En las últimas semanas la aplicación de un impuesto específico a las grandes energéticas ha sido otro motivo de choque entre los dos socios de Gobierno de coalición. Tanto PSOE como Unidas Podemos coincidían en la necesidad de una subida de la fiscalidad en plena crisis energética, pero en lo que no había acuerdo y sobre lo que se ha escenificado muy públicamente el encontronazo era acerca de cómo y cuándo hacerlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que habrá impuesto a las energéticas (no sólo eléctricas, también a gasistas y petroleras) y que se aplicará sobre los beneficios extra que obtengan este año y el próximo. El plan del Ejecutivo pasa por aplicar el nuevo gravamen sólo a las grandes energéticas, las que tienen beneficios anuales superiores a los 1.000 millones de euros, y prevé recaudar un total de 4.000 millones de euros (a razón de 2.000 millones en cada uno de los ejercicios en que estará vigente el impuesto).

Entre las empresas que se verían sujetas al nuevo impuesto estarían los principales grupos energéticos, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa, a falta de que se concrete más el ámbito de aplicación y si se incluye también las actividades de transporte y distribución y también se ven incluidos grupos de Redeia (antiguo Grupo Red Eléctrica) o Enagás. En el sector energético a las ganancias extraordinarias obtenidas por las compañías se les conoce como “beneficios caídos del cielo” (traducción del inglés de windfall profits). “Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores”, ha sentenciado Sánchez en el Congreso.

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentarán directamente en el Congreso una proposición de ley con el nuevo gravamen por ser una fórmula de tramitación parlamentaria más rápida y ágil que si el Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley, y facilita que esté definitivamente aprobado antes de que termine este año.

Se imponen Calviño, Ribera y Montero

Desde Unidas Podemos se han venido defendiendo fórmulas que garantizasen una aplicación inmediata de la subida fiscal a las energéticas, mostrando su preferencia por aplicar un recargo de 10 puntos en el Impuesto de Sociedades que pagan las energéticas. No será así, se aplicará finalmente el criterio del ala socialista del Gobierno (comandado por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero), y será un impuesto de nueva creación que gravará específicamente los beneficios extraordinarios que, según el Ejecutivo, las compañías están obteniendo aprovechando la espiral de subida de precios en plena crisis energética.

El Ministerio de Hacienda aún no ha desvelado cuál será el tipo de gravamen que se aplicará a los beneficios extra ni cómo se identificará específicamente esos beneficios extraordinarios para evitar la prohibición legal de gravar dos veces los mismos beneficios que ya se hace con el Impuesto de Sociedades. El Gobierno ha apuntado en las últimas semanas que se estaba fijando en la aplicación de este tipo de nuevo impuesto por parte del Ejecutivo italiano de Mario Draghi, que inicialmente aplicó un gravamen del 10% sobre los beneficios extra y finalmente lo ha elevado al 25%.

Reparto "justo y equitativo" de la crisis

El Gobierno defiende la aplicación de este nuevo impuesto para que “las consecuencias de la guerra se repartan de manera justa y equitativa” para que los beneficios extra obtenidos por las empresas sirvan para financiar las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar las consecuencias de la inflación. “Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”, ha sentenciado el presidente Sánchez.

Las eléctricas han insistido en los últimos meses en negar la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno dice querer recortar, ya que tienen vendida toda su producción de electricidad con mucha antelación y a precios muy inferiores a los que marca el mercado eléctrico y, por ello, no se están beneficiando de las subidas.

Pero el Gobierno les exige demostrarlo de manera fehaciente y desde hace meses les obliga a desvelar datos de miles de contratos sobre los precios a los que venden su producción, y si están suscritos por encima de un precio máximo fijado (de 67 euros por megavatio hora, MWh) tienen que devolver la diferencia. Este tipo de medidas de momento no se han venido aplicando a gasistas y petroleras, que también se verán afectadas por el nuevo impuesto anunciado por Sánchez.