El Gobierno compensará a los empresarios con un contrato de obra pública con el Estado que hayan sufrido un encarecimiento de las materias primas superior al 5% en 2021. Así se establece en un real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que ha sido presentado por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El real decreto fija medidas de carácter extraordinario para permitir una revisión excepcional de los precios en los contratos públicos si se acredita un encarecimiento superior del 5% en materias primas. La cuantía de la revisión no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato.

Se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre exceda del 5% del imposte certificado del contrato en el ejercicio 2021. Para ello se tomará como referencia la publicación de los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes relativos al último trimestre de 2021. Entre los elementos del contrato potencialmente revisables no se incluye el precio de la energía. En el Ministerio de Transportes se estima que la compensación a los contratistas afectados sumará un importe en torno a los 430 millones de euros.

El encarecimiento de las materias primas llevó a paralizar o cancelar numerosas obras en los sectores público y privado en 2021.

El decreto aprobado por el Gobierno será de aplicación para todo tipo de contrato, administrativo o privado, adjudicado por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal y que se encuentre en ejecución coincidiendo con la entrada en vigor de este decreto, previsiblemente, este jueves. La ministra de Transportes invitó a las administraciones autonómicas y locales a replicar esta medida extraordinaria para sus respectivos contratos.

Después de la entrada en vigor del real decreto, el contratista dispondrá de un plazo de dos meses para solicitar la compensación. La cantidad que resulte de esta revisión excepcional deberá repercutirse a los subcontratistas en la proporción que le corresponda en la asunción de costes. La ministra Raquel Sánchez destacó que esas medidas conllevará una menor litigiosidad y contribuirá a una mejor ejecución del Plan de Recuperación financiado con fondos europeos.