Baleares aprueba el reglamento de taxi y VTC y descarta aceptar 10.000 nuevas licencias

El Govern balear ha aprobado el primer reglamento que desarrolla la Ley 4/2014 de Transportes Terrestres de Baleares, doce años después de su entrada en vigor. El decreto, sin rango de ley, regula de forma integral los servicios de taxi y VTC en las islas y establece un marco jurídico compuesto por 63 artículos para ordenar un sector considerado clave para la movilidad de residentes y visitantes.

El Ejecutivo sitúa la aprobación en un contexto de transformación profunda del sector, incremento de la presión sobre el territorio y un escenario competencial y judicial complejo tras los pronunciamientos judiciales de los últimos años. Según el Govern, la norma responde a una necesidad clara: dotar de seguridad jurídica a un sector estratégico y fijar criterios objetivos para regular el número de licencias y autorizaciones en un territorio limitado.

Factores determinantes

Uno de los factores determinantes ha sido el volumen de solicitudes registradas en 2023, cuando se presentaron más de 10.000 peticiones de nuevas licencias. En la actualidad existen 2.540 licencias de taxi y alrededor de 740 autorizaciones de VTC, algo más de 3.000 en total. El Ejecutivo considera que asumir 10.000 nuevas licencias sería "absolutamente desproporcionado y medioambientalmente insostenible en un territorio insular y frágil". El Govern no ha concretado cuántas solicitudes serán finalmente aceptadas, aunque descarta que la cifra alcance ese volumen. Todas se tramitarán, pero únicamente se concederán aquellas que se ajusten a los criterios objetivos establecidos en el decreto.

El reglamento pivota sobre dos factores fundamentales: la congestión del tráfico y la calidad del aire. No podrán otorgarse nuevas licencias cuando se superen los niveles de congestión viaria en cada ámbito territorial ni cuando se rebasen determinados valores de contaminación atmosférica. Solo se prevé la concesión excepcional y temporal de autorizaciones cuando las necesidades de movilidad estén justificadas y exista un informe previo motivado del órgano competente. El Govern sostiene que las sentencias dictadas en estos años avalan la posibilidad de establecer límites siempre que estén debidamente justificados por razones de interés general, y asegura que el texto se ajusta a las apreciaciones del Consell Consultiu.

Exigencias medioambientales

La norma "no pretende enfrentar" al taxi con las VTC, asegura el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, sino ordenar el sistema bajo parámetros "claros, transparentes y objetivos". El decreto da continuidad al trabajo realizado y ha sido fruto de un "amplio diálogo" con el sector. Además de fijar límites cuando sea necesario, busca mejorar el servicio y hacerlo "más sostenible, accesible y competitivo", en un sector compuesto mayoritariamente por autónomos en el taxi y pequeñas y medianas empresas en el ámbito de las VTC.

Entre las novedades destacan las exigencias medioambientales. Con carácter general, los vehículos de hasta cinco plazas deberán contar con clasificación ambiental cero emisiones o ECO. Las excepciones se limitan a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. En materia de accesibilidad, los ayuntamientos deberán garantizar que al menos el 5% de las licencias de taxi y VTC correspondan a vehículos adaptados, mientras que las empresas de VTC con más de diez licencias deberán disponer de un mínimo del 10% de vehículos adaptados.

El reglamento también refuerza la lucha contra el intrusismo y homogeneiza los requisitos para ejercer como conductor, con el objetivo de profesionalizar el sector y elevar los estándares de calidad. En el caso de las VTC, se exige que la contratación sea previa a la prestación del servicio. Tras los pronunciamientos judiciales que descartaron imponer un tiempo mínimo de 30 minutos de precontratación, el decreto no fija un plazo concreto, pero mantiene la obligación de que exista una contratación real y previa. Si se acredita que no ha habido precontratación, el servicio podrá ser objeto de sanciones. Asimismo, se refuerzan las condiciones para evitar la captación de viajeros en la vía pública.

Fomentar los acuerdos

En el ámbito del taxi, la norma fomenta acuerdos entre municipios para constituir regímenes especiales de recogida de viajeros y áreas de prestación conjunta de servicios, con el fin de mejorar la eficiencia y adaptar la oferta a las necesidades reales de movilidad.

Con este decreto, el Govern culmina el despliegue reglamentario de la ley autonómica de transportes y dota a ayuntamientos y consells de herramientas "sólidas" para tramitar las solicitudes bajo criterios vinculados a la capacidad real del territorio y a la protección de la salud pública. El Ejecutivo insiste en que la movilidad debe garantizarse pensando primero en residentes y visitantes, pero siempre dentro de los límites que impone un territorio insular con recursos finitos.

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