El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reclama a las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña más de veinte millones de euros que había concedido la administración pública a las instalaciones alumineras –actualmente, Alu Ibérica– entre 2017 y el pasado año 2020, esto es, la reclamación va contra la gestión realizada por Alcoa, Parter y Riesgo. Para ello inició este pasado mes de mayo –cuando las dos factorías estaban bajo control de Víctor Rubén Domenech y su socia, Alexandra Camacho; ambos están procesados por la Audiencia Nacional– sendos procedimientos administrativos de reintegro del dinero concedido.
La reclamación mayor corresponde al período iniciado el 1 de mayo de 2019: 6,1 millones en la fábrica de San Balandrán y 6,3 en la de A Grela, en La Coruña. Menos de un mes después de que Grupo Industrial Riesgo se hubiera hecho con las fábricas adquiriendo la mayoría de las acciones al fondo suizo Parter Capital que, a su vez, las había comprado a Alcoa unos meses antes, el Ministerio concedió poco más de 300.000 euros.
Estas subvenciones concedidas por el Estado son el mecanismo de compensación de costes de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. La razón de la reclamación es, explica le administrador judicial de las dos fábricas, el coruñés Ramón Juega, “por no haber cumplido la obligación de mantenimiento de la actividad”. Cabe destacar que esta circunstancia se ha agravado desde la puesta en marcha del procedimiento de tal modo que las instalaciones fabriles dejaron de fundir aluminio de manera absoluta el pasado 8 de julio.
Grupo Industrial Riesgo, la entidad comercial que dirigen Domenech y Camacho, recurrieron las resoluciones del Ministerio de Industria. Sin embargo, el administrador judicial de las dos fábricas de Alu Ibérica considera fundamental aprovisionar las arcas de las dos empresas con la cantidad reclamada, un roto más en la colección de ellos desde la llegada de Domenech a la gerencia de las plantas. Esto es lo que está siendo investigado por la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia, la jueza María Tardón.
Gases invernadero
En paralelo a la reclamación del Ministerio de Industria, el delegado judicial detectó la venta reciente (entre marzo y junio, de este año) de los derechos para emitir CO2. Esta venta le ha proporcionado a las dos fábricas casi nueve millones de euros. La última venta se hizo el 26 de junio pasado, tras el paso de los interventores por las fábricas, tras la emisión por su parte del informe que recomendaba a la magistrada el nombramiento de un administrador judicial.
La venta de los derechos de emisión de gases invernadero han dejado a las dos instalaciones paradas en la práctica hasta la próxima primavera, de ahí el ERTE que aceptaron los trabajadores la semana pasada.
