La OCDE también cree, como Bruselas, que España debe aumentar el número de años de la vida laboral del ciudadano con los que se calcula la cuantía de su pensión. Actualmente, son los famosos 25 últimos años de carrera, que dieron lugar a una agria controversia en el seno del Gobierno hace un año, cuando Pablo Iglesias acusó al ministro Escrivá de querer subir ese número a 35 años; polémica que resurgió el mes pasado, cuando la Unión Europea (UE) aclaró que el aumento de ese periodo es una de las condiciones necesarias para que España siga recibiendo los fondos europeos del programa Next Generation EU.
Como suele suceder con las organizaciones internacionales en los últimos años, la recomendación de la OCDE no se plantea de forma directa, sino que hay que leer entre líneas para detectarla (estas instituciones descubrieron en la anterior crisis que dar órdenes a los países en sus documentos generaba un fuerte rechazo en las poblaciones objetivo, con efectos electorales indeseados). En este caso, la presión forma parte del gran informe bienal sobre pensiones de la OCDE, 'Pensions at a Glance', pero no figura en el cuerpo principal del texto, sino en las llamadas “country notes”, los anexos en los que se examina la situación de cada país.
En el caso de España, el texto destaca que “la gran mayoría de los países de la OCDE toman en consideración los salarios de toda la carrera profesional para calcular la cuantía de la pensión. En la UE, sólo Francia, Eslovenia y España usan 25 años o menos”. Unas líneas que se insertan en un párrafo que define como “permisivas” las condiciones que marca la legislación española para acceder al 100% de la pensión a los 65 años, que requieren ahora 37 años y 3 meses de cotización (y que serán 38 años y 6 meses en 2027): “Grecia y Eslovenia también mantendrán un periodo relativamente corto de 40 años, mientras que Francia exige 43 y Alemania 45”, se lee en el documento.
Demasiado generoso
El texto de la OCDE destaca también otros aspectos en los que el sistema de pensiones español sería, a ojos de sus redactores, más generoso que los de su entorno; el principal de ellos, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último sueldo que representa la primera pensión. El informe explica que esa tasa es del 89%, frente al 62% de la media de la OCDE: “esta tasa de reemplazo tan alta se aplica desde los 65 años, mientras que para alcanzar el mismo nivel habría que trabajar hasta los 69 años en los Países Bajos, en Italia tendrían el 82% a los 71 años y Dinamarca el 84% a los 74 años”, asevera el documento. Como de costumbre, la OCDE evita mencionar que los salarios en España son mucho más bajos que los de los países con los que compara las pensiones.
De hecho, otro de los aspectos que la OCDE destaca como característico del sistema español es que los ingresos de los mayores de 66 años son más altos en términos relativos que los de la media de la organización: suponen un 96% de los ingresos medios de la población general, frente al 88% de la OCDE, algo que apuntaría a que las pensiones no es que sean altas, sino que los salarios actuales son más bien bajos. También llama la atención de la organización internacional que la edad de salida del mercado laboral sea notablemente más baja en España (60,7 años, frente a 63,1 en la media de la OCDE), aunque la edad de jubilación está por encima (65 años) de la media de la organización (63,8 años).
Críticas a la reforma de Rajoy
Aunque en general los textos de la OCDE alaban todo lo que sea recortar gasto en pensiones, en el documento conocido este miércoles critican los aspectos de la reforma de 2013 derogados este año que habrían contribuido a ese ajuste: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP, que preveía un incremento anual del 0,25%, al margen del comportamiento de los precios) y el Factor de Sostenibilidad (FS, que reduciría las pensiones iniciales en función del aumento de la esperanza de vida). Eso sí, la crítica de la organización internacional no es por razones de fondo, sino de diseño y de forma: los ajustes a los pensionistas actuales y los realizados sin consenso, asevera, generan rechazo de la población y se vuelven inaplicables.
“El IRP llevaba a que las pensiones ya en vigor creciesen menos que los precios [...] Estos mecanismos que reducen continuamente las pensiones en términos reales son cuestionables, ya que los pensionistas tienen pocas posibilidades de modificar sus ingresos”, explica el informe, que saca conclusiones para los aspirantes a reformar un sistema de pensiones: “El caso español ilustra que una política coherente en el tiempo requiere un amplio consenso político antes de su implementación. De otra manera, las medidas corren el riesgo de ser insostenibles políticamente, conduciendo a la reversión y a un debilitamiento de la confianza. El destino del IRP muestra también que las medidas correctivas han de aplicarse con tiempo. Cuando la sostenibilidad financiera ha de ser restaurada, han de tomarse medidas al margen de la evolución de ciertos indicadores: los mecanismos automáticos no pueden remplazar a medidas discrecionales valientes”.
El informe de la OCDE no analiza en detalle el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de las cotizaciones durante 10 años acordada con los sindicatos y aprobada a principios de mes por el Congreso que servirá para reemplazar el FS. Simplemente se limita a decir que “ayudará a mitigar el impacto financiero de la jubilación del baby boom”. Eso sí, el texto constata que los recursos acumulados con esta medida supondrán el 2,3% del PIB en 2032, mientras que las previsiones de la Comisión Europea indican que la revalorización de las pensiones con la inflación -otra de las medidas adoptadas en la reforma aprobada por el parlamento- supondrá un aumento del gasto que llegará al 2,6% del PIB en 2050: es decir, la OCDE apunta a que las medidas de ahorro adoptadas no bastarán para compensar el incremento del gasto que propicia la última reforma.
