El COE comunica el acuerdo en la candidatura de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

Pese a los últimos aspavientos del Gobierno de Aragón, el COE ha comunicado, como estaba previsto, el acuerdo técnico para la candidatura de Pirineos Barcelona para los Juegos Olímpicos de invierno del 2030. El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha trabajado para limar diferencias políticas y buscar una apuesta de consenso entre todos los implicados, Cataluña, Aragón, el gobierno de España y el COE para que primen, por encima de todo, aspectos deportivos y sociales.  

Después de que este diario avanzara el viernes que el lunes habría un acuerdo, Javier Lambán entró de nuevo en tromba, para negar el pacto y denunciar "la desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es absoluta”, pero no ha cambiado el 'timing' previsto. El COE, que deberá presentar el proyecto al COI, ha comunicado por carta la propuesta "presentada, debatida y acordada" a los presidentes español, catalán y aragonés para que lo ratifiquen. Una ratificación que se tiene que visibilizar el viernes en la sede del COE, donde están citados representantes de los dos ejecutivos autonómicos.

El ejecutivo aragonés sigue sobreactuando para marcar perfil, diciendo ahora que no habrá acuerdo técnico hasta que no se pacten el nombre y las ceremonias, algo que precisamente se dejó para después del acuerdo técnico. El consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, ha explicado este lunes que analizarán "si existe ese equilibrio en cuanto a número de pruebas, estaciones y sedes" en el acuerdo que su negociador había acordado. 

"Cuando se llega a este acuerdo es que todos estamos de acuerdo para hacer la candidatura competitiva", ha comentado Mònica Bosch, coordinadora de la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030, satisfecha porque "el centro sea el Pirineo, tenemos claro que lo hacemos para mejorar la calidad de vida en el Pirineo". Bosch fue en su día responsable de Deportes de la Oficina Técnica Barcelona Pirineus 2022. A diferencia de aquel primer intento de que Barcelona fuera la primera ciudad en acoger unos Juegos de verano e invierno, esta vez no es la capital catalana sino el COE el que lidera el proyecto, intentando tender puentes entre los dos gobiernos autonómicos.

Como ya explicó este diario, se repartiría las pruebas de hielo, las que más audiencia generan: hockey en el Sant Jordi de Barcelona (y una sede catalana, como podría ser el pabellón del Barça) y patinaje y 'curling' en Zaragoza y Jaca, respectivamente. 

El Pirineo aragonés albergaría el biatlón en Candanchú y el esquí de fondo, mientras que el catalán acogería las pruebas de esquí alpino en La Molina-Masella, snowboard y freestyle en Baqueira-Beret y esquí de montaña (aún por decidir ubicación). Fuera del programa olímpico, se podría hacer telemark en el Pallars y mushing en el Alt Urgell. 

Mirada puesta en Sarajevo

Para el resto de pruebas se exploró la posibilidad de realizarlas en Andorra, los Alpes franceses y suizos, aunque la prioridad sigue siendo trabajar con Sarajevo como subsede. La capital de Bosnia albergaría pruebas como las de 'skeleton', 'bobsleigh' o saltos, para cumplir con la nueva norma del COI, la Agenda 2020+5, que obliga a los nuevos proyectos olímpicos a no construir ninguna instalación nueva que no garantice la sostenibilidad, el impacto y el legado de la inversión. Entre Barcelona y Sarajevo, además, existe un histórico vínculo sentimental, desde los Juegos del 92. El estado de las pistas y la cuestión geopolítica actual generan dudas, aunque por el momento la prioridad ha sido resolver primeros las sedes españolas.

Tras el anuncio del acuerdo técnico para el reparto de las sedes, ahora queda pendiente la presentación del nombre de la candidatura y dónde se celebran las ceremonias de apertura y clausura. También se tendrán que empezar a hacer números del coste. Cuando lo iba a realizar en Cataluña en solitario, la Generalitat calculaba unos 1.390 millones de euros para la organización. Ahora, con la candidatura conjunta, se deberá hacer números de nuevo, no solo del coste de organización sino también de infraestructuras. 

Pendientes de las urnas

La Generalitat prevé anunciar esta semana la consulta territorial para julio y baraja que pueda ser tanto presencial como telemática. La votación se iba a ceñir a las comarcas que forman la veguería del Alt Pirineu y Aran, es decir Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell y la Cerdanya. Pero tanto la CUP como los ‘comuns’ exigen que se haga extensible a las comarcas del Berguedà, Solsonès y Ripollès. La votación no es vinculante pero el ejecutivo catalán ya ha dicho que respetará el resultado que salga de la votación.