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Derechos de emisión

La industria española alerta a la UE del riesgo si hoy endurece los derechos de CO2

El Parlamento Europeo vota 600 enmiendas para intentar demorar el fin de las asignaciones gratuitas, que uno de sus comités adelantó a 2030

Hornos altos de ArcelorMittal en Gijón. Ángel González

La industria española hizo ayer llamamiento a las instituciones europeas para que no se endurezca el régimen de comercio derechos de emisión de CO2 (que el parlamento de la Unión debate desde ayer y votará hoy) y alertó de que el encarecimiento de la energía, la inflación, el aumento de los precios del carbono (el 700% en cuatro años) y la escasez de materias primas hacen presagiar “otra recesión”, la tercera en catorce años. Las patronales de la siderurgia, el cemento, el refino, el papel, la química y farmacia, y la alimentación y bebidas avisaron –en víspera de una jornada decisiva para industrias como la asturiana– que el 16% de las instalaciones fabriles europeas sometidas al sistema de comercio de emisiones han tenido que cerrar entre 2012 y 2021.

El parlamento europeo lleva debatiendo desde ayer más de 600 enmiendas a la propuesta aprobada por su comisión de Medio Ambiente, que el pasado 16 de mayo propuso endurecer el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, anticipando a 2030 la supresión de las asignaciones gratuitas (en vez de 2036, como propuso la Comisión Europea) y adelantando a 2026 el inicio del proceso de reducción gradual.

Aunque el resultado de la votación que tendrá lugar hoy en el europarlamento es imprevisible, dado que los parlamentarios gozan de libertad de voto, el ambiente que se respiraba ayer en la cámara parecía favorable a que los legisladores atenúen la propuesta del comité de Medio Ambiente aunque no es seguro que se logre restablecer la fecha más leve (2036) que pretendía el ejecutivo europeo.

El grueso de las enmiendas propone establecer el final de la asignación gratuita de derechos a las industrias emisoras de CO2 en fechas posteriores a 2030, pero en unos casos se postula hacerlo en 2032, otras en 2034 y algunas en 2036. Las enmiendas han sido registradas y defendidas por parlamentarios individuales y también por los comités de Industria y de Transporte de la cámara, que reclaman, en línea con esos sectores, una senda menos acelerada de recortes. Existe la creencia de que algunas de estas lograrán prosperar y que los sectores fabriles puedan disponer aún de cierto margen para adaptarse a la política europea contra el cambio climático.

En lo que sí parece haber un acuerdo amplio es en apoyar la propuesta del comité de Medio Ambiente del parlamento para que se amplíen los sectores económicos que se protejan con el llamado ajuste en frontera: un mecanismo que grava las importaciones procedentes de países en los que los fabricantes no tienen que asumir el sobrecoste de los derechos de emisión. También se analizan fórmulas para aliviar esta carga a las exportaciones europeas a mercados donde los productores locales no soportan estas cargas.

La cámara europea parecía ayer también mayoritariamente proclive a respaldar la modificación introducida por su comité de Medio Ambiente para que el ajuste en frontera lo gestione una agencia europea de modo centralizado y no los estados de forma descentralizada, como pretendía la Comisión Europea. Con este cambio se pretende evitar la competencia entre países europeos y que se den situaciones de arbitraje.

La Comisión Europea defiende que sectores como el doméstico (viviendas) y transporte se integren obligatoriamente en el régimen de derechos para penalizar sus emisiones, pero el comité parlamentario de Medio Ambiente propone que sólo lo hagan personas jurídicas: quedarían exentas las familias pero no los autónomos y los transportistas.

La propuesta con visos de ser aprobada establece la creación de un Fondo Social del Clima para compensar a estos sectores, que se nutriría con la recaudación por derechos de emisiones. Las estimaciones estiman un reparto favorable para España, que recibiría el 18% del importe que se movilice, y cuyo reparto no hará la Comisión Europea mediante transferencias directas y no a través de los Gobierno, como ocurren con otros fondos europeos.

Las patronales sectoriales españolas Unesid, Oficemen, Aspapel, FIAB, Feique y AOP reclamaron ayer objetivos “realistas” de emisión de CO2, niveles “suficientes” de asignación gratuita de derechos de CO2, garantizar la “igualdad” en la competencia internacional, coordinar la implantación del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) con la del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono (CBAM), no introducir nuevos criterios de condicionalidad, aplicar medidas “eficaces” para compensar los costes indirectos del carbono y evitar costes “desproporcionados” de la Reserva de Estabilidad del Mercado y su reajuste.

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