En los últimos meses se ha ido alimentando en el sector del gas una sensación de agravio. El Gobierno aplicó de manera rápida en los primeros compases de la crisis energética rebajas de impuestos en el recibo de la luz para paliar el impacto de la subida de precios en los clientes eléctricos. Pero el Ejecutivo ha rechazado replicar rebajas fiscales similares para el gas natural.

Las asociaciones empresariales que agrupan a todo el sector del gas (los grupos de redes de transporte y de distribución y también las comercializadoras) y también los grandes consumidores industriales de gas han venido haciendo frente común para presionar al Gobierno y conseguir una rebaja de los impuestos que se incluyen en la factura del gas. Según publica este martes El Periódico de España, desde el sector del gas no se entiende el trato diferenciado y critica la actitud del Gobierno como una oportunidad perdida.

“Lamentamos que en España no se hayan implementado todas las herramientas que permitía Bruselas para paliar el efecto de las subidas de precios sobre los consumidores vulnerables, especialmente la revisión de la fiscalidad”, ha apuntado Joan Batalla, presidente de la patronal Sedigás, en un encuentro con la prensa con motivo de su 48ª Reunión Anual de la asociación empresarial. “La revisión del IVA y del Impuesto Especial de los Hidrocarburos es una medida oportuna para paliar el impacto sobre los consumidores vulnerables”.

En los últimos meses, el sector del gas ha denunciado en los últimos meses un trato discriminatorio y ha reclamado que los recortes de impuestos aplicados a la factura eléctrica (que seguirán vigentes al menos hasta el 30 de junio y que el Gobierno está abierto a prorrogar de nuevo) se repliquen para el gas natural. Las empresas del sector gasista han venido pidiendo una rebaja del IVA que se aplica al consumo de gas del 21% actual hasta el 10% (como ya sucede con la luz y con el agua) y también una reducción del gravamen del Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta el mínimo que permite la Unión Europea.

Tope del gas

El Ejecutivo sí ha aprobado una rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% desde junio del año pasado, suspender el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y reducir mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%. El Gobierno ha adoptado medidas directas por la vía de los impuestos para amortiguar el impacto en el recibo de todos los clientes de luz del encarecimiento de la electricidad en los mercados internacionales, consecuencia fundamentalmente del alza de precios precisamente del gas natural.

El Gobierno aprobó su plan para poner un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad y conseguir con ello contener las subidas del recibo de la luz de millones de hogares y empresas. Poniendo un precio máximo al gas que se utiliza para producir electricidad (de 48,8 euros por MWh de media durante un año, frente a los 80 euros de los últimos meses) se conseguirá rebajar la cotización del conjunto del mercado eléctrico.

“Toda intervención de los mercados deben tomarse con mucha prudencia”, ha advertido el presidente de Sedigás, que agrupa a las grandes compañías de toda la cadena de valor del sector del gas (transporte, distribución, comercialización y proveedores especializados de productos y servicios al sector). “La aplicación del tope ha de hacerse garantizando completamente que se reconocen los costes reales que asumen las centrales de ciclo combinado. No se trata de una ayuda o un subsidio. Sólo se trata de compensar los costes reales”.

Subida en diferido del gas

Lo que sí ha hecho el Gobierno ha sido poner topes a las subidas que se pueden aplicar a las tarifas del gas reguladas (conocida como tarifa de último recurso, TUR). Una medida sólo para los clientes de la tarifa regulada, no para los del mercado libre. El precio de la tarifa, que se revisa cada trimestre, no podrá superior al 5%, a pesar de que el fortísimo encarecimiento del gas en los mercados mayoristas implicarían alzas muy superiores (en el último trimestre de este año la subida aplicada es del 4,6%, pero tendría que haber sido del 29%).

Se trata de una medida temporal y además que no evita las subidas de la tarifa, sólo las posterga. Y es que a partir del próximo abril, el Gobierno debería empezar a repercutir de manera diferida las subidas no aplicadas ahora de manera progresiva. Una subida con retraso, en diferido. Desde Sedigás, además, se quejan de que no aún se ha determinado cómo se aplicará el mecanismo para recuperar las subidas no aplicadas a millones de clientes.