La avalancha de concursos de acreedores prevista por los efectos del coronavirus en la economía española no será tan elevada como se pensaba. El número de insolvencias aumentará en 2021 un 24% respecto a 2019, lo que pone a España líder a nivel mundial, mientras en 2022 se incrementarán otro 26%, según las estimaciones de la consultora Euler Hermes, recogidas por el Consejo General de Economistas (CGE). Pero el número de concursos sigue siendo bajo, con una tasa de 13 de cada 10.000 empresas, frente a la media europea que se sitúa en el entorno de las 52. "La moratoria concursal vigente hasta el 31 de diciembre 2021 ha servido para contener el incremento concursal previsible; aunque no parece que una vez finalizada la moratoria se vaya a producir una acusada avalancha concursal tan elevada como se pensaba", ha explicado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, durante la presentación del Atlas Concursal 2021.

En 2020 se produjo una disminución del 3,3% en el número de concursos de empresas con respecto a 2019 (4.630 en 2020 y 4.789 en 2019), que en el caso de los autónomos, micropymes y pequeñas empresas (la mayoría del tejido empresarial español) el decrecimiento fue del 4% respecto de 2019 (de 4.154 en 2019 a 4.008 en 2020). Por ello, los economistas insisten en potenciar mecanismos que agilicen la salida de la insolvencia para autónomos y microempresas.

Además, también en 2020 se comenzó a consolidar una grave tendencia que se mantendrá durante 2021, a juicio de los economistas, como es el incremento de los concursos exprés, que se abren y cierran en el mismo momento por falta de liquidez de las empresas. "Esto significa que la calidad del concurso está empeorando porque tiene que ver con la liquidación y da un termómetro de cómo está la situación concursal en nuestro país", ha explicado el secretario técnico del REFOR, órgano integrado en el CGE, Alberto Velasco.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial incluidos en el informe, el número total de concursos exprés fue de 1.923 el año pasado frente al total de concursos (4.630), de forma que representan casi un 42%, frente al 28% que suponían en 2017. Por comunidades autónomas, donde más aumentan los concursos exprés respecto de 2019 son Galicia (73%), Comunidad Valenciana (43%), Comunidad de Madrid (20,31%) y Cataluña (2,6%). Otras CCAA experimentan disminuciones como Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Economía sumergida

Por otra parte, los economistas han vuelto a advertir sobre la existencia de una peligrosa economía sumergida concursal al haber muchas empresas que no acuden al concurso para solventar su crisis financiera y optan por el simple cierre y aunque los datos parecen indicar una disminución de esta economía sumergida, las moratorias concursales "pueden estar enmascarando otras realidades", según el CGE. Los pagos del Fogasa, que incluyen la vía legal de las insolvencias (concurso de acreedores) pero también cuando una empresa cierra un negocio, han disminuido de enero a diciembre de 2020 en torno al 8,4% y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores también ha disminuido un 6,6%, con respecto a 2019, al situarse en 1,34.

Según ha explicado Velasco, esa ratio del 1,34 muestra que al menos debería haber un 34% más de concursos de acreedores, pues hay más pagos del FOGASA, que proceden de insolvencias, que concursos de acreedores a través de este mecanismo legal. "Esto es importante de cara a la reforma concursal porque algunas empresas consideran que no les merece la pena entrar en concurso y hay que ver qué medidas se pueden implantar para evitar esto", ha añadido Velasco.

Reforma concursal

Los economistas han reconocido que el anteproyecto de Ley de Reforma Concursal tiene "bastantes flecos que resolver" aunque "tiene buenas cosas". Así, el presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, ha destacado el adelanto en la detección de la probable insolvencia, el fomento de las reestructuraciones, el mayor peso del contenido económico en la gestión de las insolvencias o que las competencias en concursos de personas físicas hayan vuelto a los juzgados de lo mercantil. Pero ha criticado el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas, el paso atrás en los mecanismos de segunda oportunidad, la desregulación de los profesionales de la insolvencia o la falta de un testeo eficaz que garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico.