidades aporten otro 20%.

Chueca ha criticado que después de preguntar durante semanas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y sin tener respuesta, dos días antes de final del año anticipa la prórroga de las bonificaciones condicionada a que los ayuntamientos pongan un 20% cuando no se mantienen las condiciones del último trimestre.

Además, ha recordado que ya se han tramitado los presupuestos de 2023 para lamentar que Sánchez "demuestra que tiene muy poco interés por los ayuntamientos" y ha informado de que se estudiarán las fórmulas para no intentar perder esa subvención del Gobierno, pero ha aclarado que "el chantaje de un chantajista no tiene por qué tener consecuencias para los usuarios", lo que se traduce en tratar de aprovechar la subvención del 30% del Gobierno de España en Zaragoza, que subvenciona el 60% del billete.

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