La dirección de Cotronic, filial de ACS y propiedad de Florentino Pérez, ha llevado a los tribunales a sus instaladores de fibra de Catalunya por huelga ilegal. Y por ello les pide 90.000 euros, como compensación por las pérdidas económicas derivadas de realizar una jornada de paro en el último día de cada mes. De momento los instaladores llevan cinco meses con estas protestas. La plantilla justifica que la huelga es para reivindicar el mantenimiento de las condiciones laborales ganadas en un anterior conflicto, en el 2018; según han manifestado en un comunicado vía el bufete de abogados Col·lectiu Ronda. El juicio donde deberá dirimirse la cuestión está teniendo lugar durante la mañana de este martes en Sabadell.

Cotronic considera que la huelga es ilegal ya que entiende que es una respuesta en solidaridad al despido de siete trabajadores de la antigua gestora del servicio, que no fueron subrogados hace cuatro años cuando el servicio cambió de titularidad. El comité de huelga defiende que el motivo formal de los paros es otro -en tanto que las huelgas de solidaridad están prohibidas en el ordenamiento jurídico español- y es la voluntad de prorrogar las condiciones laborales pactadas en el 2018 y que vencieron en el 2020. La empresa se niega a prorrogar dichas condiciones, según alegan desde el Col·lectiu Ronda.

Además, los trabajadores también protestan contra el régimen sancionador que les impone la empresa. Ya que, según arguyen, les obliga a trabajar en condiciones no seguras, sin el equipo adecuado y les sanciona si deciden interrumpir el servicio ante los riesgos. Tal como sucedió, siempre según la versión de los denunciados, el año pasado durante el temporal Gloria y que se saldó con sanciones de entre 10 y 15 días de suspensión de empleo y sueldo a 80 integrantes de la plantilla.

Los instaladores de Cotronic en Cataluña fueron uno de los colectivos que formó parte de la denominada popularmente como "rebelión de las escaleras"; un movimiento de protesta que agrupó en el 2015 a diferentes colectivos para protestar contra las condiciones de subcontratación en las que operaban varias empresas del sector de las telecomunicaciones.

Este 2021 está siendo un año de menor conflictividad laboral en Cataluña si se compara con ejercicios anteriores. En los cinco primeros meses del año, según los últimos datos del Departament de Treball de la Generalitat, han tenido lugar 39 huelgas en las que han participado 59.054 trabajadores y que han derivado en una pérdida de 617.412 horas laborales; un número sensiblemente inferior a las 900.644 horas perdidas en el mismo periodo del año anterior. Año en el que el bajón económico y productivo fue notable debido al confinamiento y demás restricciones sanitarias para contener la pandemia.