El Gobierno ha dado su beneplácito a la opa parcial del fondo australiano IFM sobre Naturgy después de seis meses de espera, según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hoy el Consejo de Ministros ha acordado también a propuesta de la vicepresidenta Nadia Calviño autorizar con condiciones la opa de IFM sobre Naturgy", ha dicho Ribera al final de su exposición de medidas, entre las que destacan la ampliación del 'escudo social'. Desde que se anunció la operación, a finales de enero, y que el fondo australiano pidió la autorización al ministerio de Industria el 25 de febrero, Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha querido dejar claro que quería mantenerse como primer accionista, al pasar del 24,8% del capital al actual 25,997% y con el objetivo de llegar al 29,9% si es necesario, sin superar el 30% que le obligaría a lanzar una opa sobre el 100%.

Fuentes de IFM aseguran que el fondo de pensiones australiano está "satisfecho" con el plácet del Gobierno y "próximamente" se pronunciarán al respecto de la oferta. Ahora, una vez que IFM actualice el folleto de la opa con la autorización condicionada del Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispondrá de entre 20 y 70 días para pronunciarse, según la normativa, aunque puede hacerlo antes. Una vez apruebe la opa, si es el caso, se abrirá un periodo de aceptación en el que el consejo de administración de Naturgy contará con 10 días para emitir un informe sobre el precio y la operación.

La operación está avalada por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y cuenta con el informe favorable con condiciones de la dirección general de Inversiones Exteriores. La ministra Ribera ha defendido que esta operación "es probablemente una señal de confianza de los inversores en la economía española", pero al mismo tiempo el Gobierno "es plenamente consciente de que debe hacerse con todas las garantías y cautelas". "Queremos una inversión estable con vocación de permanencia", ha añadido. Por ello se imponen condiciones a una operación que debía pasar por el Ejecutivo como consecuencia de la regulación aprobada con el estallido de la pandemia, encaminada a evitar que inversores extranjeros se hicieran con el control de empresas estratégicas a precios de saldo por del desplome bursátil provocado por la crisis.

De esta forma, entre las condiciones, la ministra ha indicado que, durante los cinco años siguientes a la fecha de liquidación de la opa, IFM deberá apoyar en el ejercicio de sus derechos de voto en la junta de accionistas o en el consejo de administración la inversión de la compañía "proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en rentabilidad y perfil de riesgo", además del mantenimiento de su domicilio social y la sede efectiva de los negocios en España, así como de "una parte de la plantilla" en este país.

También deberá mantener una política de dividendos "prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética" y una política de endeudamiento externo encaminada a mantener su calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad, así como que las ratios de endeudamiento no sean superiores a lo fijado por la CNMC. También deberá realizar la difusión al mercado de información financiera anual y semestral, así como la difusión del informe de gobierno corporativo y un informe sobre la remuneración del consejo.

Además, no podrá apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las que se incluyen en el plan estratégico 2021-2025 que implique que pierda el control sobre las filiales "que puedan poner en peligro el buen funcionamiento de las actividad de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España", ni tampoco ninguna propuesta de exclusión en las bolsas españolas, salvo algunas excepciones (esta última condición tiene una vigencia de tres años, en vez de cinco como el resto).

De esta forma, el Ejecutivo agota prácticamente el plazo máximo que tenía para analizar la oferta de IFM sobre Naturgy, pues finalizaba el 25 de agosto, después de que la empresa hubiera solicitado su aprobación el 25 de febrero.

La ofensiva de Criteria para reforzarse como primer accionista hizo que durante unos días, previos a la presentación del nuevo plan estratégico de Naturgy, las acciones de la compañía energética cotizaran por encima del precio de la opa. En la actualidad se han situado por debajo. Además de La Caixa que, a través de CaixaBank participa en el crédito sindicado que IFM solicitó para la opa, Naturgy cuenta también con otros dos fondos como socios de referencia, con alrededor del 20% cafa uno. Se trata de CVC, que cuenta con la familia Marca (Corporación Financiera Albal) como socio y GIP. Ambos anunciaron que no venderían en la opa, pero al ser fondos desde muchas instancias se temía buscaran liquidez. De hecho ese fue una de las variables que llevó a La Caixa a pronunciarse públicamente y defender la españolidad de Naturgy, así como su perfil industrial.