Las reformas pendientes para que las trabajadoras del hogar puedan cobrar el paro y las empresas tengan que pagarle el transporte y el material a sus estudiantes en prácticas tendrán que esperar. El Ministerio de Trabajo incumple los plazos que se había marcado -y que pasaban por tener ambas carpetas cerradas antes de agosto- y pospone la aprobación de ambas medidas para septiembre, tal como ha reconocido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este martes en rueda de prensa.

Para justificar la demora en los cambios normativos de las empleadas del hogar, desde Trabajo han invocado la necesidad de ultimar nuevos "ajustes técnicos" dentro del diseño del nuevo sistema de prestaciones y cotizaciones. Pues hasta ahora este colectivo no podía -aunque quisiera- cotizar por prestación por desempleo, entre otros. Un veto que desde la justicia europea consideraron discriminatorio, en sentencia de febrero de este mismo año. Un fallo que ha provocado una cascada de pronunciamientos desde los tribunales españoles reconociendo derechos hasta ahora negados a las empleadas del hogar, como el subsidio de mayores de 52 años o el acceso a Fogasa en caso de despido.

Para cumplir con la sentencia europea el Gobierno debe modificar su sistema de prestaciones y encaje dentro de la Seguridad Social y ello deberá esperar a, como pronto, el 24 de agosto, cuando está previsto el próximo Consejo de Ministros. Aunque este martes el secretario de Estado no ha descartado que la aprobación del real decreto con las modificaciones se acabe produciendo ya en septiembre. Actualmente hay 375.932 trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social y que se beneficiarán de estas modificaciones. Resta pendiente acabar de definir qué impacto tendrán sobre los bolsillos de sus empleadores, una cuestión y enfoque que ha generado alguna diferencia en el seno del Ejecutivo.

La patronal se aleja del acuerdo de los becarios

Y por lo que respecto a la otra reforma, la del nuevo Estatuto del Becario, las diferencias con la patronal están dilatando las negociaciones. Tal como ya avanzó El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, la CEOE se distanció del último texto revisado por el Ministerio de Trabajo, que sí seducía a las organizaciones sindicales. Y este martes el secretario de Estado ha evidenciado las diferencias existentes y ha abierto la puerta a acabar sacando adelante la reforma sin el beneplácito de los empresarios. "En la medida que la patronal tenga la opinión de que haya caminos que permitan utilizar la formación como vía de abaratamiento de costes será difícil llegar a un acuerdo", ha reconocido.

El principal objetivo del nuevo estatuto es obligar a las empresas a asumir los gastos de transporte y material de sus becarios, ya sea directamente o través de un pago compensatorio. Y, por otro lado, eliminar la figura de las prácticas extracurriculares, donde consideran existe el mayor foco de fraude. A partir de enero del 2025 ya no podrá realizarse ninguna de este tipo y los alumnos o bien deberán cursar prácticas contempladas dentro del plan de estudios o bien deberán firmar un contrato de formación y aprendizaje.