La Comisión Europea ha presentado este jueves una propuesta para una nueva norma que obligue a las grandes empresas a informar de la brecha salarial que se dé entre sus empleados, si ocurre que hombres y mujeres reciben distinta remuneración por desempeñar las mismas tareas.
Es una de las medidas clave que la vicepresidenta responsable de Justicia en el Ejecutivo comunitario, Vera Jourova, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, han presentado este jueves en una rueda de prensa en Bruselas para explicar los detalles de una nueva directiva para reforzar la transparencia en materia salarial en la Unión Europea.
"Ya hay suficientes pruebas firmes de que necesitamos reglas vinculantes y no solo apoyaros en la responsabilidad social de las compañías porque vemos que eso no lleva a ningún lado", ha dicho Jourova para subrayar que la propuesta de Bruselas apunta a cambios normativos en los Estados miembro.
Por ello, la Comisión quiere que las empresas con más de 250 personas en plantilla deban publicar información sobre las diferencias de remuneración entre empleados en función de su sexo.
Además quiere que tengan que rendir cuentas a sus trabajadores facilitándoles datos sobre la brecha salarial por categorías para ver las diferencias entre sexos en puestos de misma ocupación o trabajo de igual valor.
En el caso de que se constate una "diferencia injustificada" entre hombres y mujeres de al menos un 5 por ciento, Bruselas plantea que el empleador deba reevaluar las retribuciones en colaboración con los representantes de los trabajadores.
Las empresas, no solo las más grandes, tendrán que atender al derecho de la persona empleada a solicitar la información sobre su salario individual y los niveles retributivos medios, desglosados por sexo y categorías de trabajadores de ocupación igual o valor similar.
Otra de las condiciones que introducirá la nueva norma si la aprueban los Veintisiete y el Parlamento europeo será que los empleadores informen del salario inicial u horquilla correspondiente en las ofertas de trabajo y durante los procesos de selección. Por el contrario, no podrán preguntar a las personas que opten al puesto por su historial salarial en empleos anteriores.
Reforzar a la víctima y prever sanciones
El Ejecutivo comunitario quiere además reforzar el poder de las víctimas de discriminación salarial porque a pesar de las esfuerzos de años para tratar de atajar el problema desde la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en los países de la UE sigue existiendo y se sitúa en una media del 14,1 por ciento.
Por ello, Bruselas quiere que las nuevas reglas incluyan sanciones contra los empleadores que reincidentes en infracciones vinculadas a la discriminación salarial y, aunque no define este marco en su propuesta y deja en manos de los Estados miembro definir el baremo precisó, sí plantea que los castigos incluyan multas económicas y se fije un mínimo común.
Sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias" que aunque dependan de los estándares que fije cada Estado miembro sean reflejo de la "gravedad y la duración" de la infracción, la intención o la negligencia grave del empleador o cualquier otra circunstancia, según la propuesta de directiva.
La Comisión deja también claro en su iniciativa que la carga de la prueba debe recaer por defecto en las empresas o empleadores y no en quienes trabajen para ellos, por lo que serán ellos los que deberán demostrar que no han incurrido en discriminación.
Otra de las ideas del equipo comunitario es que quienes hayan sufrido discriminación retributiva por razón de género puedan obtener una indemnización, por ejemplo mediante el reembolso de los atrasos y las primas o los pagos en especie relacionados.
