Todos los clientes eléctricos van pagando con cada recibo de luz una enorme deuda milmillonaria que viene de lejos y a la que aún le queda, de momento, siete años más para conseguir finiquitarla. Una parte de cada factura sirve para saldar una gran hipoteca -fruto de los desajustes entre costes e ingresos del sistema- que los clientes tenían originalmente con las eléctricas y que ahora está en manos de bancos y de fondos de inversión.

Según publica este jueves El Periódico de España, este año la factura de electricidad incluirá pagos por casi 2.397 millones de euros para cubrir ese endeudamiento, según se recoge en la orden ministerial con la que el Gobierno ha establecido los cargos eléctricos para 2022, y con la que ha retirado algunos de los descuentos de su plan de choque para contener la subida de la luz. Los cargos incluidos en el recibo sirven para financiar costes derivados de la política energética, como la retribución a las renovables, el sobrecoste de los territorios extrapeninsulares o, también, esa deuda acumulada.

El sistema eléctrico español acumula una deuda que a cierre de 2021 aún era de casi 12.200 millones (a los que han de sumarse los intereses), según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La previsión es conseguir acabar este año habiendo rebajado esa deuda hasta los 10.000 millones de euros y conseguir saldarla por completo a finales de 2028.

Esa deuda, esa hipoteca, es consecuencia de que durante años lo que los consumidores pagaban con sus recibos de luz no era suficiente para cubrir todos los costes reconocidos del sistema eléctrico. El colosal agujero, el conocido como déficit de tarifa, creció de manera descontrolada hasta los 28.700 millones de euros. Tras 14 años consecutivos de déficits, los duros recortes de la reforma eléctrica del primer Gobierno de Mariano Rajoy hicieron que a partir de 2014 el sistema eléctrico empezara a acumular superávits.

En un primer momento los consumidores debían esa cantidad a las propias compañías eléctricas, que eran las que durante años asumieron la diferencia en sus balances y financiaban el desfase entre ingresos y costes reconocidos. A partir de 2011, ese milmillonario roto se fue titulizando y colocando en los mercados financieros, y las eléctricas fueron cediendo los derechos de cobro de la deuda a fondos de inversión y bancos.

La gran mayoría de la deuda se cedió a través de colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), pero no sólo. También hubo otro tipo de colocaciones específicas: para cubrir el déficit de 2005, el déficit de las liquidaciones de 2007, el déficit de 2013, el déficit ex ante… Y aunque inicialmente estaba previsto terminar de pagar en 2026, la realización de nuevas emisiones para dar liquidez al FADE ha alargado de momento dos años más.

Déficit de tarifa

El Gobierno puso en marcha el pasado verano un plan de choque para contener la subida del recibo de la luz, con rebajas temporales de impuestos (que ahora se han alargado hasta el próximo abril) y con un drástico recorte del 96% de los cargos que se pagan en la factura. La pretensión del Ejecutivo era cubrir esa caída de ingresos con una mayor inyección a las cuentas del sistema de los fondos procedentes de las subastas de derechos de emisión y con los recortes a los ingresos extraordinarios de las eléctricas por el encarecimiento de la energía.

Pero estos recortes se acabaron revisando y se suavizaron tanto que las compañías prácticamente se han librado de ellos, y el Gobierno afronta ahora un desajuste millonario en las cuentas del sistema eléctrico. Un agujero que en el conjunto de 2021 se ha situado finalmente en el entorno de los 325 millones de euros, según los cálculos que manejan las compañías del sector eléctrico (hace un par de meses las estimaciones del sector apuntaban a un déficit aún mayor, de unos 500 millones, pero los mayores ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2 y otros ajustes han ido reduciendo el importe).

Se trata de una vuelta al déficit del sector porque el sistema eléctrico no podrá cubrir todos los costes que soporta con los ingresos que finalmente recibirá tras las rebajas de impuestos y de cargos aplicados. En realidad, ya hubo desfases negativos en los años 2019 y 2020, pero se cubrieron con los superávits acumulados en años previos.

Esa suerte de hucha de la luz acumulada por los superávits se ha agotado para tapar los agujeros de los dos últimos años y para resarcir a las eléctricas después de que el Tribunal Supremo tumbara el antiguo sistema de financiación del bono social eléctrico (los descuentos en la tarifa que se aplican a los hogares vulnerables). Del superávit de 1.687,5 millones acumulado entre 2014 y 2018, ya se han gastado 1.683, según los datos de la CNMC.