Las grandes eléctricas dan por seguro de que la nueva norma aprobada por el Gobierno esta semana para ‘aclarar’ su última reforma energética es en realidad la llave para librarse de los recortes millonarios que iban a tener que afrontar. “Con los cambios aprobados ahora, el impacto va a desaparecer”, sentencian fuentes del sector eléctrico.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, les exige demostrar que en sus contratos a largo plazo no están obteniendo beneficios extraordinarios injustificados repercutiendo la actual desorbitada subida del precio de la electricidad, pero las compañías dan por hecho que lo acreditarán mostrando sus contratos y que del golpe millonario en sus cuentas que temían se va a diluir sustancialmente.

El Gobierno cifró inicialmente en 2.600 millones en seis meses el importe total de lo que tendrían que devolver las eléctricas por los beneficios extraordinarios obtenidos en plena espiral de subidas de precio. Las compañías energéticas, en cambio, sostenían que los recortes iban a ascender a más de 5.500 millones de euros por el precio disparado del gas y de la electricidad. Tras los cambios normativos, ni Gobierno ni compañías ofrecen cifras sobre cuál es ahora la cifra estimada, pero desde el sector se augura que el impacto será muy menor.

Las grandes eléctricas acumulan dos sesiones al alza en bolsa tras la revisión de la reforma eléctrica y ya se han revalorizado conjuntamente más de 4.000 millones de euros tras subidas diarias en el entorno del 2%. Iberdrola acumula en dos días un aumento de su capitalización de 2.596 millones más, hasta los 63.979 millones. Endesa ahora vale 842 millones más tras las nuevas medidas, hasta rozar los 21.000 millones. Y Naturgy, con mucho la menos afectada por las medidas de las tres, también se ha apuntado 611 millones en bolsa, hasta los 21.884 millones de capitalización.

De las presiones al aplauso

Tras semanas de presiones y de choque frontal entre las eléctricas y el Gobierno, ahora las compañías aplauden el nuevo decreto-ley aprobado que aclara cómo librarse de los recortes y retiran sus amenazas de repercutir de manera masiva el impacto de las medidas en los contratos de sus clientes y de paralizar algunas inversiones en España.

“Ahora la situación es mucho más clara, así que los planes [de inversión] no se modifican y seguiremos en la misma línea que teníamos”, sentenció el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un encuentro con analistas, “Las medidas anteriores crearon preocupación en los inversores, y nosotros teníamos obligación de revisar” las inversiones, subrayó Galán, constatando la “mejora del contexto regulatorio” y anticipado mayor “estabilidad y predictibilidad”.

El cambio de discurso de Iberdrola es total. Hace apenas una semana, la compañía renunciaba a participar en la subasta de nueva potencia renovable del Gobierno y lo achacaba a la “incertidumbre regulatoria, que nos ha hecho replantearnos nuestras inversiones en renovables en el país”. Ahora el grupo garantiza sus inversiones en España y su interés en seguir creciendo en el país.

“Las medidas adicionales aprobadas por el Gobierno introducen racionalidad”, subrayó ayer el consejero delegado de Endesa, José Bogas. “Endesa tiene toda su generación propia de base vendida a plazo a sus clientes a precios inferiores a los del pool [el mercado mayorista eléctrico], tal y como ya hemos certificado”, apuntó. Y ésta es la clave para que las grandes eléctricas den por hecho que van a poder evitar el golpe millonario en sus resultados.

Según las cifras que maneja el sector eléctrico, aproximadamente tres cuartas partes del total de la demanda eléctrica en España (el 76%) se suministra mediante contratos a precio fijo: 190 terawatios hora (TWh) de la demanda total del país de 250 TWh no repercutiría de ninguna manera la actual subida del mercado mayorista, argumentan las compañías. Y dentro de esa energía con contratos bilaterales se encontraría prácticamente toda la electricidad producida por nucleares e hidroeléctricas y una parte de las renovables, por lo que quedarían fuera de los recortes cuando presenten los contratos que lo demuestren.

Desde el sector eléctrico se anticipa que en las primeras minoraciones que Red Eléctrica -operador del sistema eléctrico- efectuará cada mes puede que haya cierto impacto regulatorio y las compañías tengan que devolver una parte menor de los ingresos por algunos contratos con la industria que aún están indexados a la evolución del mercado mayorista. Pero las eléctricas dan por hecho que esos contratos se acabarán reconvirtiendo a acuerdos con precio estable precisamente para sortear el impacto de los recortes por ambas partes.

La reforma de la reforma

Tras el real decreto-ley aprobado esta semana, las compañías podrán sortear los recortes en sus ingresos si demuestran -mostrando sus contratos- que venden la electricidad que producen con nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables a precios estables y muy inferiores a los actuales niveles desorbitados del mercado mayorista de la electricidad. Y en las últimas semanas Iberdrola y Endesalas más afectadas por la regulación, han venido sosteniendo que toda su producción en España está vendida a plazo y a precios fijos.

La exención de los recortes se aplicaría tanto a los contratos a largo plazo y con precios fijos previos a la anterior reforma (aprobada el 14 de septiembre pasado) y también a los acuerdos que se amplíen o prorroguen con precios fijos y con vigencia de al menos un año. Las eléctricas ya habían remitido cartas a sus grandes clientes anunciándoles la necesidad de revisar las condiciones de sus contratos para adaptarlos a la nueva regulación y los altos precios o directamente rescindirlos. El Gobierno cree que con el nuevo decreto se incentiva a las compañías energéticas a mantener sin cambios los acuerdos con sus clientes industriales.

El Gobierno ha claudicado y ha acabado incluyendo en la norma una de las grandes reclamaciones de las eléctricas: que también puedan quedar exentos de los recortes los contratos de venta entre empresas de su mismo grupo. Iberdrola y Endesa aseguran que toda o casi toda su producción eléctrica en España la venden a sus propias comercializadoras para suministrarla a los clientes finales y lo hacen a precios muy por debajo de los del mercado mayorista. Si el Ejecutivo hubiese dejado fuera de las exenciones a los contratos intragrupo, como inicialmente se pretendía, los recortes millonarios se habrían mantenido.

Exigencias de Podemos

Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, no oculta sus dudas sobre la efectividad de las medidas para amortiguar la subida del recibo de la luz y para proteger a la industria del encarecimiento de la energía si los recortes a los denominados “beneficios caídos del cielo” se acaban diluyendo con el nuevo real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

La formación morada, que en las últimas semanas ha reclamado firmeza para no suavizar los recortes a las eléctricas, considera que con la nueva norma no queda claro qué se consideran precios razonables que sirvan para quedar exentos de la minoración de ingresos. Por eso, pretende exigir que se fije como baremo claro un precio máximo de 60 euros por megavatio hora (MWh) a partir del cual las compañías eléctricas tengan que devolver lo que cobren de más en sus contratos a largo plazo (en las últimas semanas el mercado mayorista se ha mantenido de manera permanente por encima de los 200 euros por MWh).

Desde Unidas Podemos se advierte de que durante las próximas semanas se analizará el efecto de las nuevas medidas y su intención es reclamar que la norma se tramite como proyecto de ley en el Congreso para poder introducir cambios en caso de ser necesario si se comprueba su falta de efectividad. “Si no se recortan los beneficios caídos del cielo la luz va a seguir subiendo”, se quejan fuentes de la formación. “Vamos a estar expectantes”.