Tras pasar la noche en el calabozo después de ser arrestado el lunes por los Mossos, Josep Maria Bartomeu pasa este martes a disposición judicial. Él y su antigua mano derecha en el Barça, Jaume Masferrer, han quedado en libertad con cargos tras negarse a declarar delante de la jueza Alejandra Gil, como les habían recomendado sus abogados. Lo han hecho a partir de las 9 de la mañana, a la misma hora en la que empezaba el segundo debate entre los tres aspirantes a suceder al expresidente azulgrana. Según han explicado a esta diario fuentes judiciales, la magistrada ha levantado el secreto de sumario y no imputa al Barça, sino que lo considera perjudicado por el caso.

Ha pasado un año ya desde que la cadena SER destapó el Barçagate y se había postergado hasta en seis ocasiones el levantamiento del secreto de sumario sobre la investigación y, para no interferir en las elecciones, se iba a levantar el 11 de marzo. El caso explotó de lleno en la semana en la que el club azulgrana elegirá nuevo presidente. Bartomeu fue detenido junto a Masferrer, su antigua mano derecha,a Òscar Grau , CEO del club, y a Román Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos, después de que la unidad de los Mossos d'Esquadra especializada en delitos económicos se personaran en las oficinas del club.

Los cuatro detenidos se negaron a declarar, como les habían recomendado sus abogados defensores. Esta indicación es habitual cuando hay secreto de sumario, ya que los arrestados desconocen las pruebas que hay contra ellos. Todos optaron por no hablar pero, mientras Gómez Ponti y Grau salieron en libertad, Bartomeu y Masferrer pasaron la noche en el calabozo. Estos dos últimos se sentaron este martes por la mañana ante la magistrada. Tras negarse a declarar, han salido por la puerta de atrás evitando a las cámaras y periodistas que les esperaban delante de la Ciutat de la Justícia.

Los Mossos d'Esquadra analizarán el teléfono móvil de Bartomeu, así como su tablet y ordenador personal, según fuentes conocedoras de la investigación. Estos tres elementos le fueron confiscado el lunes por los agentes en el registro efectuado en su domicilio. Fuentes jurídicas aseguraron a este diario que en los casos de registros simultáneos con varios investigados, como en el proceso sobre el Barçagate, es habitual la detención de los principales inculpados para que no puedan comunicarse entre ellos.

La jueza que instruye la causa, asimismo, ha expulsado del procedimiento judicial a los socios que presentaron la primera denuncia y que dio lugar a la investigación. En concreto, se les ha notificado que no pueden ejercer la acusación particular porque no son perjudicados directos, ya que el Barça no figura como investigado, sino como "perjudicado". El abogado del club, Carles Monguilod, ha confirmado a este diario que se personaron el pasado mes de julio como afectados, pero que deberá ser la investigación quien determine si se produjo perjuicio para la entidad, así como la existencia o no de determinados delitos. La causa está abierta por administración desleal y corrupción entre particulares.

Si los socios que presentaron la denuncia inicial quieren continuar en el proceso, deberán actuar como acusación popular (no particular). Eso sí, previo pago de una fianza de 7.000 euros por cada uno de los socios. Lo mismo tendrán que hacer otras personas que han solicitado participar en las diligencias judiciales, entre ellos el productor televisivo Jaume Roures, que presentó una querella por administración desleal y por un delito contra el honor al haber sido víctima de los mensajes lanzados en las redes sociales por la empresa contratada por el Barcelona, I3Venture, una de las dos empresas que fueron registradas en lunes por los Mossos. Sin embargo, no encontraron nada porque la empresa se ha trasladado a otro país.

La magistrada admitió a trámite el 14 de julio la denuncia contra Bartomeu, Masferrer y Carlos Ibáñez por administración desleal y corrupción entre particulares que había presentado el colectivo Dignitat Blaugrana por el contrato de la empresa I3 Ventures con el Barça. Dicha empresa se dedicaba a monitorizar la actividad en las redes sociales para la entidad azulgrana y, según la información de la emisora, de crear cuentas en las redes sociales para criticar a personalidades y entidades no afines a la junta de Bartomeu, entre ellos Messi y Piqué.

El club habría dividido el pago de un millón de euros a I3 Ventures en facturas de menos de 200.000 euros para no tener que someter dicho movimiento a una aprobación de la junta. La División de Investigación Criminal de los Mossos sostiene que el club habría pagado un sobresueldo del 600% y que no se habrían cumplido los trámites habituales ni los controles internos de la entidad.

El rol de la 'compliance officer'

Tras el escándalo, para limpiar su imagen el Barça encargó una auditoría a Price Waterhouse Cooper pero, en paralelo, la 'compliance officer' del club, Noelia Romero, en cumplimiento de la reforma del Código Penal del 2015, realizó una investigación interna, que complementa a la de Price, aunque ambas se producen de forma paralela e independiente sobre el caso 'Barçagate'

Cuando Romero es despedida, en julio, se pone a disposición de la Autoridad Judicial y con el objetivo de asegurar la integridad de su información y para que no pudiese ser manipulada por el club, entrega a los Mossos los tres dispositivos corporativos, no los suyos, privados, los del club (portátil, tablet y móvil), donde estaba toda la información del 'Barçagate' y otros temas y, en cualquier caso, después de haber querido declarar voluntariamente en el Juzgado de Instrucción nº 13 como testigo por el caso 'Barçagate'. Es en ese acto, donde entrega sus dispositivos.