Vox ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva norma conocida como ‘Ley Rider’, que en la mañana de este jueves ha sido debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados. No obstante, la norma fue concebida con un periodo de transición inicial y entrará en vigor el 12 de agosto. El partido de ultraderecha considera que esta ley, que ha sido llevada a la cámara como real decreto ley, no reúne los requisitos de urgencia para dicha tramitación y que el Gobierno está vulnerando el derecho al debate político sobre la misma. Así lo ha anunciado el diputado de la formación Juan José Aizcorbe, durante su turno de palabra.

La votación de la nueva 'Ley Rider' ha conseguido más votos favorables que contrarios y el real decreto del Ejecutivo ha sido convalidado. A favor del decreto ley han votado el PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido. No obstante, los diputados también han votado mayoritariamente a que este se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que implica que próximamente los grupos parlamentarios podrán plantear enmiendas que modifiquen el primer texto pactado entre Trabajo, patronal y sindicatos.

La sesión ha tenido lugar en una cámara medio vacía y con broncos momentos durante la sesión parlamentaria. Mientras los diputados debatía, un grupo de repartidores afines a las grandes plataformas se ha manifestado a las puertas de la cámara, contra una norma que entrará en vigor el próximo 12 de agosto y que obligará a firmas como GlovoDeliveroo o UberEats a contratar o subcontratar a sus repartidores.

La cámara parlamentaria deberá votar a favor o en contra de convalidar el texto (de páginas y media) negociado durante seis meses entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. Esta básicamente introduce dos novedades normativas. Por un lado, explicita en el Estatuto de los Trabajadores que los repartidores de las plataformas digitales son asalariados, tal como ya ha dicho el Tribunal Supremo y múltiples tribunales menores. “¿Quiere usted decir que no tenemos que acatar la sentencia del Tribunal Supremo?”, le ha replicado la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, al representante de Vox tras este manifestar su posición contraria a la norma.

La otra novedad es la obligación de todas las empresas a explicar las implicaciones laborales de sus algoritmos en el día a día de los trabajadores. “Las personas tienen derecho a saber quien toma las decisiones que les afectan aunque el jefe se esconda tras un algoritmo”, ha justificado Díaz. Este componente también entrará en vigor el próximo 12 de agosto.

Ruido en la calle y en el Congreso

La sesión parlamentaria ha sido ruidosa, tanto dentro de la cámara como fuera. Centenares de repartidores se han congregado a los pies de los leones del Congreso para protestar contra la norma. Congregados estos por las asociaciones de ‘riders’ afines a las plataformas y partidarias de seguir operando como autónomos. Estos, agrupados bajo el paraguas de la plataforma 'Repartidores Unidos', rechazan el formato de las subcontrataciones, hacia las que están pivotando las firmas del sector y en el que se paga mayoritariamente el salario mínimo y los contratos son de pocas horas a la semana.

La protesta en la calle ha contado con la participación del sindicato de Vox, Solidaridad, que se ha sumado en las últimas semanas y está intentando capitalizar el descontento entre parte del colectivo con la nueva norma.

Dentro de la cámara también ha habido greña, especialmente entre Vox y la vicepresidenta tercera. El diputado Aizcorbe se ha referido a Díaz como una "dama" y esta le ha replicado que, "por la forma de expresarse, tengo la sensación de que estamos en el siglo de oro, no en el XXI".