El Gobierno ha dejado clara su oposición frontal al plan de la Comisión Europea de recortar el consumo de gas en todos los estados miembros por igual si Rusia ejecuta su amenaza de cortar el suministro sin tener en cuenta la dependencia del gas ruso de cada país. Un pulso de España a Bruselas y a otros países miembros de la Unión Europea que se escenificará la próxima semana en el Consejo de Ministros de Energía y en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se está encontrando con el respaldo de las energéticas, en pleno choque por la decisión del Gobierno de aplicar un nuevo impuesto milmillonario sobre los beneficios extra a los grandes grupos del sector.

La Comisión Europea plantea que todos los países reduzcan hasta el próximo marzo de manera voluntaria un 15% su consumo de gas en (un 10% para países como España con pocas conexiones o que estén proporcionando ya gas a otros estados miembros), pero el racionamiento podría convertirse en obligatorio para todos en caso de Rusia decida cortar el suministro de gas Europa de manera brusca y total. Un café para todos que el Ejecutivo de Sánchez rechaza por completo y que también critican duramente las patronales españolas del sector gasista y de las petroleras.

“La Asociación Española del Gas (Sedigás) comparte la posición del Gobierno de España de no considerar la hipótesis de una restricción general de la demanda ni para los hogares ni para los consumidores industriales españoles”, subrayan desde la patronal del sector gasista, alineándose con la postura del Ejecutivo de reclamar a Bruselas que no aplique recortes de consumo para todos los países de manera lineal y que se tenga en cuenta la exposición de cada país al gas ruso y la disposición de infraestructuras de recepción de gas (España cuenta con seis plantas regasificadoras, un tercio de toda la capacidad de la UE) e interconexión con Europa.

La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), en la que se integran las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP o Galp, ya mostró su oposición frontal a aplicar recortes iguales en todos los países de la UE incluso antes de que la Comisión Europea oficializara su propuesta y cuando aún sólo circulaban borradores del plan. La asociación de las petroleras firmó junto a otra decena de patronales de la gran industria una carta remitida a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitando que el Gobierno español se “oponga frontalmente” a la medida que prepara Bruselas.

Gobierno y energéticas secundan una posición común sobre el plan de emergencia de la Unión Europea para afrontar el pulso de Rusia, en una suerte de tregua paralela al choque existente por la intención del Ejecutivo de elevar la fiscalidad a las grandes compañías de los sectores energéticos que estén obteniendo beneficios extra en plena espiral de subida de precios. Desde el Ejecutivo se defiende elevar la reexportación de gas a Europa y más medidas de eficiencia y ahorro voluntario en el mercado español a cambio de no estar afectado por los recortes de consumo forzosos para todos los países.

Impuesto de 4.000 M

El Gobierno prepara un nuevo impuesto temporal a los grandes grupos energéticos para financiar las medidas adoptadas para paliar el impacto de la espiral inflacionistas sobre hogares y empresas. Según confirmó el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación, el plan pasa por crear un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios, que según subraya el Ejecutivo, están obteniendo por eléctricas, gasistas y petroleras por la espiral de subidas de precios en plena crisis energética.

El objetivo del Gobierno es aplicar el nuevo gravamen sólo a las grandes energéticas, las que tienen una facturación superior a los 1.000 millones de euros al año, y prevé recaudar un total de 4.000 millones de euros (a razón de 2.000 millones en cada uno de los ejercicios en que estará vigente el impuesto sobre los beneficios de 2022 y 2023). Entre las empresas que se verían sujetas al nuevo impuesto estarían los principales grupos energéticos, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, Cepsa o BP España.