Ante la escalada de la inflación nadie quiere perder poder adquisitivo y los funcionarios no son una excepción. Después de que el año pasado el Gobierno decidiera unilateralmente incrementar el sueldo de los empleados públicos el 2% (cuando el IPC medio fue del 3,2%), los sindicatos con mayor representación en la función pública han movido ficha con antelación y amenazan con movilizaciones si no hay consenso sobre la próxima subida. Los pensionistas ya tienen atado por ley que sus prestaciones subirán lo que acabe subiendo la inflación media del año y los empleados públicos no quieren quedarse lejos de esa cifra.

CCOO UGT han sumado su presión a la que ya anunció la semana pasada Csif, que tiene convocada una concentración en Madrid para el próximo miércoles 25 de mayo. Ya no sentó bien entre las centrales las palabras hace unas semanas del presidente Pedro Sánchez de que los sueldos en la Administración subirían lo que se pactara en el sector privado entre patronal y sindicatos. Consideraron que ello hurtaba su propia negociación colectiva, pese a que finalmente no ha habido acuerdo entre los agentes sociales. "No estamos dispuestos a consentir que los más de tres millones de empleadas y empleados públicos se queden sin revisión salarial. En este sentido exigimos la negociación de un acuerdo plurianual que recupere poder adquisitivo", han manifestado CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

Despejada la incógnita de cuánto subirán los salarios en el sector privado -subirán lo que el conflicto en cada convenio permita- y con la oferta pública de empleo (OPE) para el 2022 prácticamente encarrilada, los sindicatos ponen ahora el foco en los salarios. Según Csif, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% desde 2010, cuando el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les rebajó el sueldo, como una de las medidas del inicio del periodo de recortes y austeridad.

Este viernes ha habido una nueva reunión entre Función Pública y las centrales, con la expectativa de que el lunes acaben cerrando la OPE de este año. Esta rondará una cifra algo superior a 23.000 plazas en la Administración General del Estado (AGE), tal como adelantó EL PERIÓDICO, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio. La idea preliminar del Ejecutivo es llevarla el martes al Consejo de Ministros para su aprobación.

Las protestas a nivel estatal por mejoras salariales coincidirán en el tiempo con diversas protestas a nivel local convocadas por plataformas de interinos, descontentas estas con el diseño y la ejecución de los procesos de estabilización en los que está inmersa la Administración. En Cataluña, por ejemplo, el viernes que viene la Plataforma d'Interines de Catalunya (PIC) ha organizado un acto de protesta frente a la Llotja del Mar para manifestar su rechazo a los criterios pactados entre la Generalitat y los sindicatos para los concursos de méritos. Estos prevén estabilizar 27.584 plazas hoy ocupadas por eventuales. En Extremadura, los interinos de la Junta han realizado esta semana paros similares.