Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de diciembre, que dan además la temperatura del conjunto del año 2021, han sido celebrados como "muy positivos" por el Gobierno y los sindicatos, y hay razones para ello: el total de ocupados ha escalado a su máximo histórico, con 19,8 millones de cotizantes trabajando; se concatenan ya 10 meses seguidos de caídas del desempleo (otro hito sin precedentes) y los niveles prepandemia tanto de uno como de otro indicador no sólo se alcanzaron ya hace tiempo, sino que se han ido consolidando con datos mejores a medida que el año se ha ido acercando a su final. Y, sin embargo, el nivel de paro sigue por encima de los 3 millones de personas: en concreto, en 3.105.905, según los registros del Servicio Público de Empleo Estatal justo antes de comenzar 2022.

¿Por qué, cuando hay más personas trabajando que nunca -más que en el verano previo al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se rozaron los 19,5 millones de afiliados- hay a la vez tantos millones de parados, es decir, de personas que buscan empleo sin encontrarlo? Por dos razones, apunta Antonio González, de Economistas frente a la Crisis: porque todavía estamos absorbiendo el gran número de parados generado por la crisis financiera de 2008 -llegaron a pasar de los 6 millones en 2013, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística-, y porque muchos de los parados llevan tanto tiempo en esa situación que sus competencias no se ajustan a lo que piden las empresas.

"Ya estamos viendo, en estos momentos, que hay dificultades para encontrar trabajadores con la formación adecuada en ciertas actividades, mientras que más de tres millones de personas en desempleo que no encuentran acomodo en el mercado de trabajo", resume González, que avanza una solución: "O se hace un esfuerzo absolutamente rápido, intenso, yo diría incluso que descomunal, en Políticas Activas de Empleo (PAE), o nos encontraremos con el problema de que estos cuellos de botella van a aumentar a lo largo de este año: faltarán cada vez más trabajadores, y sobrarán cada vez más desempleados", alerta. España tiene el compromiso con Bruselas de acometer una reforma de las PAE, que son las que se orientan a mejorar la empleabilidad de ocupados y parados, para finales de este año.

Para María Jesús Fernández, Economista Senior del centro de análisis Funcas, el problema de la formación de la fuerza de trabajo española salta a la vista en comparación con los países de nuestro entorno: "En España, el 35% de la población activa tiene un nivel educativo inferior al de la secundaria completa; una tasa elevadísima en comparación con los países centrales de Europa, que están en torno al 14%", explica. "A la vez, la proporción de activos con educación universitaria es aquí muy alto, más que la media de otros países: así que tenemos el problema en el medio. El reto es reducir las tasas elevadas de personas sin instrucción y darles una formación profesional adecuada", resume.

Un desafío que no se puede acometer con rapidez: "si ahora mismo se empezasen a tomar medidas de fondo, orientadas a reducir la tasa de abandono escolar e incentivar la permanencia de los jóvenes en los estudios, los resultados los empezaríamos a ver en 15 años como pronto", dice Fernández. En materia de políticas activas se puede ir más rápido, según González, pero también hay mucho que hacer: "las PAE y los sistemas de formación no funcionan, porque no se compadecen con las necesidades del tejido productivo, y éste es un problema que arrastramos desde hace años; incluso ahora, lo que se plantea en el Plan de Resiliencia y en el marco de los compromisos para obtener los fondos europeos, son planteamientos en mi opinión totalmente insuficientes", lamenta.

Cambios en la ley

Aunque la educación es clave, según los consultados, otros factores también pueden ayudar a reducir el elevado nivel de paro. En este sentido, los expertos están divididos sobre el alcance que pueden tener las medidas legislativas, y singularmente la recién aprobada reforma laboral. Para Jesús Lahera, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), esta nueva norma "puede servir para reducir los niveles de paro si las medidas para controlar la temporalidad consiguen efectivamente un mercado de trabajo menos dual [dividido entre indefinidos y temporales], porque un elevado porcentaje de temporales se refleja en las tasas de desempleo de manera estructural". También la experiencia de los erte y otras medidas de flexibilidad y su consagración en la reforma podrían, en su opinión, ayudar a mitigar los niveles de desempleo.

Para González, de Economistas frente a la Crisis, no hay atajos legales para el control del paro estructural: "este problema no se arregla con la regulación laboral ni con prestaciones por desempleo", avisa este experto: "las personas que llevan más de dos años en paro [un 27,5% de los desempleados, según el INE] ya no cobra ayudas y sigue sin conseguir trabajo". Fernández, de Funcas, cree por su parte que la reforma que acaba de entrar en vigor se queda corta para luchar contra el desempleo de manera intensa porque "aunque no estropea algunos de los elementos fundamentales de la reforma de 2012, no ha seguido avanzando en la dirección en la que tenía que avanzar, la de la flexibilidad, y mantiene la normativa laboral rígida y sobrerregulada, con la filosofía de proteger al que está en el puesto de trabajo a costa de que se cree menos empleo".

Una posibilidad optimista es que la reducción del paro se intensifique a medida que se recuperen los niveles de actividad precovid, que todavía no se han alcanzado: "Si ya estamos en niveles récord de empleo sin que el turismo internacional ni la industria se hayan recuperado del todo, quizá haya margen todavía para ganar más ocupados y reducir el paro", avanza Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Análisis Económico en la UCM y subdirector del centro de pensamiento Fedea, que en todo caso se declara "perplejo" ante el comportamiento dispar de los indicadores de producción y los de ocupación.

La excepcionalidad laboral española: paro y temporalidad

Las dos lacras del mercado de trabajo español desde que hay registros homologables, mediados de los años 80, son los elevadísimos porcentajes de desempleo y de contratos temporales, siempre el doble de los de los países de nuestro entorno. Según los últimos datos de la oficina estadística europea, Eurostat, el porcentaje de temporalidad de la Unión Europea (UE) está en el 10,5%, frente al 20,1% de España, y el paro es del 6,7% en la UE y del 14,5% en España.

El nivel más bajo de desempleo se alcanzó, según la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre de 2007, y fue de un 7,93%; con todo, más de 1,7 millones de personas estaban entonces en paro. Era justo antes de la crisis financiera, y a consecuencia de esa catástrofe económica, se llegó a alcanzar un 26,94% de desempleo: fue a comienzos de 2013, cuando 6,2 millones de personas buscaban trabajo sin encontrarlo.