Los misiles rusos también impactan en la economía

AUTOMOCIÓN

Sin cables ni gases para los coches

Xavier Pérez, Barcelona

Cuando estalló la crisis de los microchips hace ya casi dos años, mucha gente descubrió que cada vehículo lleva entre 5.000 y 8.000 semiconductores. Ahora, con la guerra de Ucrania, otro elemento ha salido a la luz: cada coche lleva entre 2,5 y 5 kilómetros de cableado. Ucrania es uno de los principales proveedores de mazos de cable para la industria del automóvil y la paralización de la producción en las principales plantas del país ha supuesto un nuevo desabastecimiento de componentes y materiales en el sector. Cada automóvil lleva un cableado específico y sin esos cables no se pueden fabricar.

«Las consecuencias de la guerra de Ucrania pueden ser peores para la economía europea que las de la pandemia del coronavirus», afirmaba esta semana en el ‘Financial Times’ Herbert Diess, presidente del Grupo Volkswagen. El impacto industrial del conflicto ha provocado que la mayor parte de los fabricantes hayan tenido que modificar sus planes de producción y en muchos casos incluso detenerlos en muchas plantas europeas.

En este contexto, el cableado es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria. El bajo coste laboral, una mano de obra cualificada y la proximidad a las principales plantas europeas hizo que el oeste del país se convirtiera en el epicentro de la producción de cables para automóviles. Pero el impacto también está en la producción de los gases raros suministrados por Ucrania, como el neón, el criptón, el argón y el xenón, entre otros. Éstos son necesarios para la fabricación de las celdas de las baterías de los coches eléctricos y en los superconductores (microchips), por ejemplo. Ucrania produce casi el 70% del gas neón del mundo.

La rotura de las cadenas de suministro, especialmente de cables, y el problema de transporte ha hecho que las principales compañías europeas estén buscando proveedores alternativos en otras plantas de la Unión Europea, en Europa del Este, norte de África, México y China. Así lo ha señalado tanto el grupo Volkswagen como BMW, el Grupo Stellantis y Mercedes. Se trata de un nuevo cuello de botella que obliga a realizar los pedidos con mucha antelación en los mismos proveedores. Empresas como Fujikura, Nexans, Kromberg & Schubert, Yazaki y Leoni (con dos fábricas) han cesado la producción. Trasladar el volumen a otros países especializados como Rumanía, Serbia o Túnez implica una inversión importante en nuevas instalaciones para alcanzar los niveles productivos demandados.

En España se han visto afectadas todas las plantas de producción, aunque desde las centrales de compras de cada fabricante están intentando hacer el acopio necesario de material de cableado para afrontar una producción bastante mermada. Todos los fabricantes con planta en España han confirmado que el impacto es evidente, pero que están monitorizando la situación para evaluar el impacto real y tratar de minimizarlo. Desde el Grupo Volkswagen se plantean incluso desviar producción de vehículos fuera de Europa.

Otro problema colateral al conflicto lo pueden tener las marcas que tienen fábrica en Rusia, ya que tras las sanciones que se han impuesto con la acción de Putin, empieza a planear la sombra de la nacionalización de empresas. Renault es una de las más afectadas: tiene su marca Autovaz (productores de Lada) que suena entre las empresas susceptibles de ser controladas por el gobierno ruso.

SIDERURGIA

El corazón del acero, en parada

Pablo Castaño, Oviedo

Las plantas siderúrgicas de ArcelorMittal son el corazón de la industria asturiana y cualquier amago de infarto pone la región a las puertas de la UVI. La multinacional ha anunciado que a partir del próximo 24 de marzo parará una de sus dos líneas de producción de acero en Asturias, la de productos largos, por los efectos de la guerra en Ucrania. El cese de actividad durará entre cinco y once días, dependiendo del taller. Las sirenas de emergencia empiezan a ulular.

Las plantas de largos (que producen alambrón para la construcción y la industria del automóvil, y carril para las líneas ferroviarias) están concentradas en Gijón y ya arrastraban pérdidas pese al buen momento que estaba viviendo la siderurgia al calor de la recuperación postcovid. Esas pérdidas se compensaban con el fuerte aumento de ventas y altos precios que se registraba en la división de planos (en la que se producen bobinas de chapa, galvanizado, chapa gruesa para torres eólicas y construcción naval, y hojalata para envases) y que está repartida entre Gijón y Avilés. La guerra en Ucrania ha roto ese equilibrio y las perdidas en la línea de largos se han hecho inasumibles para la compañía.

ArcelorMittal parará durante cinco días la acería de Gijón y el taller de alambrón y durante once días el tren de carril para ajustar la producción al nuevo contexto. Estos ceses obligarán también, aguas arriba en el proceso siderúrgico, a ajustar el funcionamiento de los dos altos hornos de Gijón (lo únicos que están activos en España) y de las instalaciones donde se preparan las materias primas: los sinter y las baterías de coque. Las paradas afectarán directamente a la actividad de 840 de los casi 5.000 trabajadores de ArcelorMittal en Asturias y no se descartan más medidas.

Fuentes de la multinacional siderúrgica señalaron que las paradas se producen por tres factores vinculados a la invasión rusa. En primer lugar por la escalada del precio de la electricidad. La siderurgia es un sector intensivo en el uso de energía y con los precios actuales del megavatio los costes fijos se disparan. Además, en España hay menores ayudas a las industrias electrointensivas que en países europeos competidores como Alemania y Francia (donde ArecerlorMittal también tiene plantas siderúrgicas integrales) por lo que las factorías asturianas pierden competitividad con el alza del precio de la energía. En segundo lugar las paradas se producen por el encarecimiento de materias primas, principalmente del carbón, que se utiliza para alimentar los hornos altos y su precio se ha disparado en paralelo al del gas. Y en tercer lugar por la reducción de la cartera de pedidos por la incertidumbre que genera el conflicto.

Los sindicatos temen que estas paradas temporales sean el preludio de más recortes en la siderurgia asturiana. Además, afectan a una línea, la de productos largos, que está a las puertas de una reconversión tecnológica que requiere de una inversión de más de 1.000 millones de euros. La multinacional anunció el pasado julio que sustituirá uno de los dos hornos altos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde y que transformará la acería de Gijón con la instalación de un horno de arco eléctrico híbrido que estará alimentado por energías renovables. Con esas inversiones, la compañía reduciría en un 50% sus emisiones de CO2. Un ambicioso plan de descarbonización presentado cuando aún no se oían de fondo las bombas en Ucrania.

CERÁMICA

Asfixia por el gas y las materias primas

Bartomeu Roig, Castellón

La industria cerámica española, que concentra su actividad en la provincia de Castellón, es uno de los sectores que más sufre los efectos de la guerra en Ucrania. Además del impacto por la subida de la electricidad y los carburantes, tiene el fuerte incremento del gas natural, su principal fuente energética. Hace un año, el precio medio rondaba los 19 euros por megavatio hora, mientras que estos días ronda los 120. El peor día fue el 7 de marzo, cuando alcanzó los 345 euros.

Desde la patronal que agrupa a los fabricantes de baldosas cerámicas, Ascer, advierten de que la situación es crítica. «El futuro del sector está en entredicho», opina su presidente, Vicente Nomdedeu. El secretario general de la entidad, Alberto Echavarría, añade que ante el panorama «ninguna actividad industrial puede soportar este precio, y hay que estar preparados para paradas masivas de la producción, pérdida de empleos y recesión».

El aumento de la cotización del gas empezó en el segundo semestre del pasado año, y se ha acelerado con el conflicto bélico. Las industrias reclaman medidas de alivio, como la disminución de impuestos, la supresión de los cánones de acceso o la creación del estatuto del consumidor industrial gasintensivo. Incluso ayudas directas, como las que han recibido en el pasado otros sectores relevantes. El azulejo concentra el 20% del PIB de Castellón, y el 15% de peso industrial en la Comunitat Valenciana. Si cae, el impacto será de dimensiones mayúsculas.

La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tiene las competencias en la política energética, reconoció que los consumidores industriales de gas son «muy sensibles», pero añadió que el precio del gas es «absolutamente independiente de la capacidad de intervención del Estado», a la vez que añadió que la única medida aplicada desde el Gobierno, una flexibilización de los contratos de suministro que ya estaba en vigor, «no es suficiente».

Las consecuencias en el empleo ya son patentes. Más de una decena de empresas han presentado ERTE por la adversa situación económica, con unos 2.400 trabajadores incluidos. El 15% de toda la plantilla del sector, cifrada en unas 16.000 personas, está afectado. El president de la Generalitat, Ximo Puig, expuso en la última Conferencia de Presidentes autonómicos la necesidad de que el Gobierno intervenga temporalmente el mercado del gas, algo que también solicitan las patronales. Pero de momento se sigue a la espera, y los empresarios afirman que el tiempo «se acaba».

Una de las opciones es subir los precios de sus productos a los clientes. El secretario general de Ascer mencionó que trasladar todos los sobrecostes «supondría duplicar precios, y no sabemos si el mercado va a tolerar esto». Otra opción es la que ha planteado el principal grupo fabricante de Europa, Pamesa, que aplicará una tasa energética, con la que el precio fluctuará cada mes en función del precio del gas. «La decisión no es fácil, pero es necesaria para garantizar la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo de las más de 3000 personas y familias que la forman», expresaron.

A todo esto se suma el interrogante sobre las materias primas. La arcilla blanca que emplea el azulejo de Castellón viene en un 70% de Ucrania. Los empresarios ya hicieron un acopio de materiales, pero las reservas se agotarán en varios meses. No se espera que haya nuevos envíos hasta dentro de un año, por lo que hay que buscar vías alternativas y, por consiguiente, un nuevo incremento de los costes.

CALZADO, TEXTIL Y JUGUETE

Temor al impacto en el consumo

Miguel Villaplana, Alicante

La invasión de Ucrania ha truncado las expectativas de sectores vinculados al consumo. El calzado español, que exportaba antes del conflicto bélico productos por valor de 45 millones anuales a Rusia y Ucrania, tenía todas sus esperanzas puestas en 2022 para intentar alcanzar las cifras de comercio exterior anteriores a la pandemia. Las ventas globales, en concreto, quedaron situadas el año pasado en 2.057 millones de euros, lo que suponía un aumento del 11,1% respecto a 2020, pero todavía un 6,4% menos con relación a 2019. Pero el año no ha podido empezar peor. La presidenta de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Marián Cano, explica que estos cálculos tienen toda la pinta de irse al traste, toda vez que se teme un notable descenso del consumo. «El aumento del coste de la energía y, también, de la cesta de la compra va a hacer que la gente renuncie a adquirir productos que no sean de primera necesidad», lamenta. Rafael Bernabeu, director general de la empresa de prendas deportiva J’Hayber, con sede en Elche, comparte esta visión, y destaca que la guerra ya está retrayendo pedidos.

Algo muy similar ocurre en el textil, otro de los sectores cuya compra, en tiempos de crisis, es considerada prescindible por muchas familias. En este caso, las empresas sí que habían logrado recuperar el año pasado las cifras de negocio de 2019, al alcanzar los 10.468 millones de euros. En lo que respecta a las exportaciones, aproximadamente un 2% tenían como destino a Rusia y Ucrania, lo que representa alrededor de 300 millones. También en esta industria, según señala el vicepresidente del Consejo Intertextil Español (CIE), Pepe Serna, la mayor preocupación es la afectación que el conflicto bélico puede tener en el consumo, así como el incesante incremento de los costes energéticos y de las materias primas, que ya está provocando Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en un sector que cuenta con 128.000 trabajadores. Rafael Pascual, CEO del grupo Interfabrics, situado en las comarcas alicantinas de l'Alcoià y El Comtat, destaca que su empresa está tratando de combatir estos incrementos a través de compras de gran volumen cuando se presentan oportunidades de mercado.

El juguete, cuyas exportaciones a la zona del conflicto apenas llegan a los 8 millones de euros, vive el inicio de la guerra coincidiendo con su época de menor actividad, con lo que sufre menos el alza de los costes energéticos. Aún así, la presidenta nacional de los fabricantes, Marta Salmón, a su vez directora de la empresa zaragozana Cefa Toys, alerta de los desorbitados encarecimientos de materiales y transporte, lo que lleva a las empresas a relocalizar producción para disminuir el impacto. Berjuan, muñequera situada en Onil, fabrica todos sus artículos en el municipio, si bien su gerente, César Bernabeu, se queja de las dificultades para repercutir las subidas de precio en los clientes.

ENERGÍA

Carburantes más caros y efecto dominó

María José Gil, Murcia

A pesar de que la dependencia de España del petróleo y del gas ruso es menor que la del conjunto de la Unión Europea y que el abastecimiento no está amenazado, según fuentes de Repsol y Enagás, el encarecimiento de los carburantes ha encendido todas las alarmas por el efecto dominó que puede tener. Así ha quedado patente esta semana con el paro del transporte o con la parada de producción en los sectores industriales más dependientes de la factura energética.

Prácticamente la mitad del gas que llega a España procede de Argelia y Estados Unidos se ha convertido en el segundo proveedor en 2021. Enagás afirma haber comprado este combustible en 14 países el pasado año. Este mes han llegado tres buques metaneros al puerto de Escombreras (Murcia) y en lo que queda de marzo están previstos otros dos. El gas llega en estado líquido a bajas temperaturas y tiene que volver a su estado gaseoso para poder ser consumido. Enagás dispone de plantas de regasificación para el almacenamiento del gas natural licuado en Cartagena, Barcelona, Huelva, Gijón, Bilbao y Sagunto. También dispone de almacenes subterráneos en Serrablo (Huesca), Gaviota (Vizcaya) y Yela (Guadalajara). El gas natural licuado permite a las empresas energéticas generar y distribuir electricidad.

El problema, por tanto, no está en el suministro, sino en los precios que pueden llegar a alcanzar el gas natural licuado y la energía eléctrica a medida que se vayan cumpliendo las sanciones a Rusia y dejen de comprarle los países centroeuropeos a los que abastece. En este contexto, la Unión Europea intenta evitar que el precio del gas siga marcando el contador de la generación eléctrica y llevando el recibo de la luz a máximos históricos. España y varios países tratan de convencer a Bruselas de que es preciso evitar que la inflación se dispare por encima de los límites que permiten mantener el consumo y la paz social, tal y como está ocurriendo con los carburantes.

El elevado coste del gasoil ha dado lugar a dos paros de las empresas del transporte desde diciembre y está generando una gran tensión en los sectores más dependientes de la factura energética, a pesar de que tampoco hay problemas de suministro de petróleo.

Repsol tiene en Escombreras (Murcia) una de las cinco refinerías de España, que está conectada con la planta de Puerto Llano (Ciudad Real), a través de un oleoducto de doble dirección, que permite el envío del crudo destinado a la elaboración de gasolina y gasóleo y, a su vez, da salida al mar a los productos elaborados en las instalaciones de la población manchega a través del puerto de Cartagena. También tiene refinerías en Tarragona, A Coruña y Bilbao.

Fuentes de la petrolera aseguran que no hay ningún problema de suministro en España, porque el aprovisionamiento está muy diversificado y «compra en todos los países», lo que permite seguir funcionado con normalidad. Sin embargo, la protesta de los transportistas ha llegado a paralizar esta semana durante varios días la salida de las cisterna desde las plantas energéticas del Valle de Escombreras dejando sin suministro a las gasolineras de la Región de Murcia.

TRANSPORTE

Inflamados por el combustible

Agustí Sala, Barcelona

La invasión de Ucrania, la inflación desbocada y el encarecimiento de los carburantes han agravado la situación del transporte de mercancías, que arrastra problemas estructurales desde hace años y a los que se ha tratado de poner solución con un decreto avalado esta semana por el Congreso y apoyado por las organizaciones más representativas del sector. Ahora, con la gasolina y el gasóleo en máximos históricos, con muchos surtidores con el litro a más de dos euros, parte de las pymes del ramo han iniciado un paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional sin el apoyo de los sindicatos ni las organizaciones del sector.

Por primera vez, los efectos del paro ya llegan a los consumidores, con falta sobre todo de productos frescos procedentes de Andalucía y de Galicia (en algunos casos por el amarre de la flota pesquera por los elevados costes del carburantes). Para evitar bloqueos en centros logísticos y mercados centrales por los piquetes y a petición de numerosos sectores, Interior ha desplegado 23.500 policías y guardias civiles. El Gobierno, a su vez, prepara medidas y rebajas de precios que se anunciarán el día 29. En todo caso, como dijo la titular de Transportes, Raquel Sánchez, por ahora no piensa sentarse «con un grupo de radicales que están actuando con violencia», detrás de los que el Ejecutivo no duda en que está la mano de Vox.

BANCOS

Baja exposición pero temor al parón

David Page/Pablo Allendes Alazar, Madrid

La Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), Reino Unido y otras potencias han lanzado una batería de medidas para aislar a Rusia del sistema financiero internacional y ahogar su economía. Una estrategia de castigo que puede tener un impacto directo de vuelta sobre las entidades financieras internacionales con presencia en el país, pero que en el caso de los bancos españoles es relativamente poco preocupante.

La exposición de la banca española al mercado ruso es muy reducida. Las entidades nacionales acumulaban créditos concedidos a ciudadanos o sociedades rusas por 812 millones de dólares (unos 740 millones de euros) al cierre del pasado septiembre. Una exposición, además, que en los últimos años ha ido reduciéndose de manera progresiva, desde los algo más de 3.500 millones de dólares que registraban en 2009. La mayoría de esos créditos corresponden a hipotecas dadas a ciudadanos rusos para comprar viviendas en España, según fuentes financieras. Es un importe insignificante para el total de casi 515.000 millones en préstamos hipotecarios de las entidades nacionales.

El riesgo de los bancos españoles representa apenas un 0,7% de la exposición total de 121.500 millones del conjunto de los bancos internacionales a Rusia hasta septiembre, y muy por debajo de los más de 25.000 millones de los bancos de Italia o Francia.

Otro indicador que refleja el moderado el riesgo es el de los cobros o pagos con origen o destino en Rusia en los que intermedian los bancos españoles. Apenas suponen un 0,02% del total que realizan. Desde el Banco de España, no obstante, se ha advertido de «la notable incertidumbre que existe en cuanto a las implicaciones que podría tener, a medio y largo plazo, la exclusión de la economía rusa de los canales financieros internacionales», porque esta circunstancia «podría reflejarse en el desarrollo de mecanismos o canales financieros alternativos más opacos», con el consiguiente riesgo para todo el sistema.

Aunque la amenaza directa para la banca es muy reducida por su bajísima exposición, existen otros riesgos. Y es que desde el sector financiero apuntan que los mayores peligros pasan por el impacto indirecto que pueden sufrir los bancos españoles por el parón económico global y por las presiones inflacionistas.

La guerra pone en peligro la recuperación económica que ya estaba en marcha. Desde el Banco de España ya se ha alertado de la «extraordinaria incertidumbre» acerca de la magnitud del golpe al crecimiento económico en función de cuánto se alargue y agrave el conflicto, y los analistas auguran inevitables revisiones a la baja de las previsiones de PIB global, y también el español.

Un eventual parón económico, de la confianza y del consumo aventuran problemas de impagos y de aumento de la morosidad para los bancos. Si hay un agravamiento severo, la banca podría acabar sufriendo como efecto indirecto un golpe a su negocio, con un descenso del crédito y con un deterioro de la calidad crediticia.

TURISMO

Frenazo en las reservas

J.M.L. Romero/M.B. Moneo/M.Á. Montero/ Laura Teixidor, Ibiza/Palma/Santa Cruz de Tenerife/Girona

Iba todo tan bien, había un «flujo de reservas tan animado»... Y entonces Vladimir Putin invadió Ucrania. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, Ana Gordillo, habla del periodo prebélico como de una arcadia: la incertidumbre de la pandemia se disipaba y todo hacía presagiar una temporada «de recuperación». Esa esperanza se desvaneció desde que los tanques, los misiles y los Su-25 empezaron a destruir Kiev y Jarkov. Ahora, las reservas «se han ralentizado. Los turistas prefieren ver cómo evoluciona la guerra antes que comprar».

José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), coincide con esta percepción y destaca «el componente emocional de la crisis». «Las imágenes de misiles cayendo sobre barrios residenciales frenan el ritmo de las reservas», porque «la gente está desconcertada, no sabe qué pasará».

José María Ramón, CEO del motor de reservas Neobookings, aporta datos e indica que las reservas de británicos (principal mercado de Ibiza), caen en lo que va de marzo un 33% respecto al mismo mes de 2021. En el caso de Mallorca, donde se prevé que en abril esté abierta el 84% de la planta hotelera, preocupan las reservas de los mercados emisores del norte de Europa, los más afectados por su cercanía al conflicto: Finlandia, Suecia y Polonia.

Canarias, en cambio, vive pendiente de los alemanes y teme que la economía de la locomotora europea sufra por su dependencia del gas ruso. El turismo tiene un peso del 40% del archipiélago y el Gobierno canario ya ha constatado un frenazo en las reservas, aunque la conectividad aérea está de momento garantizada. Las aerolíneas tienen programadas para la próxima temporada de verano hasta un 8,3% más de plazas para volar al archipiélago que en 2019, es decir, que en el último año prepandemia. Está por ver, aun así, en qué medida las compañías mantienen su oferta de asientos ante la carestía del queroseno, que no se libra del extraordinario encarecimiento de los hidrocarburos, y ante un contexto económico menos favorable.

Alicia Reina, presidenta Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), alerta de que subirán los precios por la inflación: «Se va a agudizar -señala-. Ese incremento (en mercaderías, en salarios, en combustible, en energía…) se trasladará al sector vacacional, y este al cliente, de manera que el turista que en estas circunstancias va a poder venir a las islas esta temporada será de poder adquisitivo alto».

La inquietud no es exclusiva de las islas. Un botón de muestra es Girona, donde se calcula que las cifras de ocupación de antes del covid-19 no se lograrán hasta el 2023 o 2024 a pesar de que esperan una temporada correcta y de que se confía en el turista nacional. Antoni Escudero, presidente de la Federación de Hostelería de las comarcas gerundenses, afirma que es «difícil planificar nada a largo plazo, ya no se trata de si perdemos o no el turista ruso, sino que se respira mucha incertidumbre e inseguridad en general». Otros efectos colaterales alarman al sector, como por ejemplo la subida de los precios de los carburantes. El presidente de la Asociación de campings de las comarcas de Girona, Miquel Gotanegra, se muestra especialmente preocupado por este aspecto, puesto que puede ser una de las causas de la bajada de turistas centroeuropeos. Si esto sigue así, mucha gente se replanteará las vacaciones.

COMERCIO

Debacle mayor que la pandemia

Enrique Carballo, A Coruña

La guerra ha impactado al comercio español, desde los pequeños autónomos a uno de los principales grupos empresariales, Inditex, que suspendió actividades en Ucrania al inicio de la invasión y en Rusia, donde posee 502 tiendas. El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, prefiere no «conjeturar» acerca del impacto que tendrá la guerra en su negocio, pero sí desvela que Rusia suponía el 8,5% del resultado neto de explotación de Inditex. El presidente ejecutivo de saliente del grupo, Pablo Isla, señala que, del crecimiento del 33% de las ventas entre el 1 de febrero y el 13 de marzo de este año, en comparación con 2021, «cinco puntos venían de Rusia».

Ya dentro del mercado nacional, la guerra afectará a los consumidores, según explican desde la cadena de supermercados Vegalsa-Eroski, que suma más de 260 tiendas. Aunque «en el corto plazo» no prevén faltas de productos, fuentes de la compañía indican que afectará a sus proveedores y «puede causarnos algún problema indirecto». Aunque las mismas fuentes indican que hacer acopio de productos de alimentación es «absolutamente innecesario y desproporcionado», ya se están viendo las «subidas de costos» y pasarán «unos meses» antes de que vuelvan a la normalidad.

Si la guerra ha golpeado a las grandes empresas, no ha dejado en mejor situación a los pequeños comerciantes, ya afectados por la pandemia y la inflación. El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, no recuerda una crisis «tan larga», y cree que si Putin «no cede, lo vamos a pasar aún peor». El conflicto, explica, hace subir el precio de los productos de primera necesidad y deja al público sin dinero para comprar los demás, y, lo que es peor, sin ganas de hacerlo. «La gente está preocupada, y no hay duda de que cuando no hay alegría, la gente no sale, no disfruta… Todo esto repercute» explica. Muchos comerciantes «tendrán que apretarse el cinturón, y en algunos casos, igual hay que cerrar».

Lo mismo se percibe en A Coruña, una ciudad centrada en los servicios y en la que el comercio de proximidad tiene una gran relevancia. El presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa, José Luis Boado, señala que los consumidores tienen la perspectiva de que esto «va a ir a peor, y hacen una reserva de gasto». El comercio sufre porque la mayoría de los propietarios tienen unos márgenes «muy estrechos». Prevé que haya una bajada de aprovisionamiento para la próxima temporada, cuando los comerciantes dejen de comprar productos que no creen con poder colocar.

El presidente de los comerciantes del Distrito Mallos, un populoso barrio coruñés, José Salgado, tiene 83 años, y afirma: «Nunca he visto una crisis que fuera tan grave, está siendo un palo muy fuerte para el comercio». Cree que hay un «miedo un poco patológico». En términos parecidos se expresa Isabel Porto, franquiciada de Yves Rocher en la céntrica calle Real de A Coruña: «Es mucho peor esto que la pandemia. Con ella, la gente se metió en casa, pero no había esta subida de precios. Salíamos y empezó la guerra, que ha sido ya lo peor». «El dinero es muy miedoso -señala- y la gente ve la televisión todo el día y mete miedo».

ALIMENTACIÓN

Búsqueda de cereales fuera de Europa

J.L. Zaragozá/E. Barajas, Valencia/Cáceres

Rusia y Ucrania juegan un papel fundamental en la producción y el suministro de alimentos en todo el mundo. Ambos países proporcionan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol, el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz. El conflicto ha encarecido los alimentos, que están en máximos históricos en febrero de 2022 por la alta demanda, los costes del transporte y las interrupciones en los puertos.

En busca de soluciones, el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, apuesta por sustituir la importación de productos de Ucrania por similares de América o Sudáfrica.

Otro negocio especialmente afectado es el de los dulces. «El mayor problema es el desabastecimiento de aceite de girasol porque el 70% que se utiliza procede de Ucrania», asegura el secretario general de Produlce, Rubén Moreno. Y advierte de que la situación es muy grave ya que los actuales niveles de stock «no llegarán más allá de dos o tres semanas». Los panaderos alertan de que no habrá aceite de girasol para las torrijas y otros dulces de Semana Santa.

En parecidos términos, Mar Fernández Poza, directora de Inprovo, interprofesional del Huevo, explica que la rápida evolución de los costes de producción (un 50% de incremento de los precios del pienso para ponedoras en los dos últimos años a razón de un 25% cada año) «no va acompasada con subidas de los precios en origen, y los reducidos márgenes de los productores de huevos no les permiten mantener esta situación por más tiempo». Esta es una coyuntura muy preocupante. «Los productores están en la tesitura de reducir su producción o dejar de producir, ya que su actividad es inviable en estas condiciones», agrega esta dirigente empresarial.

¿Habrá problemas entonces de desabastecimiento en los ‘súper’ en España? Pues a tenor de lo comentado estos días por el ministro Luis Planas y por el presidente de Mercadona, Juan Roig, no. Veremos.

Lo que sí es evidente es que la invasión también tiene consecuencias para los exportadores que venden a Rusia, como los productores de aceituna negra de mesa extremeños. De los 26,8 millones de euros que exportó Extremadura a Rusia y Ucrania en 2021, cerca de un 60% (15,6 millones) eran conservas de aceituna, la mayor parte negra.

Aceitunas González, una empresa familiar de la localidad cacereña de La Granja, lleva trabajando más de 25 años en estos mercados, a los que va a parar más de la mitad de las exportaciones que efectúa. De sus latas han llegado a aparecer anuncios en la televisión rusa. El inicio de la invasión se produjo justo cuando tenía previsto enviar dos contenedores a Rusia y otros tantos a Ucrania. Tres semanas después, Loli González, la responsable de Exportación de esta firma, confirma que todo continúa parado «en cuanto a las cargas» de producto. En estos momentos, tratan de que las navieras les aclararen «lo que van a hacer con los contenedores que estaban en camino cuando estalló la guerra, que todavía no nos han confirmado su destino. Parece que alguno llegará al cliente, pero hay mucha confusión. Estamos en contacto diario con el cliente, que es quien nos informa sobre las mercancías que llegan», cuenta. Posteriormente, una vez resuelta esta cuestión, «y si no hay más complicaciones», estudiarán «las posibilidades de seguir enviando mercancía».

GANADERÍA

Cierre de explotación en la España vaciada

Irene Barahona/Jorge Heras, Zamora/Zaragoza

El aumento de costes de producción por la guerra asesta un golpe más al sector primario, que entre tractoradas multitudinarias y protestas, ve como cada día más profesionales agrarios abandonan el oficio en zonas como Castilla y León. Miles de ganaderos son incapaces de hacer frente al aumento de costes de la alimentación de los animales. El lechón y el porcino cotizan muy por debajo de los precios de hace un año, pero su producción se ha encarecido en un 80%.

Estas son las realidades que están paralizando el campo desde septiembre, cuando llegaban los primeros avisos de un posible desabastecimiento en los próximos meses y que han hecho temblar Castilla y León.

Una situación cuya consecuencia final es el cierre de explotaciones. En Zamora el último en abandonar ha sido un ganadero de 27 años de Bermillo de Sayago, comido por las deudas. La pirámide de población del sector se desmorona ante la falta de relevo generacional, que, en caso de llegar, no resiste las condiciones.

Las tractoradas han llenado las calles de Zamora, Valladolid, León, Salamanca o Burgos, en las que miles de agricultores y ganaderos de las nueve provincias han exigido precios justos y respeto para el mundo rural. Una lucha abierta en la que se ha derramado incluso leche, cuando los ganaderos de vacuno vaciaron sus tanques frente a las lácteas en protesta por la venta a pérdidas, el litro se pagaba a cuatro céntimos por debajo de su coste de producción.

Con la desaparición de la ganadería de los pueblos de Castilla y León también se va la poca población que queda. Y es que este es el único oficio capaz de fijar población en la región más vacía de la Unión Europea, con densidades por debajo de los 6 habitantes por kilómetro cuadrado en zonas como el oeste de Zamora, conocida como La Raya, donde ya casi no quedan ni agricultores ni ganaderos.

Las dificultades de la ganadería también se viven en Aragón, que es el segundo mayor productor nacional del alimento para animales y tiene la mayor cabaña de cerdos del país, con casi 10 millones de cabezas.

«Estamos muy inquietos y tratando de buscar alternativas para que no haya desabastecimiento», asegura Manuel Esteve, presidente de la Asociación de Criadores de Porcino de Teruel (Acriporte). «Hay preocupación y los efectos ya se empiezan a notar», asegura Enrique Bascuas, presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Aragón y gerente de la empresa Ars Alendi, ubicada en Gurrea de Gállego (Huesca). «Los flujos comerciales estaban estabilizados y se están viendo alterados. Los distribuidores ya nos plantean alternativas de suministro», apunta. Estas pasan fundamentalmente por Sudamérica, con Brasil y Argentina como principales aliados. «La mayor parte de la ganadería ya está en pérdidas. Nos esperan unos meses de tensiones», indica.

El estallido bélico recrudece así la tormenta perfecta que ya sufre el sector agropecuario por la escalada de los costes de producción (sobre todo los energéticos) que ya se viene registrando desde hace un año y la situación de prealerta por sequía en que buenas parte del territorio.

PESCA Y CONSERVA

Amarrados hasta que amaine

Lara Graña, Vigo

El puerto de Vigo ha sufrido reiteradas metamorfosis. Antes de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, en la dársena gallega operaba la afamada flota de los 300. Era el ejército pesquero que operaba en aguas del caladero de Gran Sol, en lo que serían después dominios jurisdiccionales de Irlanda y Reino Unido, faenando merluza o rape. Hoy quedan menos de una veintena de unidades de aquel músculo de pesca extractiva. Y, la mayoría, descargan en puertos como Castletownbere o Killybegs, y envían su mercancía por camión. El trayecto por mar quita cuatro o cinco días de pesca, y sale rentable pagar el transporte. Por eso, a excepción de la relativa atonía de los lunes -la flota de proximidad no opera en fin de semana-, la plataforma logística del puerto tiene una actividad taquicárdica de martes a viernes, aunque no haya barcos descargando.

La escalada inflacionista en plena guerra ha roto esa efervescencia. El litro de gasóleo pesquero cerró 2021 con un precio medio de 0,44 euros y terminó esta semana por encima de los 1,15. No es sostenible, principalmente para los barcos de arrastre. La flota de cerco -unas 350 embarcaciones por toda Galicia- ha dejado de operar, y le seguirán congeladores y atuneros. «En cuanto rematemos esta marea no vamos a repostar, vamos a esperar a que esto mejore un poco», constata un armador con flota en el Atlántico Suroriental. El riesgo de parálisis amenaza la actividad de más de 300 buques, solo en Galicia.

Es una reacción en cadena. Los barcos que sí han optado por seguir pescando -no existe unidad sectorial - se han topado de bruces con los paros del transporte. En medio de un conflicto así, los seguros no cubren las eventuales pérdidas de mercancía, con lo que las empresas pequeñas de logística no quieren arriesgarse a salir a la carretera. «A mí no me gustaría que me mandaran a casa, estamos pescando, pero entiendo a la empresa. Acabamos de gastar 30.000 euros en combustible, el doble que hace dos meses y medio, y la última vez facturamos casi 70.000». Con estas cifras, que menciona el jefe de máquinas de un barco de 36 metros de Gran Sol, ya no hay rentabilidad para la armadora. Si pierde la mercancía por no poder entregarla, números rojos.

El parte de daños se extiende a la conserva, que factura en España -principalmente en Galicia- más de 3.000 millones de euros al año. De las 100.000 toneladas de aceite de girasol importadas para la industria alimentaria con base de proteína marina, el pescado y marisco enlatados consumen hasta el 60%. Casi todo viene de Ucrania. «No tenemos alternativas», lamenta el secretario general de la patronal Anfaco-Cecopesca, Juan Vieites.

Las empresas cuentan con esta materia prima para un par de semanas, sin contar con la próxima escasez de especies pelágicas (sardina, caballa, anchoa) si la paralización de actividad en la flota se mantiene durante mucho tiempo. «Si los paros en el transporte no se frenan, agotaremos stock este fin de semana y tendremos un problema muy serio», abunda el director general de una de las principales frigoríficas del arco atlántico español.

La solución inmediata no existe; la paliativa, para la industria, pasa por anular de forma transitoria parte de la recaudación fiscal de los hidrocarburos, o por subvenciones. El panorama es inaudito. «Una ruina», dice el presidente de Iberport, Manuel González, que cifra las pérdidas de empresas como la suya en 20.000 euros diarios.

Incertidumbre y temor al contagio, sin que nadie pueda declararse inmune. Los efectos de la guerra en Ucrania se ceban en todos los sectores. Así difícilmente la economía española crecerá el 7% previsto por el Gobierno para este año. De hecho el panel de previsiones que elabora Funcas con una veintena de servicios de estudios sitúa ya en el 4,8% el alza del PIB para este año, ocho décimas menos que en la estimación anterior. Esta tendencia a la desaceleración contrasta con una inflación que no para de escalar, hasta el nivel de hace más de tres décadas (7,6% en febrero). Eso ya ha echado a la calle a transportistas y también a los agricultores y ganaderos, asfixiados por el incremento de costes. Luz, gas y combustibles disparados se unen a parones en la producción y falta de componentes, lo que ya ha llevado al Gobierno a preparar un fondo para los nuevos ERTEs previstos en la reforma laboral.

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