El Ayuntamiento de Madrid aprobó muy a finales de julio un avance de lo que pretende que sea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital. En la futura normativa, que aún le queda un largo proceso de tramitación y que no entrará en vigor hasta mediados de 2022, el consistorio ha incluido la obligación de que sólo puedan utilizarse para alquiler turístico viviendas en plantas bajas, primeras plantas sin vecinos debajo o edificios completos.

El Ayuntamiento actual -con Partido Popular y Ciudadanos como socios- pretende así utilizar el futuro PGOU para modificar el Plan Especial de Hospedaje hoy en vigor y que fue diseñado por el anterior equipo municipal, comandado por Manuela Carmena. La normativa vigente procedente del anterior consistorio es más dura, ya que restringe el alquiler turístico a sólo pisos con acceso directo a la calle -en la práctica, sólo bajos-, lo que suponía la prohibición masiva del 95% de las viviendas de uso turístico de la ciudad (aunque de facto siguen ofertándose entre 10.000 y 14.000 pisos turísticos en Madrid aunque no cumplan estas exigencias), según publica El Periódico de España.

La asociación Madrid Aloja admite su decepción con PP y Cs: “Pedimos el voto para estos partidos”

La restricción prevista por el consistorio actual de José Luis Martínez-Almeida (PP) implicaría el veto para más del 80% de los pisos turísticos hoy operativos en Madrid. “La regulación no es exactamente la misma que la de Carmena, pero el plan se parece demasiado al de Carmena”, resume Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, la asociación regional de propietarios de viviendas de uso turístico.

La organización no oculta el “cabreo y desilusión” generados por el cambio de postura de PP y Ciudadanos, que atacaron duramente el plan de Carmena en la anterior legislatura cuando estaban en la oposición. “No tiene sentido que partidos que se dicen liberales quieran destruir riqueza de esta forma. Las medidas que ahora defienden parecen muy lejanas a su ideología”, se queja Merás, quien subraya la “decepción” de los dueños de pisos turísticos que votaron a PP o Cs en las últimas elecciones municipales precisamente porque defendían tumbar las restricciones vigentes. “Pedimos el voto para estos partidos”, reconoce.

Una sentencia como "excusa"

El Ayuntamiento justifica su propuesta de normativa en que con ella dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con la que tumbó los 14 recursos presentados por diferentes organizaciones contra el Plan Especial de Hospedaje del equipo de Carmena.

La interpretación del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, dirigida por Mariano Fuentes (Ciudadanos), es que la sentencia establece que el alquiler turístico ha de considerarse un uso terciario de hospedaje y no un uso residencial, por lo que deben ajustarse a la normativa de hospedaje y desarrollarse sólo en plantas bajas, en primeros sin viviendas bajo ellos o en edificios exclusivos, indican fuentes municipales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Madrid Aloja rechaza esa interpretación y la considera únicamente una excusa utilizada por el Ayuntamiento para mantener las restricciones. Según la asociación de propietarios, la sentencia del TSJM simplemente avaló la legalidad de la normativa del equipo de Carmena, pero no obliga al actual Ayuntamiento a mantenerla. “Se esconden en ese razonamiento, pero no van a conseguir engañarnos. La sentencia hay que acatarla, pero se puede cambiar la ley sin problemas. El juez no dicta leyes, sólo dice que la normativa actual es legal. Pero entre que sea legal y que sea justa hay un trecho”, explica Merás.

“El Ayuntamiento está utilizando la sentencia como excusa. Lo que está haciendo es bailarle el agua a los hoteleros”, sentencia el presidente de Madrid Aloja. Y es que la asociación denuncia que el consistorio se está plegando a las “presiones tremendas” del sector hotelero para mantener las restricciones al alquiler turístico y dejar fuera del negocio a ocho de cada diez pisos turísticos de la capital. “Desplazar por ley la demanda de alquiler turístico a otros ofertantes es un abuso”.

Derechos adquiridos

Madrid Aloja defiende una nueva normativa que reconozca la actividad de los pisos turísticos que ya están operativos en la ciudad (unos 10.000, según la asociación; 14.000, según la estimación de un estudio experimental del Instituto Nacional de Estadística) y establecer un número máximo de nuevas viviendas de uso turístico, así como fijar que en cada edificio no pueda haber más de un 40% de pisos dedicados al alquiler turístico.

“Hay ya una oferta de alquiler turístico consolidada que no tiene sentido que se la cargue un gobierno que se dice liberal. Las viviendas de uso turístico que ya lo son tienen derechos adquiridos. Lo veremos en los tribunales”, dice Merás, anticipando una eventual batalla legal si el Ayuntamiento mantiene su intención de aprobar su plan urbanístico en los términos anunciados.

Madrid Aloja asegura defender un endurecimiento de la regulación sobre ruidos y sobre seguridad en los pisos turísticos, entre otros aspectos para evitar molestias a los vecinos, pero rechaza de plano que se establezcan restricciones al alquiler sólo en función de la altura de la planta en que se encuentran las viviendas.