Los negociadores de los dos colegisladores de la Unión EuropeaConsejo Europeo y Parlamento Europeo, han logrado cerrar esta madrugada un acuerdo político provisional sobre una nueva directiva que busca promover "salarios mínimos adecuados" para asegurar condiciones de vida dignas para todos los trabajadores, independientemente del país de la UE donde vivan.

La nueva normativa, una de las promesas que Ursula von der Leyen hizo para llegar a la presidencia de la Comisión Europea y que incluyó en su discurso sobre el estado de la unión en 2020, no fija una cuantía mínima común, ni obligará a los gobiernos a introducir salarios mínimos interprofesionales, pero sí establece mecanismos para revisar los sueldos al alza reducir las desigualdades. Una vez aprobada -y traspuesta a la legislación nacional- se aplicará a todos los trabajadores europeos con contrato o relación de trabajo, aunque en los países donde el salario mínimo se protege a través de convenios colectivos no estarán obligados a introducirlo ni a modificar su legislación.

Actualmente 21 de los 27 estados miembros cuentan con salarios mínimos por ley, que oscilan entre los 332 euros mensuales de Bulgaria y los 2.202 euros de Luxemburgo. Sin embargo, en seis países -Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia-, la protección del salario mínimo se garantiza por medio de la negociación colectiva, un sistema que la Comisión Europea considera clave para impulsar salarios más altos y mejorar la protección de los trabajadores.

Fortalecer la negociación colectiva

El acuerdo alcanzado por Parlamento y Consejo establece que los países tendrán que fortalecer la negociación colectiva sectorial e interprofesional. Los estados miembros en los que menos del 80% de los trabajadores estén protegidos por un convenio colectivo tendrán planes de acción para aumentar progresivamente esta cobertura. Se trata de un objetivo más ambicioso del fijado inicialmente por los gobiernos, que pactaron un porcentaje del 70% en su posición común en diciembre pasado, con el voto en contra de Dinamarca y Hungría y la abstención de Austria y Alemania.

Además, en la elaboración de sus estrategias tendrán que implicar a los interlocutores sociales, informar a la Comisión de las medidas adoptadas y hacer público el plan. "Está claro que el sistema danés y otros que tienen sistemas similares no se verán afectados. Los daneses no van ni a abolir ni a modificar su sistema, que se basa en negociaciones colectivas. A la población danesa y los empleadores daneses les decimos que su sistema es excelente. Una parte de la directiva es alentar y fortalecer el sistema de negociaciones colectivas. No queremos debilitarlo donde funciona bien", ha explicado el comisario de empleo, Nicolas Schmit, interrogado sobre la situación en Dinamarca. Según la coponente de la Eurocámara, Agnes Jongerius, las nuevas reglas permitirán "reducir las desigualdades y presionar por salarios más elevados a los trabajadores peor pagados".

Evaluaciones nacionales

La nueva directiva establece que los estados miembros tendrán que evaluar si su salario mínimo legal vigente -el salario más bajo permitido por la ley- es suficiente para garantizar un nivel de vida digno. Para ello, tendrán que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de cada país, el poder adquisitivo o los niveles nacionales de productividad y desarrollo a largo plazo. Además, para evaluar si es adecuado o no podrán establecer una cesta de bienes y servicios a precios reales y aplicar valores de referencia indicativos comúnmente utilizados a nivel internacional, como el 60% del salario medio bruto y el 50% de los ingresos medios, aunque estos umbrales no serán vinculantes. En cuanto a las deducciones o variaciones del salario mínimo tendrán que ser no discriminatorias, proporcionadas y tener una finalidad legítima, como la recuperación de las cantidades pagadas de más o las deducciones ordenadas por una autoridad judicial o administrativa.

El acuerdo político, que todavía debe ser aprobado formalmente por ambas instituciones y transpuesto a la legislación interna de los Veintisiete en un plazo de dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE, también introduce la obligación de los Estados miembros de poner en marcha un sistema de seguimiento, así como controles e inspecciones fiables sobre el terreno para garantizar el cumplimiento y luchar contra la subcontratación abusiva, el falso autoempleo, las horas extras no registradas o la intensificación del trabajo. Los Estados miembros tendrán que establecer también un marco de actualización al menos cada dos años (o como máximo cada cuatro años para aquellos países que utilicen un mecanismo de indexación automática) y los interlocutores sociales tendrán que participar en los procedimientos.

Además, las autoridades nacionales deberán garantizar el derecho de recurso a los trabajadores cuyos derechos hayan sido violados y adoptar medidas necesarias para proteger a los trabajadores y a los representantes sindicales. "La UE ha cumplido su promesa. las nuevas reglas sobre salarios mínimos protegerán la dignidad del trabajo y garantizará que el trabajo se vea recompensado. Todo esto se hará en pleno respeto de las tradiciones nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales", ha destacado von der Leyen en un comunicado.