La lucha contra la urbanización de ses Salines de Ibiza y a favor de su protección como Parque Natural no es solo una sucesión de batallitas ecologistas. Los hechos que tuvieron lugar entre 1975 y 2001 evidencian lo difícil que es proteger en Ibiza incluso los parajes naturales más relevantes.
Todo comenzó el 9 de abril de 1975, cuando la empresa Ibifor, que acababa de ser creada por Salinera Española a modo de ‘brazo urbanístico’ para edificar sus enormes terrenos, presentó un proyecto para urbanizar toda la zona. Tal como era habitual en aquella época, las dimensiones de dicho proyecto ponen los pelos de punta: con una capacidad para 20.000 personas, se trataba de llenar de hoteles, bloques de viviendas, chalets, restaurantes y todo tipo de establecimientos turísticos las montañas de ses Salines y todas sus playas, incluyendo un campo de golf en los sabinares de las playas (detrás de la fila de edificios prevista en primera línea de mar). Solo los estanques iban a quedar intactos.
Minimizar el impacto no figuraba entre las prioridades de los promotores, que situaban sus edificios de mayor altura (hoteles de hasta 7 pisos) en la cima misma del Puig des Falcó. Horroriza pensar qué aspecto ofrecería hoy esta zona si se hubiera llevado a cabo este proyecto.
Si no llegó a materializarse esta iniciativa urbanística fue por puro milagro, puesto que la providencia situó en los dos puestos clave para su tramitación en el Ayuntamiento a dos personas amantes del cumplimiento de la ley: el alcalde y la arquitecta municipal. La segunda debía redactar los informes técnicos que avalarían o condenarían el proyecto. El primero debía aprobarlo o rechazarlo, pero siempre basándose en dichos informes.
El alcalde era José Tur Serra, de Can Coques, que pese a sus humildes orígenes era poseedor de una importante cultura, demostró tener contactos políticos a alto nivel y, además, tenía una personalidad resolutiva e inquieta. Tomó posesión de la alcaldía en febrero de 1975 y apenas duró un año y dos meses. No mucho más duró la arquitecta municipal, Isabel Martínez de León, una jovencísima licenciada que compartía con Tur Serra su respeto por la normativa vigente en la tramitación de los planes urbanísticos.
Tanto el alcalde como la arquitecta duraron tan poco porque fueron cesados fulminantemente por empeñarse en hacer cumplir las leyes. El proyecto urbanístico de Ibifor no encajaba en la ya de por sí generosa normativa de entonces y por ello fue inicialmente desestimado. La arquitecta informó en contra y el alcalde, en consecuencia, también lo rechazó.
Esto sucedía para desesperación del todopoderoso secretario municipal, el tercer personaje en discordia en esta comedia sobre especulación descarnada: Josep Gustems, que durante lustros (décadas incluso) trabajó en el Ayuntamiento más al servicio de las promotoras urbanísticas (de las que también cobraba) que en defensa de la propia Corporación.
Con los malos modos que cabría esperar de alguien con semejante perfil, Gustems acabó haciendo la vida imposible a Martínez de León, que fue obligada a dejar su puesto tras amenazas, intentos de soborno y una presión constante para que accediera a avalar el proyecto. Su testimonio aparece detalladamente reflejado en el primer capítulo del libro ‘Ses Salines: l’orgull d’un poble’.
El alcalde, en cambio, fue cesado por el gobernador civil de Baleares, mediante un telegrama enviado a través de un motorista al Ayuntamiento justo antes de que se celebrara un decisivo pleno que iba en contra de los intereses de Ibifor. El motivo de su cese no solo fue su oposición a esta macrourbanización (y a otras), sino también su defensa del carácter público de las playas de ses Salines. Y es que Ibifor y Salinera Española consideraban que las playas eran suyas, a partir de la misma orilla del mar. La normativa sobre costas que había en la época franquista era, obviamente, muy limitada y permisiva, pero, así y todo, establecía que la superficie de playa era pública. Salinera hizo todo lo posible para tener la propiedad de las playas (su explotación con quioscos y otras concesiones estaba en juego), y Tur Serra hizo todo lo posible para que fueran de titularidad pública.
El alcalde fue cesado por no acceder al reconocimiento de la titularidad privada de las playas e incluso tuvo que ir a juicio, acusado de malversación, entre otras cosas, pero finalmente fue absuelto. Tur Serra volvería a la política posteriormente, como concejal, y en época democrática fue conseller de Ecología y Medio Ambiente con Antonio Marí Calbet por un breve periodo de tiempo.
Tras ser cesado Tur Serra y relevada la arquitecta municipal, otras personas más maleables ocuparon sus respectivos puestos y la gran urbanización de ses Salines fue autorizada por el Ayuntamiento, si bien ello no bastaba, porque la aprobación final correspondía a la Comisión Provincial de Urbanismo, con sede en Palma.
La gran movilización popular que tuvo lugar a lo largo de 1977 en Ibiza para evitar que se diera luz verde a este macroproyecto tuvo como protagonistas a una serie de jóvenes ilustrados y progresistas, aunque sin relación con partidos políticos, que tiraron del carro hasta implicar al conjunto de la sociedad bajo el lema ‘Ses Salines, Parc Natural’. Cristòfol Guerau d’Arellano, Pep Costa, Xavier Magriñá, Josep Ferrer o Néstor Pellicer fueron algunos de los impulsores de la Comissió de Defensa de ses Salines, cuyo cuartel central estaba en el Institut d’Estudis Eivissencs.
Fueron meses trepidantes en los que, por primera vez desde 1936, y al calor de la recién recobrada democracia, se lanzaban mensajes reivindicativos en Ibiza que hoy parecerían inocentes pero entonces eran inauditos. Por ello, el que a finales de octubre de ese 1977 salieran a la calle 2.000 personas en la primera manifestación celebrada en más de 40 años constituyó un hecho histórico en la isla.
La transformación de ses Salines en un megacomplejo turístico fue finalmente rechazada por la Comisión Provincial de Urbanismo, debido a las irregularidades jurídicas en su tramitación. El pueblo ibicenco respiró entonces tranquilo y la amenaza de tan monstruosa operación inmobiliaria se deshizo como un azucarillo. De no haber sido por la coincidencia del alcalde Tur Serra y de la arquitecta Martínez de León en el momento y en el lugar oportuno, hoy ses Salines tendrían un aspecto muy diferente.
La nueva ‘batalla’ de ses Salines
Pero este paraje natural seguía siendo un caramelo para los especuladores urbanísticos y no iban a renunciar a él fácilmente. Después de consumarse la destrucción de sa Sal Rossa con las urbanizaciones de la familia Matutes a finales de la década de los 80 (las protestas ecologistas no lograron evitar estos proyectos), llegaría una nueva fase reivindicativa. Este nuevo capítulo de la historia, que tuvo lugar entre 1990 y 1992, sería protagonizado por una nueva generación de activistas que no habían tenido ninguna intervención de la ‘batalla’ de 1977.
Gracias al exagerado desarrollo urbanístico que permitía el planeamiento municipal de Sant Josep, aprobado en 1986, las montañas de ses Salines podían edificarse en parcelas de pequeño tamaño, a base de viviendas unifamiliares. Además, en los pequeños núcleos de sa Canal y la Revista se permitían sendas urbanizaciones para unos 600 chalets en total.
Fue entonces cuando cobró protagonismo el entonces presidente del Govern balear, Gabriel Cañellas (PP), que en esos años impulsó la Ley de Espacios Naturales (LEN) para preservar las áreas más importantes de Balears. Curiosamente, las montañas de ses Salines quedaban excluidas, pese a que los informes del propio Govern confirmaban la necesidad de protegerlas. Nadie entendía esa sorprendente exclusión, hasta que el propio Cañellas confirmó que él y su familia tenían acciones «minoritarias» en Salinera Española. Cañellas, en realidad, tras abandonar el Govern unos años después, acabaría siendo el presidente de Salinera.
El presidente autonómico hizo todo lo posible por evitar la protección íntegra de este paraje y el entonces alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, tuvo que aguantar sus gritos y presiones (así lo contaba el propio alcalde) en defensa de la urbanización. Ello fue porque Serra Escandell, autor de un lamentable legado de desastres urbanísticos, trató al menos de reducir considerablemente la superficie de esas urbanizaciones.
Esta nueva fase de la movilización alumbró una nueva plataforma cívica, la Coordinadora Salvem ses Salines, cuyo portavoz fue Josep Ramon Balanzat. El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) fue entonces quien tiró del carro en este periodo y llevó el peso de las protestas.
La unanimidad política que hubo en 1977 en torno a la necesidad de preservar ses Salines había saltado por los aires en los años 90, y el PP rechazó siempre la total protección de la zona, argumentando que con la declaración de los estanques salineros como área preservada, aprobada en 1986, «ses Salines ya habían quedado protegidas».
Al final, los montes del Puig des Corb Marí y del Puig des Falcó se salvaron de nuevo por los pelos de quedar convertidos en algo parecido a lo que hoy es Roca Llisa. Fue gracias a un diputado menorquín, llamado Carles Ricci, del grupo Mixto, y a otro mallorquín llamado Miquel Pasqual, de Unió Mallorquina, que en el decisivo pleno del Parlament donde se decidió el futuro de ses Salines en enero de 1991 votaron a favor de incluir ambos macizos montañosos en la Ley de Espacios Naturales. Fue una votación de infarto, como también se cuenta en ‘Ses Salines: l’orgull d’un poble’, porque al final dependió de un solo voto tras producirse un empate.
Poco duró la alegría de ver toda el área de ses Salines preservada, porque al año siguiente el PP ganó las elecciones con mayor margen y llevó a cabo lo que ya había prometido: que reformaría la LEN para desproteger lo que se había protegido, según dicho partido, injustificadamente, incluyendo ses Salines. Así fue. Un año después, las montañas de la zona quedaban fuera del amparo de la LEN, expuestas a ser edificadas en cualquier momento.
En Formentera, mientras tanto, también se sucederían los sobresaltos. Después de que se neutralizara un proyecto para 15.000 plazas en sus salinas en los años 70, casi veinte años después surgió la amenaza de una gran urbanización en s’Estany des Peix y Punta Pedrera, impulsada por un promotor italiano, Giancarlo Parretti. Finalmente, se evitó también este proyecto tras una prolongada polémica.
Madrid protege ses Salines en 1995
En Ibiza, los partidos de la izquierda, viendo que mientras el PP de Cañellas gobernara en Balears sería imposible proteger ses Salines, decidieron acudir a las Cortes Generales. Izquierda Unida fue quien tomó la iniciativa, presentando una proposición de ley en el Congreso para declarar la zona como Reserva Natural por parte del Gobierno central. El PSOE, que entonces gobernaba el país, receló primero a la hora de apoyar a IU, mostrando dudas sobre la legalidad de esta operación, pero finalmente sumaron los votos y en 1995 ses Salines de Ibiza y Formentera obtuvieron su primera figura de protección íntegra: la Reserva Natural aprobada por las Cortes.
El PP siguió en ese momento rechazando la protección y presentó un recurso de inconstitucionalidad, alegando que no era el Gobierno, sino la Comunitat Autònoma, la competente en la declaración de parques y reservas naturales. El alto tribunal le daría la razón unos pocos años después, pero mientras duró, esta figura evitó que continuara la progresiva urbanización de ses Salines a fuerza de chalets ilegales. Fue un respiro al fin, que permitió incluso nombrar a un primer director y a una plantilla de monitores en ses Salines, junto con algunas mejoras ambientales en la zona.
Cañellas dejó de torpedear la protección de este tesoro natural únicamente en 1995, cuando se vio obligado a dejar el Govern por el escándalo del túnel de Sóller, relacionado con el cobro de comisiones ilegales. Eso allanó el camino hacia la aceptación de la protección ambiental de la zona por parte de sus sucesores en el PP balear: Cristòfol Soler primero y Jaume Matas después, que, sin embargo, tampoco hicieron nada para crear lo que siempre se había pedido desde la oposición: un parque natural autonómico para ses Salines de las Pitiusas.
Habría que esperar a 1999, cuando la izquierda gobernó la Comunitat Autònoma por primera vez, para que se redactara y aprobara ese Parque Natural. En diciembre de 2001, en solemne votación parlamentaria, todos los partidos votaron a favor. Desde entonces, esta figura de protección es patrimonio común de todas las formaciones de las islas.
Las sutiles formas de sobornar a una técnica
Durante la tramitación del plan parcial de ses Salines en 1974, Salinera Española e Ibifor trataron de ganarse el favor de la arquitecta municipal mediante maniobras disfrazadas de gestos de cordialidad, pero que no eran sino o bien intentos de soborno o bien presiones.
Pedro Salas, quien entonces era el representante de la empresa en todo lo relacionado con el proyecto urbanístico, visitó a la arquitecta municipal, Isabel Martínez, y le dijo que el plan iba a ser muy beneficioso para ella, porque en la memoria del proyecto figuraba una cláusula que reservaba para el arquitecto municipal un porcentaje determinado del importe de la licencia, ya que formaría parte de un tribunal que juzgaría la calidad estética. «Esto es un soborno clarísimo escrito en el plan parcial», señala Martínez en el libro ‘Ses Salines: l’orgull d’un poble’.
Además, en abril de 1974 Pedro Salas remitió una carta a Martínez de León en el que defendía su plan parcial (que preveía unas 20.000 plazas y pese a ello decía: «No creo en aglomeraciones mal planificadas») y, en tono paternalista, decía a la técnica: «Espero de usted su aprobación y dedicación a este proyecto (…), ya que esperamos que su situación en Ibiza sea estable y pueda desarrollar una labor efectiva y duradera en favor de la isla». Y añadía: «Creo que el futuro de esta isla es muy bueno, y que todos debemos contribuir a ello, especialmente usted y su marido, que son jóvenes y con ilusiones», según la carta, reproducida en el libro ‘Caciquismo y corrupciones municipales en las islas’, de Santiago Miró.
