Una deuda que asfixia el futuro de España

Unos 170 millones de euros para subvencionar trenes y autobuses para jóvenes, 17 millones destinados a sindicatos, 14 millones extraordinarios para la empresa pública Tragsatec con el fin de desatascar los fondos europeos, 3,3 millones en concepto de suplemento de crédito para el CIS, 10 millones para subvencionar el cine a los mayores de 65 años… Sin olvidar partidas más cuantiosas como los 830 millones apara obras hidráulicas y los 622 millones para la financiación del programa de alquiler asequible. Así hasta 3.962,1 millones de euros. Esta es la cifra en la que el Gobierno ha incrementado el gasto de forma extraordinaria durante los primeros cinco meses de este año, más allá de lo comprometido en las cuentas que entraron en vigor el 1 de enero.

A esta cantidad, equivalente al dinero provisionado como Fondo de Contingencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (3.964 millones), hay que sumarle otros 4.000 millones en avales del ICO para la promoción de vivienda social, una de las últimas medidas estrella anunciadas en plena carrera electoral. En total, casi 8.000 millones en apenas cinco meses, dos semanas antes de los comicios municipales y autonómicos y siete meses antes de la más que probable fecha de las elecciones generales, el 10 de diciembre.

Si esta cantidad puede parecer abultada, hay que tener en cuenta que no es el problema principal. Más allá de contar muy probablemente con más anuncios de gasto de aquí a las generales y en plena presidencia española de turno de la Unión Europea (UE), el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos encabezado por Pedro Sánchez y su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dejará para 2024 una pesada hipoteca.

La losa de la deuda

El año en que se recuperará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que se traduce en la obligatoriedad de acometer ajustes, el Ejecutivo actual dejará una pesada losa fiscal al Gobierno que le siga por importe de unos 377.000 millones de euros. Esta abultada cifra procede del incremento neto del endeudamiento (359.000 millones) computado por Bruselas desde junio de 2018 (poco antes de que Sánchez llegara al poder) hasta febrero de 2023 (último dato publicado por el Banco de España), a los que se suman los casi 8.000 millones de gasto no presupuestado que van por ahora en este año y casi 10.000 millones anuales en forma de intereses de la deuda adicionales tanto por el incremento de la deuda desde 2018 como por la subida de los tipos de interés.

Con estos datos, hay que preguntarse. ¿Estamos hipotecando el futuro de España con estos niveles de endeudamiento? El economista y estratega jefe de XTB, Pablo Gil, es rotundo en su afirmación: «Sí, estamos hipotecando el futuro de próximas generaciones, porque la deuda no es otra cosa que traer bienestar futuro al presente. Dicho de otra forma, hipotecamos el futuro de nuestros hijos y nietos a fin de mantener nuestro nivel de bienestar en el presente».

Según el último dato del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas es ya de 1,5 billones de euros, con un aumento interanual del 5,6%, lo que supone el 113% del PIB. «Estamos muy lejos de la medida de la eurozona, del 91,5%», resalta Gil. «Solo nos superan Grecia, Italia y Portugal, nuestros compañeros de viaje de la última gran crisis periférica vivida en 2011», subraya.

Para el economista José Carlos Díez, «lo preocupante es que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas siguen en clave de aumentar el déficit y no hay debate sobre la deuda pública». Díez, que matiza que las subvenciones «anunciadas como el cine para mayores y el Interrail para jóvenes tienen un impacto mínimo», insiste en que lo más preocupante «es el aumento de la deuda y el déficit estructural, que es similar al que ya tenía Mariano Rajoy».

Si nos fijamos solo en los incrementos de deuda por legislatura, se descubre que el tándem Sánchez-Calviño está a punto de ser el que más ha elevado el endeudamiento en la etapa reciente. Si las dos legislaturas de José María Aznar registraron moderados aumentos de la deuda (69.000 millones más en la primera etapa y 26.000 millones más en la segunda), la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2011, golpeada por las crisis inmobiliaria y financiera, firmó un incremento de 343.000 millones. Fueron los años del estallido de una burbuja inmobiliaria inflada con crédito fácil y muy barato, que acabó desembocando en una crisis bancaria que estuvo a punto de llevarse por delante el sistema financiero español y que se cobró como principales víctimas las cajas de ahorro y posteriormente el Banco Popular. Fue también la crisis de los países del arco sur mediterráneo. Grecia, Portugal e Irlanda acabaron siendo rescatadas y tuvieron que aplicar una dura receta de ajuste que desencadenó importantes tensiones sociales.

Pero el récord de aumentos, hasta ahora, se lo apuntó Mariano Rajoy en su primera legislatura, de 2011 a 2015. La herencia procedente de la última de Zapatero obligó al Ejecutivo del PP a un duro plan de ajuste impuesto desde Bruselas por los famosos hombres de negro. El plan, que ahorró 65.000 millones y fue aprobado por el Parlamento, contemplaba una subida del IVA al 21%, la supresión de una paga a los funcionarios y recortes de gasto y personal en la administración local y en el propio Gobierno, al cual hay que sumar la subida del IRPF decretada en su primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 2011. Pese a ello, la deuda sufrió un aumento neto de 390.000 millones.

El incremento actual de la legislatura de Sánchez también está impulsado por factores externos pero también por decisiones deliberadas de una política económica pro gasto público. Los dos principales choques externos –la pandemia del coronavirus que estalló en 2020 y, posteriormente, la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania hace poco más de un año– han provocado un cortocircuito en las economías mundiales del cual todavía España no ha terminado de salir. «Llevamos más de dos décadas sustentando nuestro modelo económico en el incremento de la deuda y en mantener tipos de interés reales negativos», analiza Gil. «Hasta ahora, la combinación no ha generado más crecimiento económico, sino todo lo contrario, algo que llevamos observando en Japón desde hace medio siglo», y añade: «España, al igual que el resto del mundo, debe parar y pensar hacia dónde nos dirigimos».

Estas cifras de crecimiento del endeudamiento habrían sido mucho peores de no haber contado con un dividendo extraordinario de recaudación en 2022 (también se producirá en 2023) gracias a la inflación. Estos ingresos extraordinarios, de unos 30.000 millones, generados por la criticada negativa del Gobierno a deflactar impuestos, han ayudado a frenar el alza del endeudamiento. Pero no son recurrentes. Por esta razón y otras relativas al tipo de política fiscal que se está llevando a cabo, es por lo que la Comisión Europea, la AiREF y otros organismos independientes alertan de que el próximo Ejecutivo tendrá muy difícil cumplir con la meta del 3% comprometida por el Gobierno actual ante Bruselas en la reciente Actualización del Programa de Estabilidad, y menos si continúa el hilo de anuncios tal como lo está haciendo hasta la fecha. «Hay que ser mucho más prudentes con el gasto y subir impuestos como pide el Banco de España en su informe anual, sobre todo en el IVA, donde tenemos demasiados productos a tipos bajos», afirma Díez. «Durante los últimos años se ha propiciado el gasto desmesurado a través de políticas fiscales expansivas, soportadas por un Banco Central Europeo (BCE) que actuaba como fuente de financiación sin coste para los Gobiernos europeos», comenta Gil.

El recurso al Tesoro

Salvo que los ingresos vuelvan a ser mayores de lo esperado por el efecto de la inflación, incrementar las promesas de gasto por encima de los 8.000 millones que van ya hasta la fecha obligará o bien a revisar otras partidas por el Fondo de Contingencia, o bien a elevar el límite de endeudamiento neto fijado por el Tesoro en 2023 en 70.000 millones de euros. Precisamente, contra este límite de deuda neta nueva se contabiliza la promesa de crear, mediante avales del ICO, préstamos para financiar viviendas en alquiler asequible por un importe total de 4.000 millones.

Aquí no acaban los efectos de largo plazo de estas políticas. La subida del 8,5% de las pensiones (unos 15.000 millones), del 8% de los salarios públicos (otros 3.000 millones que pueden llegar hasta el 9,5% entre 2022 y 2024) y el incremento de la partida de intereses de la deuda dejará, al menos, otros 25.000 millones en compromisos de gasto futuro adicionales con respecto a la situación de solo un año antes, dado que las subidas de salarios y pensiones se consolidan. Por el momento, los incrementos de recaudación están cubriendo este desfase de gasto. La pregunta es hasta cuándo.

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