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Bruselas desoye a la pesca y rechaza que el fin del gasóleo bonificado sea una amenaza

Marineros pertrechan un barco de cerco en A Illa, Vigo.

Bruselas avanza con paso firme hacia la subida de precios del gasóleo que utilizan los buques de pesca mediante la imposición de un gravamen “mínimo” que entrará en vigor en 2023. La propuesta de revisión de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía (DFE), avanzada por Faro de Vigo en septiembre, está en fase de recepción de comentarios. Cualquier ciudadano europeo puede remitir su opinión sobre ella, después de que organizaciones empresariales, entidades públicas o medioambientales hubiesen hecho lo propio a lo largo de los últimos meses. El 18 de este mes se cerrará ese buzón, y la Comisión Europea resumirá estas opiniones y las trasladará al Consejo y al Parlamento para “alimentar el debate legislativo”. Lo que no implica, dados los documentos que arman esta directiva, que vaya a mudar el espíritu de la propuesta. Entre esos informes figura una “evaluación de impacto” de estas medidas; a juicio de Bruselas, que la flota tenga que empezar a pagar tres euros en impuestos por cada cien litros de combustible “no tendrá repercusiones específicas para las pymes ni para la competitividad de la industria de la UE”. A pesar de que, según el último estudio de una institución de la propia Comisión Europea –la Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), con fecha de 2020–, “la rentabilidad de la flota se redujo un 23% por las menores capturas y la subida del precio del petróleo”.

Un informe de la propia Comisión Europea asume el impacto del precio del gasoil, que ahora niega

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“¿Habrá repercusiones significativas?”, continúa el informe de impacto sobre la nueva directiva. “No”. Y lo adereza con párrafos como este: “Una abrumadora mayoría de todas las categorías de participantes en la consulta se mostró a favor de una revisión de la DFE con la que se incentivase el uso de las fuentes de energía alternativas que apoyen la transición hacia la neutralidad climática”. O este otro: “La amplia mayoría de los ciudadanos y los representantes de la sociedad civil manifestaron su apoyo a la supresión tanto del tratamiento fiscal preferente para sectores específicos de actividad como de la distinción entre uso comercial y no comercial”. La pesca, como la agricultura, es uno de los sectores que, hasta ahora, estaba exento de tributación para el abastecimiento de combustible. El documento completo de la DFE, de 312 páginas, no establece ningún mecanismo de compensación para la flota, a pesar de que el propio vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovkis haya admitido que esta medida “dejaría a los pequeños pescadores en una peor situación”. Nueve de cada diez barcos de la flota gallega, más de 3.800, son de artes menores.

Cepesca: “Pondrá en riesgo nuestra soberanía alimentaria”

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Para la Confederación Española de Pesca (Cepesca), el gravamen a los carburantes supondría una grave desestructuración del “frágil” equilibrio de su actividad. Lo advirtió ayer su presidente, Juan Manuel Liria, para quien una medida así podría en riesgo la soberanía alimentaria de España y Europa, frente a intereses como los de Asia, “actualmente inmersa en una guerra abierta y desleal para acaparar con sus flotas, en muchos casos ilegales, los recursos marinos”. A su juicio, el fin del gasóleo bonificado impactaría en la viabilidad de las empresas pesqueras al suponer el combustible, por término medio, un 40% de los costes de su actividad, “ya de por sí con unos márgenes realmente ajustados”.

La oferta de gasoil más barato en otros puertos no comunitarios, cree Cepesca, provocará que las flotas dejen de operar en los puertos españoles y comunitarios frente a terceros, lo que induciría desabastecimiento de materias primas y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria de la que actualmente disponemos, tal como es el caso español gracias a la cobertura de nuestras flotas. A ello “habría que sumar la pérdida de miles de puestos de trabajo ya que los puertos alternativos acapararían todos los activos generados por la actividad pesquera, tales como centros de almacenamiento frigorífico, plantas de procesado y gran parte de la cadena de valor”.

Para Bruselas, el camino pasa por readaptar la flota hacia sistemas de propulsión menos contaminantes, a pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OCM) considera que también deben ser prohibidas las ayudas para la modernización de los barcos, así como para la compra de hielo o carnada.

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