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Diario de Ibiza

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Reclaman a Alu Ibérica 30 millones por romper la exclusividad con un proveedor

Los gastos corrientes mensuales y las futuras indemnizaciones de la aluminera dejan a la empresa con un agujero de casi 40 millones

En primer término, las instalaciones portuarias de Alu Ibérica desde la orilla derecha de la ría.

El investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech que, por el momento, es el propietario principal de la fábrica avilesina de Alu Ibérica (la antigua Alcoa), decidió organizar su negocio con un proveedor de chatarra en exclusiva: la empresa luxemburguesa Traxys Group. Esta compañía ha presentado una demanda en un juzgado de comercio, precisamente de la ciudad de Luxemburgo, por daños y perjuicios. Reclama que la aluminera (ahora en concurso de acreedores) le abone 30 millones de euros (la cifra que está en la demanda son 34 millones de dólares).

La entidad comercial Grupo Industrial Riesgo a cuyo frente estaba Domenech (ahora, incurso en una investigación penal por descapitalización fraudulenta de la compañía) presentó su pacto con Traxys en julio de 2020 (al poco de hacerse con la mayoría accionarial de la aluminera) diciendo que había “seleccionado” a la empresa luxemburguesa “para reforzar su estrategia y estructura comercial”. Y añadió, que “con la incorporación de Traxys Group en el área comercial y de ventas, las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y Avilés podrán maximizar sus capacidades productivas y de ventas significativamente, ser mas eficientes y favorecer el desarrollo de mercado internacional”.

En corto, a lo que se comprometía Traxys era a facilitar a Alu Ibérica chatarra que se fundía (cuando se fundía algo) en los hornos de San Balandrán para distribuir ellos después tochos de aluminio. Esto tenía que hacerse en exclusividad. La compañía centroeuropea considera que esto último no se llevó a cabo durante la gestión directa de su propietario (retirado del poder ejecutivo en agosto de 2021) y por eso presentó la demanda que recibió primero Ramón Juega, el administrador judicial nombrado por la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional (María Tardón) y ahora tienen que hacerle frente los administradores concursales (los despachos ovetenses de Miguel Gómez Gordillo y de GdP Legal) que se encargan de gestionar la fábrica y buscar posibles inversores solo desde el 13 de diciembre pasado.

La demanda de Traxys contra Alu Ibérica tiene dos partes: en la primera se reclama que el juez luxemburgués ordene la ejecución del acuerdo suscrito por Domenech y la compañía. Esto no es posible actualmente porque el propietario dejó a su fábrica sin actividad el pasado 8 de julio, cuando el responsable de operaciones que Domenech tenía en Avilés ordenó apagar el último horno de fusión. A partir de entonces, la actividad de la fábrica quedó en nada. Por eso es que Juega ordenó un permiso retribuido para toda la plantilla (porque no había nada que hacer porque no existían ni reservas y las deudas con proveedores subían tanto como una montaña) que después se convirtió en un ERTE.

Dado que la reactivación no es posible Traxys reclama de manera subsidiaria el pago de los 34 millones de dólares. La demanda estaba parada porque Juega había solicitado a Traxys el informe financiero que justificase la demanda presentada, es decir, las bases de la reclamación. Eso no lo obtuvo Juega y, por lo que ha sabido este periódico, tampoco los administradores concursales. El paso que tienen que dar estos es la contratación de un despacho de abogados luxemburgués que defienda a Alu Ibérica. Y en eso están los administradores concursales que en pocos días tienen una reunión por videoconferencia con los abogados de la compañía demandante.

El roto que supone esta reclamación –de llevarse a cabo finalmente– dejaría a la aluminera desarmada. Y esto es así porque la deuda general de Alu Ibérica supera ya los 30 millones. Ramón Juega había logrado auditar las cuentas cuando presentó la puesta en marcha de un concurso de acreedores, es decir, dado que no había encontrado “una contabilidad real” (en palabras de los interventores) tuvo que componerla desde el principio. La posterior declaración del concurso de acreedores ha hecho aflorar nuevas deudas: 600.000 euros mensuales de gasto corriente y entre 8 y 9 millones que Alu Ibérica tiene que reservar para pagar las indemnizaciones a los trabajadores que va a despedir.

La Autoridad Portuaria deja sin efecto el desahucio de la aluminera

La Autoridad Portuaria de Avilés es la propietaria del suelo que ocupa la aluminera de San Balandrán desde mediados de la década de los cincuenta. Las sucesivas empresas que han explotado estas fincas (Endasa, Inespal y, ahora, Alu Ibérica) lo han hecho en virtud de una concesión pública. El Puerto de Avilés, al hilo de los continuos impagos de la fábrica cuando su gestión estaba en manos del investigado por la Audiencia Nacional, Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech) decidió abrir un expediente de caducidad de la concesión, es decir, decidió comenzar la gestión para desahuciar a la fábrica del suelo que ocupa. Pues bien, según ha podido saber este periódico, la dirección del Puerto ha decidido dejar sin efecto esta tramitación de tal modo que quita una de las muchas piedras que tienen los administradores concursales para continuar con la gerencia de la fábrica y, asimismo, la venta de la unidad productiva asociada a la empresa. Por otro lado, los representantes sindicales en San Balandrán han nombrado a los negociadores del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por los administradores en diciembre. El despido masivo todavía no se ha empezado a negociar, pero se hará de manera inmediata. Sobre los trabajadores está la fecha límite del 30 de abril. Y es que entonces termina la regulación temporal vigente actualmente y negociada con acuerdo entre los trabajadores y Ramón Juega, el administrador judicial cuya presencia en la crisis actualmente (lo sigue siendo, pese al concurso de acreedores) está siendo contestada.

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