El Gobierno ampliará la cobertura de las ayudas a los consumidores vulnerables al elevar la subvención del bono social eléctrico entre el 60% y el 70% y del bono social térmico, que ayuda a pagar la calefacción de los hogares vulnerables, al incrementar la cantidad mínima a cobrar de 25 a 35 euros, según ha anunciado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estas ayudas se pondrán en marcha hasta el próximo 31 de marzo.

En la actualidad, hay cerca de 1,19 millones de consumidores acogidos al bono social que reciben un descuento en la factura de la electricidad de entre el 25% (consumidores vulnerable) y el 40% (vulnerables severos) que ahora se elevará a entre el 60% y el 70%. Estos usuarios tienen que estar sujetos a la tarifa regulada de la luz (PVPC) que es la que está indexada a la evolución del mercado mayorista y, por tanto, son los que están más expuestos a las subidas disparatadas del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Por otra parte, los usuarios del bono social (eléctrico) reciben, a su vez, de forma automática el denominado bono social térmico que compensa los gastos de los usuarios por la calefacción y el agua caliente o la cocina en los meses de invierno (entre diciembre y marzo). Esta ayuda, creada por Ribera en otoño de 2018 ante una escalada de precio muy inferior a la actual, supone un ingreso directo de entre 25 y 123,94 euros. El Gobierno ha duplicado el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021, con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones, de forma que incrementa el mínimo a recibir de 25 a 35 euros.

Estas medidas se incluyen dentro del real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que, como adelantó El Periódico de Cataluña, aliviará el recorte a las empresas eléctricas por el alza de los precios del gas, convalidado hace dos semanas por el Congreso de los Diputados. En este sentido, la nueva norma aclara que la minoración de ingresos no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes del 16 de septiembre (cuando se aprobó el recorte) o cuando tenga una cobertura superior a un año si se firma posteriormente. "Si hay una parte de la energía del contrato que se vende indexada al mercado, en esa parte corresponderá la minoración de forma proporcional", ha explicado Ribera.

Transparencia de las eléctricas

Por otra parte, el Gobierno quiere dotar de más transparencia y supervisión a la formación de precios del mercado. Por ello, en el real decreto ley se incluyen nuevas obligaciones de supervisión para que los operadores trasladen "con mayor precisión" el comportamiento de generadores y comercializadores a la factura final. Las compañías eléctricas tendrán que exponer al supervisor la letra pequeña de sus contratos intragrupo (entre su filial de generación y de comercialización) para ver "de qué manera trasladan los costes a los precios" y "cómo se reparte cada uno de los eslabones que marca precio", así como la cobertura financiera de esos contratos.

Además, también se refuerzan los mecanismos de transparencia al obligar a las compañías que pongan a disponibilidad del público, a través de la CNMC, todas las ofertas de las compañías eléctricas. Además, se les obligará a las eléctricas a informar de todas las condiciones de los contratos a los clientes finales y a comunicar con al menos "un mes de antelación" cualquier cambio o modificación de estas cláusulas, como ocurre con las compañías de telecomunicaciones. Hasta ahora, las comercializadoras podían informar después de haber acometido la modificación, no más tarde de un período de facturación.