Los socios del Gobierno de Canarias siguen sin ponerse de acuerdo sobre las verdaderas intenciones del Gobierno central para la posible implantación del gas en las Islas. Las dos normas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados sobre esta cuestión han abierto un debate que en teoría estaba cerrado para los partidos del ‘pacto de las flores’. Aunque todos ellos apuestan por las energías renovables, avanzar en la descarbonización, y tenían cerrada la puerta a la vía gasística en Canarias, la entrada en escena de los reales decretos ley, uno sobre la medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y otro sobre reducción del precio de la electricidad, han abierto una pugna en el Ejecutivo regional sobre un posible horizonte de liberalización de las regasificadoras en territorio isleño.
Dos de los socios del Gobierno regional, el Estado mantendría la iniciativa y tendría la última palabra sobre la posibilidad de que Canarias se abra al mercado gasista, en un momento en el que desde Madrid se da la máxima importancia a la capacidad del país para licuar gas procedente de mercados alternativos al ruso cuando toda la UE está sufriendo el recorte del suministro decidido por Putin, en respuesta a las sanciones europeas impuestas por la invasión rusa de Ucrania. El PSOE, socio mayoritario del pacto regional, asegura sin embargo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado bien claro en uno de esos reales decretos que “será Canarias la que decida, en base a su planificación energética y a sus competencias al respecto, si quiere o no abrirse a la implantación de regasificadoras en su territorio”.
El origen del conflicto está en el real decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, convalidado en el Congreso el 28 de abril, en el que, sin previo aviso, el Gobierno introducía una disposición final cuarta que liberalizaba el mercado del gas en las Islas al eliminar la autorización administrativa a “las plantas de regasificación ubicadas en el archipiélago canario que tengan como uso principal alimentar a instalaciones de generación de energía eléctrica, pudiendo tener usos secundarios como la alimentación a puertos y a buques”. Esta disposición fue rechazada de plano por todos los partidos del pacto de gobierno y se exigió al Estado una rectificación.
El Gobierno central y el Gobierno de Canarias pactaron una corrección de ese texto que sin embargo no satisface en absoluto a sus dos socios principales. La teórica marcha atrás del Ministerios de Transición Ecológica, del que parte la iniciativa, se concretó en el Real Decreto convalidado en el Congreso el pasado 9 de junio sobre la llamada excepción ibérica para la regulación del precio de la electricidad y para la reducción del coste de esta energía. Se introdujo en esa norma una disposición adicional en la que se señala que la medida sobre las regasificadoras en Canarias del decreto anterior, el anticrisis por la guerra en Ucrania, “se aplicará conforme a los objetivos y fines en materia de transición energética que establezcan, para Canarias, la Administración General del Estado y la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias”.
En el caso del decreto anticrisis, que el Congreso avaló pero con una tramitación como proyecto de ley, la medida sobre la liberalización de las regasificadoras en las Islas se podría haber corregido a través de enmiendas. Es lo que pretendía hacer NC al presentar una en la que simple y llanamente solicitaba la supresión de la polémica disposición adicional cuarta. Sin embargo, en el caso del decreto ley para abaratar la electricidad en la que se ha incluido la supuesta corrección sobre la implantación del gas en Canarias, no cabe marcha atrás porque al no ser tramitado como proyecto de ley. Esto supone, según señala el diputado de NC, Pedro Quevedo, que “aunque prospera nuestra enmienda de supresión, el efecto de la misma es nulo porque ya hay otro decreto convalidado que devuelve el problema a su situación de origen” De hecho, el proyecto de ley al que NC presenta la mencionada enmienda está bloqueado políticamente en el Congreso y con permanente ampliación de plazo de presentación de enmiendas. “Esto va a estar encima de la mesa en las negociaciones con el Gobierno y en el propio Gobierno de Canarias. Ya habrá la ocasión de volver sobre el tema porque no aceptamos esta supuesta solución, que no lo es”, recalca Quevedo, quien precisamente por este motivo votó en contra el pasado 9 de junio de la convalidación del decreto para rebajar el precio de la electricidad.
Bloqueo canario
La pugna en el Ejecutivo de ‘pacto de las flores’ se limita a un problema de interpretación del texto con el que el Estado señala que ha corregido la liberalización del gas en las Islas. “En el texto queda claro que Canarias tiene capacidad de establecer sus planes energéticos y que es en ese marco en el que se debería contemplar la posibilidad de eliminar las autorizaciones a las regasificadoras a que se refiere el decreto anterior”, señala el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Es decir, que Canarias tiene capacidad de “bloqueo” de una supuesta decisión contraria por parte del Gobierno central porque la planificación energética es competencia autonómica.
El sector socialista del Gobierno señala que “con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado en su planificación”.Y en esa planificación elaborada por la Comunidad Autónoma “no se contempla esa posibilidad”, por lo que “queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”, según ha aclarado el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena.
También Sí Podemos Canarias refuta esta visión del PSOE. Varios portavoces de la formación consideran en este sentido insuficiente la modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto que abría la puerta a las instalaciones regasificadoras en las Islas y exigen una rectificación en toda regla mucho más clara. “No nos vale esa corrección que ha hecho el Gobierno. Queremos que se elimine del real decreto inicial la disposición final cuarta y quede también sin efecto la disposición transitoria del decreto con el que se dice haber corregido”, señalan desde la formación morada en Canarias.
