Pedro Sánchez se enfrenta al reto de lograr los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante el que sería el último Presupuesto General del Estado de esta legislatura del actual Gobierno de coalición. PP y Vox ya han anunciado que están preparando enmiendas a la totalidad del texto y existía la duda sobre si otros socios habituales del Gobierno -como PNV o ERC- harán lo propio. Los republicanos han despejado por ahora este primer camino. Una acumulación de enmiendas a la totalidad podía acabar tumbando el proyecto de ley -ERC ya lo hizo en febrero de 2019- y provocar una prórroga de los Presupuestos de 2022 a 2023. ¿Qué pasaría entonces con todas las medidas ya anunciadas o previstas? Las personas expertas en política presupuestaria explican que todo, absolutamente todo, podría retomarse por la vía de reales de decretos leyes. El problema es que cada uno de ellos tendría que ser validado en el Congreso de los Diputados por la misma mayoría de votos que antes no dio su confianza a las Cuentas Generales. Además, el Presupuesto perdería el sentido de principal instrumento de política económica, por la previsibilidad y rendición de cuentas, que la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, reivindicó este martes en el Congreso de los Diputados.
¿Cómo funciona una prórroga presupuestaria?
Cuando un Parlamento no da su aprobación antes del 31 de diciemrbre a los Presupuestos del año siguiente, se activa la prórroga automática de los presupuestos iniciales del año anterior con efectos desde el 1 de enero. Esto ha pasado en numerosas ocasiones tanto en el Estado, como en Cataluña y otras comunidades autónomas y ayuntamientos. Otra cuestión es que, antes de que llegue el 1 de enero, el Gobierno decida aprobar lo que se conoce como "un decreto de prórroga presupuestaria" que, en la práctica, sirve para incorporar las medidas más urgentes que el Ejecutivo quiere que estén en vigor el 1 de enero, como podría ser la subida salarial pactada con los funcionarios.
¿Qué pasaría con los sueldos públicos?
La prórroga automática de unos Presupuestos lleva a que los sueldos de los empleados públicos se mantengan congelados, respecto del año previo. El Gobierno ha pactado con los sindicatos una subida salarial del 2,5% para 2023 que podría llegar al 3,5%. A través de un 'decreto de prórroga' aprobado antes de que acabe 2022, o incluso en otro posterior, el Gobierno puede decidir que existen razones de "urgencia y necesidad" para aplicar la subida salarial pactada con efectos desde el 1 de enero y generar, para ello, la correspondiente modificación presupuestaria (suplemento de crédito).
¿Y con las pensiones?
En este caso, ni siquiera haría falta un decreto ley para aplicar con efectos desde el 1 de enero de 2023 una subida de las pensiones igual a la variación media del índice de precios de consumo (IPC) entre noviembre 2021 y noviembre de 2022, que, según se estima, se situará en el entorno del 8,5%. La subida se aplicará el 1 de enero haya o no nuevo Presupuesto, sin necesidad de un decreto ley 'ad hoc', y ello es así porque la regla para subir las pensiones es una obligación que nace de la ley de Seguridad Social y porque la partida de pensiones tiene la condición de "crédito ampliable"; es decir, se debe atender la obligación de pago sin ninguna restricción presupuestaria. El pago de las prestaciones por desempleo es otro de los créditos ampliables de los Presupuestos.
¿Y con las medidas anticrisis?
El Gobierno ha transmitido a la Comisión Europea su propósito de aplicar en 2023 medidas de gasto contra la crisis energética y la inflación por un importe similar al resultante en 2022, que sitúa en el entorno de los 10.000 millones. En concreto en 2022 se está aplicando la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, ayudas sectoriales, la ampliación de los bonos energéticos, los descuentos para abonos de transporte, una subida adicional del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones mínimas, y otras medidas más. El Gobierno aún no ha anunciado aún cuáles de estas medidas prevé prorrogar o si va a diseñar otras nuevas. No obstante, este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado otro paquete adicional, por 3.000 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Si no hubiera un nuevo Presupuesto, cualquiera de estas medidas podría ser incorporada en un decreto ley -con el correspondiente mandato de suplemento de crédito o de crédito extraordinario- para su aplicación en 2023 aunque, eso sí, debería ser validado por el Parlamento.
¿Sería posible prorrogar las rebajas fiscales?
El Gobierno también podría incorporar en un decreto ley medidas tales como la rebaja del IVA del gas y de la electricidad o cualquier otra de las que están en vigor en 2022 en respuesta a la crisis energética. También podría adoptar por decreto las subidas y rebajas fiscales que aparecen en el proyecto de Presupuestos. En materia de impuestos, cualquier modificación de los tributos vigentes se puede hacer por decreto ley, con la consiguiente aprobación del Parlamento. Para crear un tributo sí es preciso una ley, como la que se tramita en estos momentos en el Congreso para la puesta en marcha de las nuevas tasas sobre la banca y sobre las energéticas y en la que Hacienda prevé introducir, a través de una enmienda parcial, la creación del nuevo impuesto de solidaridad para patrimonios a partir de tres millones de euros. Para cualquiera de estos planes del Gobierno es indiferente que haya o no un nuevo Presupuesto en 2023.
¿Se vería afectada la ejecución de los fondos europeos?
Los créditos consignados para inversión son los únicos que, con carácter general, no se prorrogan al año siguiente cuando no se logra aprobar un Presupuesto. La razón es lógica: si el Presupuesto de 2022 estableció un crédito para una nueva carretera determinada no tiene sentido prorrogar una partida para una obra ya terminada. Este principio podría poner en riesgo la planificación de las inversiones previstas para 2023 cofinanciadas con fondos europeos. Sin embargo, de nuevo, este no es un problema que no se pueda resolver con la aprobación de uno o varios reales decretos y sus correspondientes créditos extraordinarios, según explican las personas expertas en técnica presupuestaria.
¿Qué pasaría con las transferencias previstas para autonomías y ayuntamientos?
En principio, si se prorrogan a 2023 los Presupuestos de 2022 las transferencias del Estado a las comunidades autónomas no podrá crecer el 24% previsto y se verán privadas de un aumento de 26.130 millones que llevaría la cifra a 134.336 millones. En el caso de Catalunya, estarían en juego 3.100 millones adicionales con respecto al actual ejercicio, con los que alcanzar los 26.560 millones, según las estimaciones de la Generalitat. Sin embargo, de nuevo este sobresalto podría ser resuelto mediante un decreto ley. En 2019 ya se dió esta circunstancia y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, logró el aval de la Abogacía del Estado para resolverla por la vía de un decreto ley al tiempo que impulsó una reforma legal para evitar dudas legales posteriores.
