Terremoto sin precedentes en el fútbol inglés durante la última semana. La razón no es otra que la voluntad del Gobierno británico de establecer un regulador que controle la industria del fútbol más de cerca, aunque los grandes anuncios topan muchas veces con la realidad. Es cierto que puede suponer un gran cambio que el fútbol pase a ser un sector regulado por primera vez en Reino Unido y en Europa, pues hasta ahora se había autogestionado, fuera a través de las ligas o el cuerpo de normas que emanan de FIFA y UEFA hacia abajo. Pero, una vez leídas las casi 100 páginas del libro blanco del 10 de Downing Street podemos concluir que poco cambio habrá.

Muchos aspiraban a que este movimiento del Ejecutivo impusiera una racionalización del gasto y el regreso del sistema a un modelo de autofinanciación y sostenibilidad económica. Nada más lejos de la realidad. “El Regulador no debe limitar ni disuadir indebidamente la inversión sostenible de los propietarios. Se debe permitir que los clubes disfruten de los beneficios de la inversión y el gasto, pero disfrutarlos siendo disciplinados”, sostiene el documento. ¿Entonces? ¿Servirá para evitar situaciones pasadas como las de Manchester City o Chelsea FC, en las que se asumieron más de 1.000 millones de inyecciones de capital por club?

No está claro y el documento es muy ambiguo al respecto. Tan solo se refiere a una posible intervención en caso de que esas inyecciones se conviertan en un elemento “desestabilizador”. Pero, ¿no lo es ya el hecho de que la ausencia de control económico haya provocado que anualmente la Premier League cierre en pérdidas? Los números rojos agregados en la categoría entre 2018 y 2021 ascienden a 1.841 millones de libras, a los que se suman otros 957 millones de libras en la Championship, según datos de 2Playbook Intelligence.

Si esas pérdidas se han producido es porque la autorregulación de la que se han dotado Premier League y EFL en todo este tiempo se basa en que no hay más límite que los números rojos no superen los 105 millones de libras en ciclos de tres años y que estas siempre sean cubiertas por el propietario. Es decir, que esa distorsión hace años que existe.

Al político inglés siempre le quedará decir que salvó al fan de que le cambien el escudo, los colores y el estadio. Que blindaron al 'football' de la Superliga. Pero no de que afianzaron su viabilidad. Emiratos y fondos respirarán al leer el documento mientras el fútbol europeo confía en la que la reforma de UEFA surta efecto.

Barça, Negreira y los patrocinios

Cada día que pasa, la sombra de sospecha es más alargada. El término presunto seguirá usándose en todo momento hasta que se esclarezca para qué se pagaron tantos millones al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) y si, en caso de ser meros informes, no se pagó un sobreprecio. No hace falta mucho ojo para ver que es raro que un asesor externo cobre más que cualquiera de los miembros de la alta dirección del FC Barcelona. De momento, las explicaciones han sido vagas y poco convincentes, mientras que el daño reputacional por ahora se concentra sobre todo a nivel estatal. El problema es si continúan las dudas y las medias verdades, y la polémica salta al extranjero si empieza a complicarse la situación.

En un momento en el que el buen gobierno corporativo es uno de los elementos clave en la gestión de cualquier compañía, el Barça puede correr el riesgo de ver cómo algunos de sus patrocinadores se bajan del carro ante la polémica. Una cosa es una condena fiscal llena de argumentos técnicos; otra muy diferente que se pruebe que intentó influir desde los despachos en el devenir de la competición. Y los contratos ya suelen prever cláusulas de salida por algo así.