Cuando las energías limpias expropian miles de olivos

El despliegue de grandes parques fotovoltaicos no afecta solo a terrenos áridos y sin valor agrícola, sino que también se están apoderando de grandes extensiones de olivares tradicionales que son expropiados a sus legítimos propietarios y luego son literalmente arrancados para que las multinacionales del sector las sustituyan por miles de placas solares. Agricultores de Jaén y Córdoba (pero también de otras provincias) llevan ya unos años movilizándose en un nuevo episodio de la amplia lucha que se libra en España contra la actuación de los gigantes de la energía fotovoltaica. «Renovables sí, pero no así» es el lema que vuelve a enarbolarse por enésima vez, esta vez en tierras andaluzas, contra una serie de macroproyectos que solo en la provincia de Jaén podría acabar con medio millón de olivos talados.

Se da la circunstancia de que estos proyectos se promueven en la misma zona que hace pocos años fue propuesta para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco con el título de Paisaje del Olivar Andaluz, por las grandes extensiones de este cultivo, la calidad de los mismos y el respeto ambiental que representan. El expediente para solicitar esta declaración, sin embargo, terminó siendo archivado por la presión de un grupo de propietarios, pero da una idea de la importancia de la zona donde se van a implantar los nuevos megaparques solares.

Únicamente en los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo se van a perder decenas de miles de olivos, hasta 100.000, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas solares. La superficie afectada ronda el equivalente a unos 100 campos de fútbol. Pero, según esta entidad, la cifra alcanzaría los 500.000 olivos talados si se incluyen los tres macroproyectos de Naturgy y los de Greenalia en el conjunto de la provincia.

En Córdoba, las localidades de Montilla y Bujalance han tenido que blindar sus planeamientos urbanísticos para evitar estos excesos.

Greenalia Solar es la empresa que promueve, entre otros, los proyectos Zumajo I y II en estos municipios, y todos ellos han sido ya declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades, han sido desestimadas. De momento, los proyectos avanzan imparables.

«Destruirá puestos de trabajo»

Greenalia es una compañía que ya ha implantado plantas de este tipo de otras provincias españolas y en Estados Unidos. Según los afectados, en vez de crear empleos, estos proyectos «acabarán con el sustento de muchas familias». Las macroplantas «contibuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales». La recolección de aceitunas es «un sector clave para la economía y el sustento de muchas familias», afirma el portavoz de la plataforma, Rafael Alcalá.

Según denuncia, los promotores siguen la estrategia de la «fragmentación de proyectos para eludir así el control de las administraciones», puesto que si lo presentaran como el proyecto unitario que es, la tramitación sería mucho más complicada y delataría su verdadero impacto ambiental. Por ello, «los megaproyectos se han presentado troceados en otros más pequeños, que están situados muy próximos entre sí, pero que individualmente considerados no superan los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada». La proliferación de este tipo de proyectos supone, según la plataforma recién constituida, «destruir, arrasar y arruinar nuestros campos y pueblos enteros».

Al expropiarles la tierra de la que son dueños, la empresa Greenalia se encuentra con el terreno directamente en sus manos. «El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados», afirman los afectados.

Además, afirman que la electricidad que se generará no se quedará en la comarca, sino que se venderá en el resto de Europa.

El mes pasado, los colectivos de afectados impulsaron una macrocausa judicial de ámbito nacional para frenar este proceso. «Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas macroplantas solares en tierras de cultivo», afirma Natalia Corbalán, de la plataforma vecinal.

«La gente tiene que conocer cómo actúan estas empresas: especulan con las tierras, a los propietarios les ofrecen un arrendamiento anual a 30 años entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, y luego se lo revenden a fondos de inversión a 10.000 euros la hectárea, es decir, dan diez veces menos que su valor real», señala al digital jaenhoy la Plataforma Campiña Norte de Jaén. Esta entidad y Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir creen que «no se pueden hacer transición verde eliminando lo verde».

Medio Ambiente

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