El Govern recurrirá la regularización de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar

La vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, carga duramente contra el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central, al que acusa de imponer una política migratoria "sin consenso" y de trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una decisión que, a su juicio, carece de planificación y rigor.

En declaraciones a los medios, Estarellas ha reprochado al Ejecutivo estatal no haber convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración antes de aprobar la medida, un órgano que, según ha subrayado, debería haber servido para "informar y dar voz a las comunidades autónomas" en una cuestión que tiene un impacto directo en sus competencias. En este sentido, ha denunciado una nueva "imposición" por parte del Gobierno y ha enmarcado el decreto dentro de una estrategia política que, en su opinión, responde más a decisiones unilaterales que a un análisis compartido.

La vicepresidenta ha anunciado que el Govern balear recurrirá el decreto y solicitará su suspensión cautelar ante los tribunales. "Ya lo anunciamos: una regularización hecha de esta manera, sin consenso, no es adecuada", ha insistido, dejando claro que el Ejecutivo autonómico esperará a conocer en detalle el contenido de la norma para articular su respuesta jurídica. "Una vez que se ha pronunciado esta decisión del Estado, analizaremos la letra pequeña y actuaremos en consecuencia", ha añadido.

Uno de los ejes centrales de su crítica ha sido la falta de concreción sobre el alcance real de la regularización. Estarellas ha asegurado que el propio Gobierno central no ha detallado cuántas personas podrían acogerse al proceso, lo que, a su juicio, evidencia una falta de previsión. "No saben ni de qué cifras estamos hablando", ha afirmado con rotundidad, para añadir que, según sus cálculos iniciales, la medida podría afectar a "más de 30.000 personas" en el conjunto de las islas.

A partir de esta incertidumbre, la vicepresidenta ha advertido de las consecuencias que, en su opinión, tendrá la medida sobre los servicios públicos y la gestión autonómica. Ha señalado que no se ha evaluado el coste que supondrá para las comunidades autónomas ni el impacto que puede tener en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. "Tampoco se ha visto que no haya coste para las comunidades autónomas", ha lamentado, subrayando que serán los territorios quienes deban afrontar en su día a día los efectos de esta decisión.

En la misma línea, Estarellas ha insistido en el riesgo de que la regularización genere un "efecto llamada", al considerar que la medida puede incentivar la llegada de nuevas personas en situación irregular ante la expectativa de obtener permisos de residencia. "Seguimos reivindicando que esta medida no es buena", ha señalado, cuestionando que responda a una "reflexión bien hecha" sobre la política migratoria y sus implicaciones a medio y largo plazo.

La vicepresidenta ha ido más allá y ha criticado lo que considera una falta de transparencia por parte del Gobierno central, al no haber concretado ni el volumen de expedientes ni los mecanismos de gestión. "Lo más grave es que no saben ni de qué número estamos hablando", ha reiterado, insistiendo en que esta indefinición dificulta cualquier planificación por parte de las administraciones autonómicas.

En este contexto, Estarellas ha defendido que la política migratoria es una competencia estatal, pero ha reclamado una mayor coordinación con las comunidades. "Me gustaría que esto sirviera como una llamada de atención al Gobierno de España", ha señalado, apelando a la necesidad de tener en cuenta la realidad de territorios como Baleares, donde, según ha recordado, las decisiones en esta materia tienen un impacto directo en la gestión cotidiana.

Finalmente, la vicepresidenta ha confirmado que el Govern seguirá adelante con las acciones legales previstas y ha reiterado su rechazo frontal al decreto. "No es una buena medida para los ciudadanos", ha concluido, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico utilizará todos los instrumentos a su alcance para frenar su aplicación.

Rechazo a la inscripción de inmigrantes

El Govern ha rechazado la inscripción en el SOIB de inmigrantes en situación irregular. El Servicio de Empleo de las Illes Balears, dependiente de la Consejería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, advirtió en el mes de enero de la falta de cobertura jurídica, de la ausencia de un marco normativo estatal claro y del riesgo de introducir inseguridad jurídica en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo.

Asimismo, el SOIB alertó de que la propuesta no definía las consecuencias en caso de resolución desfavorable de los expedientes de extranjería, ni establecía protocolos claros de actuación para los servicios autonómicos, lo que podría generar disfunciones en la gestión ordinaria y en la atención a las personas demandantes de empleo. El Govern reitera que cualquier decisión en este ámbito debe estar sustentada en la seguridad jurídica, en una regulación estatal clara y en una adecuada dotación de recursos, con el fin de no comprometer la eficacia de las políticas activas de empleo.

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