La UE y el retorno de migrantes

La Comisión Europea considera ineficiente el actual sistema de deportación, principalmente, por el bajo porcentaje de expulsiones efectivas, que ronda el 20% según datos oficiales. Supone un obstáculo que cada estado miembro tenga sus propios procedimientos, alega el Ejecutivo, así que para aumentar esa cifra y «acelerar y simplificar el proceso», el pasado mes de marzo presentó una propuesta que pretende poner en marcha un nuevo sistema común. 

La propia Comisión define este nuevo marco regulatorio como una pieza clave para complementar el Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024. La propuesta todavía tiene que negociarse y aprobarse, pero el Comité Económico y Social Europeo (CESE), un órgano consultivo de la UE, emitió el 17 de septiembre un dictamen en el que detallaba su disconformidad con varios puntos del texto, entre ellos, la posibilidad de crear «centros de retorno» (centros de internamiento mientras dura el procedimiento de deportación) en países extracomunitarios. Naciones Unidas, así como otros organismos internacionales, alertaban también de ese riesgo.

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En España, existen los retornos voluntarios y las expulsiones. Según la ley de extranjería, estas tienen lugar cuando se comete una infracción tipificada como grave o muy grave, que incluye encontrarse en situación irregular. Pero como el resto de miembros de la UE, a pesar de tener sus propios procedimientos, España debe regirse por el marco común de la directiva europea de 2008. Esa directiva es la que la nueva propuesta quiere modificar, creando un reglamento que, por definición, es de aplicación inmediata y afectará a los residentes de todos los países por igual. Según el Eurostat, en el primer trimestre de 2025 España fue el tercer país de la UE con más órdenes de retorno emitidas, solo por detrás de Francia y Alemania. 

Durante 2025, un 44% de los retornos fueron voluntarios, el resto, forzosos, y afectaron en su mayoría a personas de Mali, seguidas de Senegal y Argelia. Según un informe del Consejo de la UE, se trata de países con escasa cooperación en las readmisiones y tasas de retornos efectivos que no superan el 10%.

Para llevar a cabo esas expulsiones, es necesario «que haya un acuerdo con el país dónde irá esa persona, que puede ser el de origen o un tercer país», explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en el laboratorio de ideas Instrategies y participante, como experta externa, en el dictamen del CESE. Ese, detalla, es uno de los principales motivos por los que las cifras de retornos efectivos son bajas: porque los países no siempre están de acuerdo, o si lo están, el proceso puede alargarse mucho.  

Novedades y riesgos

Según el texto de la propuesta, se trataba de una medida tan urgente que para diseñarla «no se llevó a cabo ninguna evaluación de impacto». El dictamen del CESE afirma que, tratándose de un reglamento que afectará a millones de personas, «lo propio habría sido realizar una investigación seria y consultas estructuradas». Pinyol-Jiménez añade que la ausencia de una evaluación «no es habitual ni recomendable». 

Por su parte, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés), emitió en junio un informe que analizaba la propuesta y concluía que el objetivo principal –incrementar el porcentaje de retornos efectivos– no se alcanza con las medidas propuestas. Además, aseguraba que la directiva «conlleva riesgos significativos para los derechos fundamentales». En ese sentido, el dictamen del CESE considera que los centros de retorno «son contrarios al marco jurídico internacional» y que los motivos de internamiento «son excesivamente amplios». 

La ONU se sumaba a esa preocupación y se hacía eco del rechazo de algunos organismos de derechos humanos que argumentan que, además, la nueva propuesta «puede dar pie a violaciones de las garantías fundamentales, incluidas la detención arbitraria». El futuro reglamento amplía los motivos de internamiento y la duración, y se añaden medidas coercitivas que podrían aplicarse pasado ese tiempo, como la vigilancia electrónica.