La dirección de CaixaBank ha trasladado este martes a los representantes de sus trabajadores que tiene la intención de realizar un ere que suponga el recorte de 8.291 puestos de trabajo tras la fusión por absorción de Bankia. El ajuste está por encima de los entre entre 7.000 y 8.000 empleados que se esperaban, afectaría al 16,1% de los 51.384 trabajadores que tenían de forma conjunta CaixaBank y Bankia al cierre de 2020, y será el mayor impulsado nunca por un banco español. Con todo, se trata de una primera propuesta y lo habitual es que el banco la reduzca en el curso de las negociaciones con los sindicatos las próximas semanas. Además, el banco ha planteado el cierre de 1.534 oficinas, un 27% de la red actual de sucursales.

Además, la entidad ha planteado el cierre de 1.534 oficinas, un 27% de su red actual de sucursales, que bajaría hasta las 4.105. Las salidas de empleados se producirían en los servicios centrales (1.148), en empleados que dependen de los servicios centrales pero están ubicados en las direcciones territoriales (463), en las propias direcciones territoriales (250), la red de oficinas (5.742), las filiales (630) y en personas que están en excedencia (58).

El banco ha propuesto cuatro grupos de salidas para el ere en función de la edad a 31 de diciembre de este año. Para los mayores de 63 años, propone 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Para los de entre 58 a 63 años con más de 15 años de antigüedad, una indemnización en pago fraccionado equivalente al 50% del salario pensionable descontando la prestación por desempleo y con pago del convenio con la Seguridad Social. Para los de entre 55 a 58 años con 15 años de antigüedad, 50% del salario regulador con un máximo de dos anualidades. Y para el resto, 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades.

Según los representantes de los trabajadores, el banco ha justificado la necesidad de realizar el ere por la caída de los ingresos, la lenta recuperación del crédito y los tipos de interés bajos con que el Banco Central Europeo (BCE) lleva años tratando de reactivar la economía de la zona euro (son buenos para la actividad, pero malos para la rentabilidad de las entidades financieras). También ha esgrimido, según los sindicatos, que el ratio de eficiencia (relación de ingresos y gastos, peor cuanto más alto) es elevado, lo que aleja a los inversores en bolsa, y que la digitalización está transformando el sector (menor uso de oficinas y mayor de canales remotos).

El banco también ha planteado otras medidas salariales para ahorrar costes. Así, ha anunciado a los sindicatos su intención de eliminar las pagas por defunción de familiares y nacimiento de hijos; la ayuda de hijos, que pasaría a ser un complemento personal; y las pagas especiales de 25 a 35 años.

Razones esgrimidas

Según los representantes de los trabajadores, el banco ha justificado la necesidad de realizar el ere por la caída de los ingresos, la lenta recuperación del crédito y los tipos de interés bajos con que el Banco Central Europeo (BCE) lleva años tratando de reactivar la economía de la zona euro (son buenos para la actividad, pero malos para la rentabilidad de las entidades financieras). También ha esgrimido, según los sindicatos, que el ratio de eficiencia (relación de ingresos y gastos, peor cuanto más alto) es elevado, lo que aleja a los inversores en bolsa, y que la digitalización está transformando el sector (menor uso de oficinas y mayor de canales remotos).

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo considera una mal noticia los planes de CaixaBank, entidad de la que el Estado posee un 16%. "El Gobierno siempre lamenta que cualquier empresa vaya a promover un ere que implica pérdida de puestos de trabajo, cuando se sabe que el Gobierno está en un esfuerzo titánico a través de los ertes para sostener el empleo", ha afirmado tras el Consejo de Ministros. "Dicho esto, habrá que ver las circunstancias concretas que se plantean en ese expediente", ha matizado antes de asegurar que, "en la medida en que (el Gobierno) pueda influir, vamos a minimizar cualquier pérdida de empleo en cualquier sector productivo". Asimismo, ha asegurado que, de no mediar la fusión con Bankia, se hubiera producido un "nivel mayor" de despidos y que "las medidas del Gobierno han sido para minimizar la salida de trabajadores en un el sector financiero".

Amenaza de protestas

Tras completarse la integración hace unas semanas, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, aseguró que su entidad "buscará siempre que sea posible la voluntariedad" pero primará la "meritocracia" en el ere, pues tiene el objetivo de "retener a los mejores". Los sindicatos advirtieron la semana pasada de que no están de acuerdo con ese planteamiento y aseguraron que convocarían movilizaciones y protestas si la dirección, asesorada por el despacho especializado Sagardoy, planteaba un ere duro y no se mostraba flexible en las negociaciones.

Los representantes de los trabajadores también han advertido de que la plantilla en edad de ser prejubilada es "muy justa", con lo que sería conveniente que se ofrezcan condiciones atractivas a las que puedan apuntarse empleados de cualquier edad de forma voluntaria. El nuevo grupo tiene 4.761 empleados de 55 años o más, 1.524 de 54 años, 1.410 de 53 años y 1.459 de 52 años: 9.154 en total, de los que un 30% están en Madrid y un 19% en Barcelona, donde se sitúan las dos principales sedes operativas de la entidad.

Dos fases

Las fusiones tienen la ventaja para las entidades de que permiten recortar costes y mejorar con ello la cuenta de resultados, pero son difíciles de ejecutar. CaixaBank tiene ahora que negociar con los sindicatos el ere que le permitirá lograr los 770 millones de ahorro de gastos anuales previstos en su fusión con Bankia mediante la reducción de miles de empleos y el cierre de cientos de oficinas. Las conversaciones comenzaron la semana pasada con la constitución de la mesa de negociación y el banco quiere culminarlas antes del cierre del segundo trimestre.

Con todo, Gortázar ha asegurado que el ajuste se producirá de una sola vez en lugar de en dos fases (primero las oficinas centrales y luego la red de sucursales, como hizo el Santander tras comprar Popular, por ejemplo). De ser así, el grueso de las salidas debería producirse a finales de este año y comienzos del próximo, ya que la integración de las plataformas tecnológicas necesaria para iniciar el cierre de oficinas está previsto para finales de noviembre o principios de diciembre.

Ajuste sin fin

El ajuste viene a ahondar en la imparable destrucción de empleo en que lleva inmersa la banca desde hace más de una década. Las entidades de depósito españolas recortaron 94.016 puestos de trabajo desde el máximo histórico de plantilla que alcanzaron en 2008 como coletazo de la burbuja inmobiliaria hasta el cierre del 2019, según las últimas cifras oficiales del Banco de España. Es decir, que cerraron el periodo con 176.839 empleados, un 34,7% menos que al inicio de la anterior crisis y el octavo mínimo anual consecutivo desde que el organismo público lo empezó a medir en 1981.

De 2020 no hay cifras oficiales, pero los 12 mayores bancos del país (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Liberbank, Abanca, Ibercaja, KutxaBank y Cajamar, que suponen el 90% del empleo del sector en España) redujeron sus plantillas en otros 2.988 trabajadores el año pasado, con lo que ya se sobrepasarían las 97.000 salidas desde 2008. Solo con las operaciones que hay en marcha, se prepara un recorte adicional de más de 18.000 puestos de trabajo: Santander (3.572), Sabadell (1.800) e Ibercaja (750) ya han pactado los ajustes y a ellos se suman los que preparan CaixaBank (8.291), BBVA (los analistas auguran 3.000, pero los sindicatos temen que pueda plantear más) y la fusión de Unicaja y Liberbank (se prevén entre 1.000 y 2.000).