Iberdrola denuncia a Francia ante Bruselas por blindar ilegalmente a EDF

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que las leyes 2004/83 y 1983/675 permiten establecer una especie de «acción de oro» sobre EDF que la blinda de forma ilegal ante el interés de otras compañías. Esta normativa contraviene, a su juicio, los dos pilares básicos del mercado único europeo: la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, recogidos en los artículos 56 y 43 del Tratado de la Unión Europea.

Según Iberdrola, el Estado francés ostenta, además de su participación mayoritaria, una posición privilegiada en la gestión y administración de la sociedad, ya que nombra directamente, mediante decreto, a seis de los 18 miembros del consejo, así como al presidente y al consejero delegado. Además, señala que un 70 por ciento del capital de EDF no se negocia en Bolsa y que para que el Estado francés pueda vender parte o el total de ese porcentaje debe modificarse la Ley 2004/83.

Estas medidas, según Iberdrola, disuaden a potenciales inversores de otros países ya que no pueden adquirir participaciones significativas.

La eléctrica explica que su denuncia se fundamenta en que cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar ningún interés directo o especifico, puede poner en conocimiento de la Comisión Europea la existencia de normas o medidas estatales contrarias al derecho comunitario. Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la denuncia y que la están estudiando.

La Comisión Europea deberá decidir ahora si admite la denuncia a trámite y, en ese caso, si abre expediente a Francia por incumplimiento del derecho comunitario.

La normativa comunitaria consagra la libertad de movimientos dentro de la UE, pero es neutra sobre la propiedad de las compañías y no hace distinciones entre capital público y privado.

Tras semanas de rumores, el pasado 8 de febrero, EDF reconoció que había mantenido conversaciones con el grupo constructor ACS -que cuenta con el 12,4 por ciento del capital de Iberdrola- para analizar sus intereses comunes en la eléctrica.

Rechazo de la CNE

Por otra parte, os servicios técnicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se inclinan por no reabrir el expediente acerca de la autorización a ACS a adquirir hasta el 24,9% de la eléctrica y a ejercer derechos de voto por encima del 3%, indicaron fuentes del sector.

Esta medida podría suponer un rechazo a la petición de Iberdrola al regulador energético de que imponga de forma provisional limitaciones al poder de voto y al aumento de capital de ACS en la eléctrica, a la vista de la existencia de contactos entre la constructora y EDF acerca de una posible toma de control de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán.

La eléctrica sostiene ante el organismo presidido por María Teresa Costa que la prevalencia del permiso a ACS para ejercer derechos políticos podría vulnerar los límites legales fijados en el artículo 34 del Real Decreto Ley 6/2000.