La fiscalía acusa a Bartomeu de omitir "los deberes de diligencia y lealtad" en la gestión del patrimonio del Barça

La Fiscalía de Barcelona acusa al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu de omitir "los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio" del club "que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva, a quien habría ocultado la realidad de los aspectos de las operaciones" investigadas, según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El juzgado que instruye el proceso judicial ha citado a declarar por ahora al exmandatario. El delito que le atribuye la acusación pública es de administración desleal. El presunto perjuicio ocasionado es de unos 13 millones de euros, muy inferior a la cantidad global que se desprendía de la auditoría encargada por el actual presidente del club, Joan Laporta, que era de unos 30 millones.

Se investiga al exconsejero delegado del club, Óscar Grau, (también imputado en el 'Barçagate') y al exjefe del gabinete jurídico Román Gómez Ponti, además de a otros exdirectivos del Barça, como el exvicepresidente deportivo Jordi Mestre Masdeu, el ex CEO Ignacio Mestre Juncosa y el abogado José Ángel González Franco, pero la acción de la fiscalía va dirigida contra 11 personas. En este grupo figura también el que era director financiero del club, Francisco Schröder Quijano, Jordi Moix Latas, comisionado del Espai Barça, y su administrador de bienes, Xavier Gómez Segala, así como Domingo Goenaga Campmany y Óscar Sambola, que en 2017 eran presidente y director de la Fundació Club Esportiu Laietà. La fiscalía proponía, además, la declaración como testigos de otros exdirectivos del FC Barcelona y del Espai Barça, aunque todavía no están citados por el juzgado para que presten declaración.

Las operaciones bajo la lupa de los investigadores son: el fichaje del jugador brasileño Malcom, delantero que prestaba sus servicios profesionales para el Club FC Girondins Bourdeaux, las minutas que el club pagó al abogado González Franco de 1,7 millones de euros (se pagó en dos años) por cerrar el acuerdo que la entidad llegó con la fiscalía y la Agencia Tributaria por el impago de impuestos en el fichaje de Neymar, lo que supuso un ahorro para la entidad, y el desembolso de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça. En la denuncia no se hace referencia a una supuesta comisión que cobró el abogado por el fichaje de Griezmann.

El abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, aseguró a través de un comunicado que la voluntad del expresidente del Barça "ha sido y es" aclarar ante la justicia "su trabajo en relación con la gestión" al frente del club, en la que, reconoce, "pudo haber aciertos y desaciertos", pero no "un beneficio patrimonial personal alguno".

La operación Malcom

La fiscalía detalla con precisión la operación por el fichaje de Malcom. El 1 de julio de 2018, el Barça firmó un contrato de prestación de servicios con la entidad Business Fútbol España, cuyo administrador era Josep Maria Miguella Pimentel (hijo del mítico agente de futbolistas y que no está acusado). El objetivo era que el jugador del Girondins recalara en el FC Barcelona. En ese acuerdo, según la denuncia, intervino Bartomeu, Jordi Mestre y Grau. Días más tarde, el 24 de julio, el delantero firmó el contrato con el club y esta empresa intermediaria cobró 8,4 millones de euros. En abril del 2019, el Barça pagó otros 855.000 euros a otra compañía, Elenko Sports, también por su participación en la misma operación.

La acusación sostiene que existe la posibilidad de que el FC Barcelona hubiese realizado pagos por terceros "para dar cobertura" a los desembolsos comprometidos con la sociedad Bussines y terceros por servicios "no pactados con el club" y, de esta manera, se hubiera "alterado" el régimen legal de las retenciones de Hacienda. Y recalca que "en ningún momento" el Barça firmó un acuerdo de intermediación para el fichaje de Malcom con Elenko Sports. Años más tarde, el club presentó una declaración complementaria ante la Agencia Tributaria de los ejercicios 2018-2021 en los que se habrían realizado esos pagos "diferidos" con la "retención hipotéticamente alterada", ingresando al erario público 2,9 millones de euros en concepto de cuota tributaria, recargos e intereses de las retenciones no practicadas, lo que "podría haber causado un perjuicio" al equipo azulgrana

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