Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club deportivo de Ibiza

Las familias de tres jugadoras de categoría infantil han presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza contra la entrenadora y presidenta del Club Deportivo de vóley y vóley playa La Tribu Ibiza y Formentera por unos hechos que podrían ser constitutivos de «delitos contra la integridad moral, maltrato psicológico en el ámbito de menores bajo posición de responsabilidad, acoso y falsedad documental», además de una «expulsión presuntamente injustificada de las menores».

Estas mismas familias también han trasladado los hechos a la Federación Balear de Voleibol, al Consell Insular de Ibiza, a los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni, así como a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al considerar que existe «opacidad económica y falta de transparencia financiera», según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza.

Según relatan los denunciantes, en una fecha anterior al pasado 26 de febrero la entrenadora «reunió a las tres menores sin la presencia ni el consentimiento de sus padres». Durante ese encuentro, siempre según la denuncia, «interrogó a las jugadoras sobre comentarios realizados por sus progenitores en el grupo de WhatsApp del equipo», señalándolas «delante de sus compañeras». Como consecuencia de esa situación, sostienen las familias, varias menores regresaron a sus domicilios «llorando y manifestando miedo a posibles represalias» si sus padres continuaban con sus reclamaciones.

Posteriormente, el 27 de febrero, se celebró una reunión convocada por la denunciada en el polideportivo municipal Quartó de Portmany, uno de los dos lugares donde transcurren los entrenamientos. Según la versión de los denunciantes, cuando los padres comenzaron a «exponer sus preocupaciones», la entrenadora «utilizó a las menores presentes para instar a los progenitores a abandonar el recinto», impidiéndoles, según su relato, «expresar sus quejas sobre cuestiones que habían sido previamente vetadas».

Días después, el pasado martes, las tres familias recibieron un correo electrónico remitido por la denunciada en su condición de presidenta del club, en el que se comunicaba la «expulsión definitiva» de sus hijas. El mensaje incluía un documento adjunto titulado «Acta de reunión y solución disciplinaria», fechado en Sant Antoni el 27 de febrero de 2026, pero notificado por primera vez el 24 de marzo, 25 días después de la fecha que figura en el propio documento.

Según la denuncia, este acta carece de las firmas del presidente y del secretario, un requisito que consideran esencial para su validez. Señalan que, en el propio texto, se «afirma la apertura de un expediente disciplinario y simultáneamente se impone la expulsión definitiva, invirtiendo el orden lógico del procedimiento y vulnerando el derecho de defensa».

Asimismo, añaden que el análisis de los metadatos del archivo PDF refleja que el documento fue creado y modificado por última vez el 24 de marzo a las 16.21 horas, el mismo día en que se remitió el correo electrónico. A juicio de los denunciantes, esta circunstancia evidenciaría que el documento no fue elaborado en la fecha indicada, sino semanas después, coincidiendo con la notificación y con la interposición de la denuncia. Todos estos hechos, según exponen, podrían ser constitutivos de varios delitos, si así lo determina la autoridad judicial.

Actuación de las instituciones

La Federación Balear de Voleibol ha confirmado a este diario que, tras tener conocimiento de los hechos, se «reunió con las familias afectadas» y abrió «un expediente que recoja toda la información pertinente», a través de los técnicos de su canal ético, quienes serán los «encargados de analizar la situación y elevar sus conclusiones a los órganos competentes».

Por su parte, el Consell Insular de Ibiza trasladó tanto a las familias como a este medio que el caso «no entra» dentro de sus «competencias», por lo que la capacidad sancionadora correspondería al Govern balear, al que ya se ha «dado traslado» de la información.

Versión del club

Este diario también se ha puesto en contacto con la entrenadora y presidenta del club, formado por 200 jugadoras, que niega de forma tajante las acusaciones y asegura que nunca ha habido ningún trato vejatorio hacia las menores. La responsable de la entidad sostiene que se trata de «familias conflictivas», que «vienen de servicios sociales» y que «acudían a los partidos como si fueran directores técnicos» y exigiendo que sus hijas «fuesen titulares».

Según su versión, el origen del conflicto se remonta al pasado 21 de febrero, durante un partido entre los dos equipos infantiles del club (12-13 años), en uno de los cuales jugaban las menores afectadas. Ese día, uno de los entrenadores tuvo que abandonar la instalación por la indisposición de otra técnica que tenía entrenamiento con otro equipo del mismo club en Santa Eulària, lo que obligó a la denunciada a hacerse cargo de ambos equipos.

En ese contexto, la entrenadora asegura que algunos familiares «gritaron al árbitro, que era menor de edad, que el entrenador había abandonado el partido, e insultaron tanto a la entrenadora como al colegiado». Según la denunciada, este comportamiento motivó que otros padres solicitaran una reunión posterior, en la que, afirma, las familias denunciantes «no dejaron hablar a nadie» e incluso uno de los progenitores «intentó agredir al entrenador».

La presidenta sostiene que, tras estos hechos, «el resto de niños y padres no quería entrenar más con ellos», lo que llevó a la decisión de expulsar a las jugadoras. En relación con las acusaciones de acoso, rechaza cualquier conducta irregular y asegura que las menores «han sido tratadas e integradas como el resto desde el primer momento» y que el cuerpo técnico «las ha cuidado desde el inicio».

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