Una nueva ayuda llamada a convertirse en el siguiente nivel de protección para las familias en situación de pobreza está a punto de nacer: según ha podido saber El Periódico de España, su nombre es Complemento de Ayuda a la Infancia, consistirá en un pago fijo mensual por hijo (la cuantía se conocerá en las próximas horas), y su misión es cubrir el terreno de nadie que ahora se extiende entre las situaciones de pobreza severa, a las que se orienta el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y las ayudas por descendiente que reciben todos aquellos que ganan lo suficiente como para hacer la declaración de la renta. Los últimos cálculos de Seguridad Social sitúan en esa franja a unas 600.000 familias.

El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAI) se convertirá así en la primera pieza de un nuevo sistema integrado de protección social que tiene el objetivo de cubrir las situaciones de necesidad con prestaciones y rentas que se complementen entre sí. Es un sistema, además, que está comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, en concreto como parte de la reforma 5 del Componente 22: allí se dice que se acometerá “una progresiva reorganización del conjunto de prestaciones estatales de naturaleza no contributiva” diseñando un nuevo modelo de inclusión que tome como base el IMV “evitando solapamientos y procurando la complementariedad, de modo que la ciudadanía no sufra lagunas de protección”.

Las dos claves de la ayuda son por ello los requisitos de renta para recibirla y su cuantía. En el documento que ha servido de base para la negociación (elaborado por el ministerio de Inclusión e incorporado a la tramitación del proyecto de ley del IMV como una enmienda del PSOE) se dice que podrán acogerse al CAI los hogares con menores cuyos ingresos lleguen hasta el doble de los exigidos para acceder al IMV, y definía su cuantía en 50 euros por hijo al mes, pero fuentes del Gobierno señalan que esos umbrales serán más altos a consecuencia de un acuerdo alcanzado en las últimas horas en el seno del ejecutivo entre Seguridad Social y Agenda 2030, y que se dará a conocer en las próximas horas.

El CAI supondrá en la práctica la reposición y mejora de la Prestación Familiar por hijo a cargo, una ayuda que el IMV está llamada a absorber pero que buena parte de los grupos de la oposición quería mantener. La nueva ayuda sería por tanto más generosa que la Prestación Familiar, que aportaba sólo 28 euros al mes por hijo, y alcanzaría a más situaciones de necesidad: al menos a unas 600.000 familias (260.000 hogares con hijos que están cobrando el IMV o que accederán a él en los próximos meses y que recibirán también el nuevo complemento, y unos 350.000 hogares procedentes de la Prestación Familiar por hijo a cargo, según las estimaciones preliminares de Seguridad Social). Como esta ayuda se ha cerrado en el marco de los Presupuestos pero se aprobará en la ley del Ingreso Mínimo Vital, actualmente en tramitación parlamentaria, está previsto que reciba la luz verde del Congreso antes de final de año.

Reforma del IMV

La CAI es el aspecto más novedoso de la tramitación como proyecto de ley de la norma por la que se aprobó hace año y medio el IMV; el paso por las Cortes permitirá adoptar medidas para retocar esta ayuda que favorezcan su extensión. Los últimos datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que, en septiembre, el IMV alcanzaba a casi 337.000 hogares, con cerca de 800.000 beneficiarios; unos números que todavía están muy lejos de las estimaciones iniciales: cuando se aprobó el IMV en mayo de 2020, el objetivo para cuando la nueva prestación estuviese completamente desplegada contemplaba más de 800.000 hogares y 2,3 millones de beneficiarios totales.

Desde el ministerio admiten que la previsión inicial, basada en cruces de bases de datos (las del Instituto Nacional de Estadística, las de la Agencia Tributaria y las propias de Seguridad Social) podrían no cumplirse, al menos en el corto plazo: el horizonte ahora es alcanzar los 600.000 hogares a finales de la legislatura, cuentan a El Periódico de España. Como más del 60% de las peticiones rechazadas lo son porque los solicitantes superan los umbrales de renta y patrimonio fijados para obtener la ayuda (que oscilan entre los 496,93 y los 1.033,85 euros al mes, según el tamaño de la unidad de convivencia, para las rentas, y unos límites de patrimonio entre los 16.917,60 y los 43.985,76 euros, de nuevo según el tamaño de la familia), parte de la solución para llegar a más personas estaría en incrementar esos umbrales. Además, el ministerio ha detectado que hay potenciales beneficiarios que cumplirían los requisitos actuales y sin embargo no solicitan la ayuda; para averiguar los motivos exactos, esperan los resultados de una encuesta entre los posibles solicitantes que han diseñado específicamente para detectar esas razones.

¿Cómo mejorar el Ingreso Mínimo Vital? Las recetas del Tercer Sector

Tanto el ministerio de Inclusión como los grupos parlamentarios han recabado la opinión de las ONG y fundaciones que trabajan con las personas en situación de pobreza y exclusión para mejorar en el trámite parlamentario el Ingreso Mínimo Vital (IMV); de hecho, algunas de sus sugerencias ya se han incorporado a la norma vía Real Decreto-Ley. 

Buena parte de las principales dificultades para que el IMV llegue a personas que lo necesitan, según el análisis de organizaciones como Hogar Sí o la Fundación Secretariado Gitano, tienen que ver con los límites de renta o patrimonio (hay algún caso, por ejemplo, en los que herencias pendientes de reparto y que por tanto no se pueden disfrutar han impedido el acceso a la ayuda a potenciales beneficiarios). También la residencia legal en España, o las exigencias de empadronamiento (que se han suavizado en los últimos meses) dificultan el acceso a personas en situaciones de exclusión. El lenguaje administrativo complica asimismo el cumplimiento de los requisitos cuando el potencial beneficiario no tiene claro exactamente qué trámite o documentación le están pidiendo. Por último, la tramitación telemática de las ayudas es difícil para las personas que no tienen el equipo necesario (ordenador, correo electrónico o teléfono móvil) para hacer la solicitud o para estar pendiente de las peticiones de la administración, que a veces requieren plazos de respuesta cortos. 

Precisamente, para salvar con carácter provisional alguna de estas dificultades, se espera que en los próximos días el Gobierno apruebe el Registro de entidades del Tercer Sector que abrirá las puertas a que las ONG y las Fundaciones más importantes entre las que atienden a los colectivos en exclusión social puedan actuar como colaboradores de la administración para certificar la existencia de situaciones que permiten el acceso al IMV y que resultarían difíciles de acreditar por los cauces administrativos habituales.