El recibo de la luz promedio de los consumidores de la tarifa regulada PVPC deberá bajar en unos 11,3 euros en cada uno de los últimos tres meses del ejercicio para que el Gobierno cumpla el "compromiso" de su presidente de que la factura sea este año "semejante" a la de 2018 una vez descontado el incremento de la inflación desde entonces. Dicho descenso en octubre, noviembre y diciembre implicaría una rebaja de en torno al 20% respecto al recibo medio de enero a septiembre calculado según las proyecciones actuales para todo el 2021, que reflejan la escalada sin precedentes del precio mayorista de la electricidad de este verano, y a falta de conocer el impacto de las medidas "inminentes" que prepara el Ejecutivo.
Hace una semana, la vicepresidenta Teresa Ribera apuntó que, de mantenerse los actuales precios récord del mercado mayorista (como adelantan los mercados que anticipan su evolución futura), el consumidor promedio de la tarifa regulada pagaría 644 euros por la electricidad en el conjunto de 2021 (53,6 euros al mes de media). En 2018, el año que el Gobierno ha tomado de referencia con el argumento de que fue cuando Pedro Sánchez llegó al poder, fueron 598 euros, es decir, 46 euros menos.
La inflación desde diciembre de 2018 hasta julio de 2021 fue del 2%. Aplicando dicha tasa a la factura de 2018, resulta un incremento de 11,96 euros, hasta los 609,96 euros (50,83 euros al mes). O lo que es lo mismo, 34,04 euros menos que la factura promedio de 2021 estimada por Ribera de no adoptarse medidas. Lograr esa reducción de 34,04 euros en el último trimestre obliga a una rebaja media de 11,3 en los próximos tres meses.
El IPC se situó en agosto en el 3,3% y se prevé que siga a niveles altos en lo que resta del ejercicio. Ello podría reducir algo los 34,04 euros que debe abaratar la factura el Gobierno para cumplir el compromiso de Sánchez. En cualquier caso, no parece que vaya a marcar una gran diferencia. Desde enero hasta julio, los precios han subido un 1,8% y el consenso de los 20 principales servicios de estudios privados del país, elaborado por Funcas, prevé un incremento medio en el año del 1,9%. Es posible que dicha previsión se revise ligeramente al alza en vista de la aceleración de la inflación, pero no hasta el punto de suponer un gran cambio para el objetivo del Ejecutivo.
Referencia conveniente
La elección de 2018 como referencia, en cualquier caso, es beneficiosa para el Gobierno. Es junto a 2015 el año en que el precio medio anual del componente de la energía en la factura regulada ha sido más alto en la serie que el operador del mercado OMIE ofrece desde el 2009 (65,57 euros el megavatio hora, frente a una media en el periodo de 56,5 euros y a unos 68 euros de media entre enero y agosto de este año). De hecho, Ribera se vio obligada a adoptar medidas en octubre de aquel ejercicio, al igual que ahora, para amortiguar el impacto de la subida del precio mayorista en la factura final.
Con todo, si se toma como referencia el recibo medio anual del último año antes de la pandemia (2019: 562 euros), y se le aplica la inflación acumulada desde entonces (1,2%), el plan que prepara el Ejecutivo debería reducir el recibo del último trimestre en unos 13 euros al mes para que los consumidores de la PVPC pagasen lo mismo que entonces. Eso sí, para igualar lo abonado en 2020 (512 euros e inflación del 1,8%), la rebaja en octubre, noviembre y diciembre debería rondar los 40 euros cada mes, si bien la comparación se ve distorsionada porque se trata de un ejercicio con un récord de precios bajos por el desplome de la demanda provocada por la Covid.
Nuevas medidas
En los últimos meses, el Gobierno ha aprobado la rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% y la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta final de año. Además, ha llevado al Congreso dos medidas con las que espera abaratar el recibo en torno a un 15% en los próximos años: la creación de un fondo para sacar de la factura en los próximos cinco ejercicios el coste de las primas de las renovables más antiguas y repartirlo entre las empresas energéticas, y el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo de la nuclear y la hidroeléctrica.
Pero ha sido insuficiente ante la escalada del precio mayorista, por lo que el Ejecutivo ha anunciado que ultima un plan "inminente", informa Miguel Ángel Rodríguez. En sendas entrevistas a 'eldiario.es' y a 'Expansión', Ribera ha explicado que analizará con las comunidades autónomas la modificación del impuesto de la electricidad (5,1127%), además de contemplar alargar o convertir en permanentes las rebajas fiscales ya aprobadas. Además, estudia desvincular en lo posible la tarifa regulada del mercado mayorista para ligarla a componentes más estables. En esta línea, prevé agilizar los contratos bilaterales a largo plazo (PPA) y recuperar la figura de las subastas de energía primaria (que obligan a las grandes eléctricas a ofertar una parte de la energía que generan para fomentar la competencia y permite a las pequeñas a pujar por la misma).
El Ministerio de Transición Ecológica también prepara nuevas subastas de renovables; medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas; la extensión del suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables beneficiarios del ingreso mínimo vital; y la fijación de límites en la gestión de los pantanos por parte de las hidroeléctricas.
