Hay fumata blanca. PSOE y Unidas Podemos cerraron este martes por la mañana un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y para la ley de vivienda, según confirmaron fuentes oficiales de la Moncloa, quienes indicaron que el Gobierno informará próximamente del consenso alcanzado en torno a los dos proyectos de ley. En cualquier caso, el texto de las cuentas para el año próximo no se aprobó en el Consejo de Ministros de este 5 de octubre. El Gabinete, señalaron fuentes de Hacienda, lo validará oficialmente, para su remisión al Congreso, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el próximo jueves, 7 de octubre. Así, los PGE estarán listos antes del arranque del 40º Congreso del PSOE, el 15 de octubre en Valencia, el tope máximo que se había fijado Pedro Sánchez.

El acuerdo se cerró en la mañana de este martes entre todos los ministros implicados y el presidente minutos antes del arranque formal del Consejo de Ministros, precisaron a este diario fuentes de la Moncloa. El entendimiento llega tras semanas de discusión interna dentro del Gobierno, y después de que en los últimos días se redoblaran los contactos entre los dos socios y aumentara la tensión en torno a la ley de vivienda, que ha sido el auténtico obstáculo de las negociaciones. Ya lo fue en las de las cuentas de 2021, solo que en aquel momento el desencuentro se saldó con un compromiso a futuro de regulación de los alquileres. Compromiso que, casi un año después, seguía sin cumplirse. No había llegado a cuajar el consenso entre Unidas Podemos, para quienes esta cuestión era una materia muy sensible, y el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Para las conversaciones en torno a las cuentas de 2022, los morados habían condicionado su plácet al proyecto de ley al desbloqueo de la normativa de vivienda. Y quienes llevaron las riendas de las negociaciones esta vez fueron el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, hombre fuerte del presidente, y Ione Belarra, líder de Podemos y titular de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ambos ya se encargaron en 2019 de cerrar el programa del Ejecutivo de coalición.

Los morados sí han confirmado que el texto recogerá una bajada de los precios del alquiler, como ellos querían. En concreto, para los grandes tenedores (propietarios de más de 10 viviendas), se regularán los precios para "bajar por ley" los arrendamientos en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y se les retirarán los "privilegios fiscales". Para los pequeños propietarios, se aplicará una congelación de precios y se les darán incentivos fiscales para bajarlos.

Se reservará el 30% de todas las promociones para vivienda protegida y se podrán gravar los inmuebles vacíos con un recargo del IBI del 150%

Además, se apuesta por el parque público de alquiler, "con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30%, la mitad para alquiler social)", y se gravarán las viviendas vacías, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos.

El presidente, que tras el Consejo de Ministros marchó a Sevilla para participar en un foro municipal, se reservó uno de los principales anuncios en relación con la “primera ley estatal de vivienda en la historia de la democracia española”. Los PGE incluirán un plan especial para dar respuesta a la demanda de “emancipación” que tienen las nuevas generaciones: se creará un bono joven de vivienda, dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas del trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, añadió, este bono “podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor”. “Vamos a hacer una política pública destinada a reducir la edad de emancipación tan insoportablemente alta hasta alcanzar la media europea, de 26 años, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con el apoyo de la Administración General del Estado”, defendió Sánchez, hilando con su objetivo de una recuperación “justa” en esta salida de la pandemia.

Además, según el jefe del Ejecutivo, en los PGE de 2022 se destinará, en materia de vivienda, se destinarán 2.250 milones de euros, un 373% más que en los vigentes. Se fomentará la movilidad sostenible y se promoverá una ley de calidad de la arquitectura.

Hacienda se declaraba lista para llevar los PGE al Consejo de Ministros en cuanto se atara el acuerdo político, porque realmente la ley de vivienda es una cuestión que trasciende las cuentas del Estado. Es otra norma paralela. Los morados sí que habían exigido también que se incluyera, en este caso dentro del proyecto de Presupuestos, la fijación del mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Un punto que comparten los socialistas y que de hecho defenderá Pedro Sánchez en la cumbre del G20 de finales de mes en Roma, una vez que se ha alcanzado un consenso internacional. El presidente abrió la puerta a integrar esa demanda de Unidas Podemos en los PGE de 2022, pero no hay confirmación todavía de que el texto lo recogerá. Era una baza de la negociación.

El anuncio oficial del acuerdo por parte de la Moncloa, a las 10.48 de este martes, cogió por sorpresa a un miembro de la delegación morada. A Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía del partido. A las 10.55, estaba en medio de una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE y aseguraba que no había pacto, hasta donde él sabía.

Con el anuncio de este martes, Sánchez cumple el objetivo que se había marcado. Había asegurado que los PGE se presentarían en el Congreso "en tiempo y forma", entre finales de septiembre y principios de octubre. No obstante, aún falta por conocer la fecha definitiva de aprobación por el Consejo de Ministros. El presidente podrá exhibir el proyecto de ley en el 40º Congreso del PSOE, y también podrá remitir el plan presupuestario a Bruselas antes del 15 de octubre. Sin embargo, la Constitución impone, en su artículo 134, que las cuentas del Estado para el año siguiente se remitan a la Cámara baja tres meses antes de la expiración de las anteriores. O sea, antes del 30 de septiembre, de modo que sí hay un pequeño incumplimiento del precepto constitucional. El año pasado, el acuerdo entre los socios se firmó el 27 de octubre, pero se aceleraron los trámites en el Parlamento, a fin de que los PGE quedaran aprobados antes del 31 de diciembre, y se logró. Pero en esta ocasión el PSOE no quería apurar tanto los plazos.