La Generalitat publica una lista con 51 morosos que le deben 88,5 millones

Un total de 51 contribuyentes, entre personas físicas y jurídicas (sociedades y empresas) deben 88,5 millones a la Generalitat por distintos impuestos. Todo ello consta en la lista de deudores de 2021, publicada este lunes por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). El listón para figurar en esta clasificación, que recoge la deuda a 31 de diciembre pasado, se ha rebajado de un millón a 600.000 euros, como consecuencia de los cambios en la ley estatal de prevención contra el fraude. El número de morosos y de deuda ha crecido al bajar el listón hasta a partir de 600.000 euros. En el ejercicio del 2020, la Agencia Tributaria tenía identificados a 17 personas que debían más de un millón de euros y que entre todos sumaban 36 millones en deudas. En 2019 se identificaron nueve deudores con un pasivo por importe de 14,8 millones.

La hermanas Ballbé Anglada, dedicadas al sector inmobiliario en Terrassa, continúan entre los principales deudores, con un total de 3,6 millones cada una. El año pasado ya figuraban en esta lista con una cantidad similar. Entre las empresas destacan Playbadalona, una compañía que consta como en liquidación y que se dedicaba a la explotación de bingos, con 10,058 millones y Riera de Cabanyes Compañía de Aguas, una suministradora de aguas en la zona de Girona, con 6,3 millones y Rec Madral, compañía de Aguas, con 6,7 millones. La sociedad Moramar S. A., figura con una deuda de 3,5 millones.

Personas físicas

En la lista del año pasado, la familia Ballbé Anglada, ligada a los negocios del sector inmobiliario con presencia en Terrassa, se situó como la mayor deudora a las arcas de la Generalitat, con 7,12 millones entre ambas. Otras de las personas físicas que constan en la lista son Anna Maria Borrell Marín, con 3,4 millones; Víctor Juan Fontfreda Puig, dedicado al sector inmobiliario, con 2,3 millones o Montserrat Unanue Navarro, con 3,1 millones.

Las deudas y sanciones tributarias de la lista se refieren a tributos propios y cedidos de la Generalitat. En concreto, se trata de os gravámenes de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, patrimonio, la tasa sobre el juego y liquidaciones procedentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en relación con el canon que tienen que pagar las suministradoras.

Con la publicación de la lista en la sede electrónica de la ATC finaliza la vía administrativa. A partir de ahora, los afectados podrán interponer un recurso de reposición ante el director de la ATC en el plazo de un mes o uno contencioso administrativo en los juzgados correspondientes en el plazo de dos meses. La normativa impide que ambos recursos se puedan presentar de manera simultánea.