España tiene en marcha un auténtico boom de nuevas renovables. La hoja de ruta marcada por el Gobierno para impulsar la descarbonización del sector energético contempla instalar unos 60.000 megavatios (MW) de renovables hasta 2030. Un objetivo que el Ejecutivo va a revisar para hacerlo más ambicioso en línea con las exigencias de la Unión Europea y que, por otro lado, ha quedado totalmente desbordado por la avalancha de solicitudes para levantar nuevas plantas de energías verdes.
A pesar de las sucesivas medidas del Gobierno para frenar la especulación y pinchar una temida burbuja en el sector, las solicitudes para conectar a la red eléctrica nuevas instalaciones renovables casi triplican toda esa nueva potencia verde prevista por el Gobierno para la próxima década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), según datos recogidos por El Periódico de España.
Red Eléctrica, el gestor de la red de alta tensión y operador del sistema eléctrico, ha concedido ya permiso de acceso a la red a proyectos por 145.200 MW y aún tiene en estudio otros 22.600 MW más, que se suman a los 43.500 MW de eólica y fotovoltaica ya en funcionamiento, según los últimos datos a cierre del pasado febrero.
Proyectos serios o no
Desde el sector de las renovables se da por hecho que una parte importante de estas solicitudes no tienen ningún proyecto real detrás y que los promotores acabarán retirando la petición o le será denegada por las administraciones. Pero la preocupación entre las empresas de energías verdes es por los cientos de proyectos que sí cuentan con proyectos energéticos detrás y que están en riesgo de que no salgan adelante por el retraso que acumulan las Administraciones -tanto el Gobierno central como, sobre todo, las comunidades autónomas- para sacar adelante las autorizaciones intermedias.
“Las Administraciones tienen que conseguir acelerar los procesos lo máximo posible, ya que de ello depende el cumplimiento de los objetivos climáticos, la recuperación económica y la seguridad energética de nuestro país. No nos podemos permitir desaprovechar ni un solo proyecto eólico que se pueda poner en funcionamiento en los próximos dos años”, explica Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
A finales de diciembre, el Gobierno aprobó in extremis una ampliación de nueve meses de los plazos para que los promotores renovables obtengan algunos de los permisos intermedios (la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa), evitando que cientos de proyectos decayeran por el retraso de las administraciones, y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos. Con los nuevos plazos, la mayoría de proyectos han de contar con esos permisos a final de este año o muy a principios de 2023.
Colapso de la administración
Pero el atasco administrativo continúa y las compañías temen que la prórroga acabe siendo insuficiente, al tiempo que dan por hecho que el Gobierno no está por la labor de conceder nuevos aplazamientos. La avalancha de proyectos renovables sigue siendo tal que ha acabado por colapsar las Administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación (el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de grandes proyectos de más de 50 MW y las comunidades autónomas para las plantas de menor potencia). Los retrasos amenazan con expulsar proyectos que sí cuentan con un plan de construcción real por incumplir los plazos legales de obtención de autorizaciones intermedias.
“En los próximos meses veremos si las Administraciones consiguen acelerar el ritmo de tramitación. Parte de las solicitudes no tienen un proyecto serio detrás, pero el problema es para las que sí tienen un proyecto real y que pueden quedarse fuera. Si estos proyectos no obtienen las autorizaciones de aquí a fin de año, perderán su derecho al punto de conexión a la red y volverán a la casilla de salida. Hay mucha incertidumbre”, se queja José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Según datos de la patronal fotovoltaica, el pasado enero aún estaban a la espera de conseguir de las diferentes administraciones la autorización de construcción y la declaración de impacto ambiental (DIA) proyectos para 59.678 MW solares y otros 26.783 MW eólicos. Esto es, un total de 86.461 MW renovables aún se encontraban esperando obtener en los próximos meses las autorizaciones administrativas para poder seguir con el proceso de tramitación de los proyectos, frente a los 19.016 MW que habían activado del procedimiento y que ya habían obtenido la autorización de construcción o la DIA.
Faltan recursos
Con el objetivo de impulsar proyectos renovables, realmente viables y expulsar los meramente especulativos, el Gobierno impuso a los promotores la obligación de ir cumpliendo hitos intermedios e ir consiguiendo autorizaciones en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso a la red. Muchos proyectos estaban a punto de incumplir esos plazos y en la mayoría de los casos la causa era el retraso en la tramitación por parte de las Administraciones. Para salvar esos proyectos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto la mano y ha retrasado hasta enero de 2023 el cumplimiento de varios de esos hitos. Pero existe el riesgo de no conseguir desatascar los procesos en los próximos meses y que el problema se repita.
Desde el Gobierno central se ha mostrado la frustración por la falta de dotación de personal por parte de las distintas Administraciones, especialmente las autonómicas, para desatascar el aluvión de solicitudes de renovables. Las comunidades autónomas reconocieron su incapacidad para asumir la avalancha de peticiones recibidas y fueron los gobiernos regionales los que solicitaron por unanimidad al Gobierno ampliar los plazos de los permisos intermedios.
