La escasez de semiconductores, producidos esencialmente en Asia y esenciales en todo tipo de sectores -desde la industria automovilística hasta los teléfonos inteligentes, videojuegos o electrónica- ha llevado a muchas empresas europeas a paralizar su actividad. Con el objetivo de expandir la producción europea -actualmente del 10%- y evitar futuras crisis de suministro, la Comisión Europea lanzó antes del verano una alianza para duplicar su cuota de mercado y alcanzar el 20% en una década. Y la política de competencia también pondrá su granito de arena. La vicepresidenta y responsable de competencia, Margrethe Vestager, ha anunciado este jueves que permitirán a los gobiernos conceder ayudas públicas para producir más chips en la UE e incrementar la producción.
“Vista la situación excepcional en lo que respecta a los semiconductores, su relevancia y la dependencia sobre un número limitado de empresas en un contexto geopolítico desafiante, la Comisión podría contemplar la aprobación de ayudas para cubrir lagunas potenciales en el establecimiento de empresas europeas de primer orden en el ecosistema de semiconductores”, ha anunciado la Comisión. Según el Ejecutivo comunitario, este tipo de subsidios estará sujeto a “fuertes salvaguardas en materia de competencia” de forma que no haya distorsiones de la competencia y los beneficios sean compartidos “sin discriminación en toda la economía”.
“Actualmente, entorno al 10% de la producción mundial de chips está en Europa. Hace cuarenta años era la mitad. Hay empresas en todos los Estados miembros que necesitan chips, todo tipo de chips, y puede estar justificado, bajo condiciones, que lo Estados miembros inviertan más de lo que hacen hoy en día”, ha justificado Vestager en rueda de prensa sobre un elemento crítico para la economía mundial y que la pandemia de coronavirus ha dejado al descubierto.
Países como Estados Unidos ya han anunciado la creación de una ley sobre chips para impulsar la capacidad de producción estadounidense frente a China y la Unión Europea seguirá el mismo camino con una ley europea en 2022, según anunció la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la unión. Aún así, Vestager sostiene que apostar por la autosuficiencia en este terreno es “una ilusión” dada la magnitud de las necesidades y que es necesario apuntalar las alianzas. “Ningún país ni empresas pueden actuar solos pero tampoco podemos depender de un país o empresa. El objetivo debe ser una diversificación entre socios de ideas afines para construir una cadena de suministro resistente y evitar puntos únicos de falla”, ha valorado.
Ayudas públicas
Junto a esta iniciativa, que se enmarca en la revisión de las reglas de la política de competencia demandada desde hace tres años por capitales como París y Berlín, la Comisión Europea también ha anunciado la prórroga del marco temporal sobre ayudas de estado aprobado tras la irrupción de la pandemia para impulsar la recuperación económica. Debía expirar a finales de año y Bruselas ha decidido prorrogar su existencia seis meses más, hasta el 30 de junio de 2022. “Eso prorroga limitada permitirá una supresión gradual y coordinada de las medidas de crisis, sin efectos negativos bruscos”, ha dicho Vestager.
La decisión introduce además dos nuevos Instrumentos para reforzar la recuperación. En primer lugar, medidas de apoyo a la inversión para ayudar a los Estados miembros a abordar el déficit de inversión provocado por la crisis. “Los Estados miembros podrán crear incentivos a la inversión por parte de las empresas y utilizar este instrumento para acelerar la transición ecológica y digital”, sostiene la Comisión. Este tipo de medidas deberán ir dirigidas a un grupo amplio de beneficiarios y sus importes deberán ser limitados. Los Estados miembros podrán recurrir a este mecanismo hasta el 31 de diciembre de 2022.
El segundo instrumento anunciado por Bruselas se basa en medidas de apoyo a la solvencia con el objetivo de movilizar fondos privados. Así, los Estados miembros podrán conceder garantías a intermediarios privados que inviertan en pequeñas y medianas empresas. Bruselas considera esta iniciativa especialmente importante dado los “crecientes niveles de endeudamiento” de las empresas durante la pandemia. Los gobiernos podrán utilizar este instrumento hasta el 31 de diciembre de 2023.
