El ministro Oscar Puente pone en evidencia al PSIB y autoriza el alquiler de barcos privados en las islas

"El ministro Oscar Puente ha dejado en ridículo al PSOE balear". La afirmación es compartida casi de forma idéntica por los presidentes de las asociaciones APEAM-Chárter Náutico y de la asociación de empresas de chárter AECIB, José María Jiménez y Pedro Francisco Gil respectivamente. El motivo es que el real decreto publicado el pasado día 26 por Transportes y que modifica algunas normas de Marina Mercante incorpora la posibilidad de alquilar embarcaciones de uso privado (lista séptima) durante tres meses al año como si fueran profesionales (lista sexta), pero sin incluir la prometida excepción para que Baleares pueda evitar esta opción, tal y como habían prometido los socialistas de las islas asegurando que el Ministerio había asumido este compromiso. La diputada balear del PSOE Milena Herrera asegura que esta promesa se va a cumplir en un futuro decreto y antes de que se inicie la temporada estival, alegando que no ha habido tiempo de hacerlo en el recién aprobado.

Pese a esta explicación de Herrera, desde las asociaciones del chárter náutico del archipiélago se insiste en que el problema es que "Madrid no escucha a nadie, y menos a Baleares", e incluso José María Jiménez pone en duda la influencia que la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, tiene en el Gobierno, al tiempo que se pregunta si ella es consciente "de que las islas somos el epicentro del chárter náutico de España, con un sector empresarial absolutamente consolidado y suficiente para cubrir la demanda existente".

A su vez, Pedro Francisco Gil recuerda que el PSOE y el Ministerio se comprometieron "a exceptuar a Baleares, entre otras causas, por ser una comunidad autónoma que en su litoral no es beneficiada en su sostenibilidad ni seguridad. Llenar el mar a las 10 horas y vaciarlo a las 18 va a suponer un auténtico caos no solo al buscar un lugar donde fondear, sino para la propia gestión portuaria. Desde AECIB advertimos que este hecho en Baleares ocasionará lamentablemente un gran problema hacia la seguridad, y esperamos que no se pierdan vidas humanas".

Lucha entre Baleares y Madrid

El real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado permite a las embarcaciones de uso privado que se puedan alquilar durante tres meses al año, una posibilidad que la práctica totalidad del sector de las islas y de sus partidos políticos rechaza (el anterior Govern del Pacto también se pronunció en contra) y que ha llevado al actual Ejecutivo de Marga Prohens a prohibirla pese a entrar en colisión con el estatal.

Los argumentos esgrimidos por el director general de Puertos de las islas, Antoni Mercant, para oponerse a ese alquiler de embarcaciones privadas son que se puede generar un daño muy importante a empresas de chárter de Baleares de demostrada profesionalidad y muy consolidadas, pero también que se puede favorecer una saturación todavía más acentuada del litoral balear, donde ya se padece este problema. Así, da una especial importancia al deterioro medioambiental que se puede crear y a las cuestiones de seguridad.

Jiménez apunta que el real decreto del ministerio de Transportes recién publicado ha sido recibido con una alarma relativa por parte del sector, pese a admitir que es una mala noticia, debido al compromiso de Mercant de que en Baleares no va a permitir ni una declaración para que una embarcación privada se pueda alquilar, a lo que se suma el que las peticiones recibidas por el Ministerio para poder desarrollar esa comercialización son mínimas en el conjunto del país. Añade que los costes que suponen las medidas para poder desarrollar esa práctica son lo suficientemente altos como para desincentivarla. Pese a ello, insiste en que se trata de una iniciativa negativa y que los socialistas de las islas han quedado en evidencia al no haberse cumplido la promesa que hicieron.

Por su parte, Gil recuerda que la decisión del Govern de prohibir ese alquiler en contra del criterio del Ejecutivo estatal ha generado un conflicto competencial que finalmente deberá dirimirse en el Tribunal Constitucional.

Reacción del PSOE

Desde el PSOE balear se ha querido capear este temporal alegando que aunque la excepción balear a la comercialización de embarcaciones privadas durante tres meses al año no se ha incluido en el real decreto recién aprobado, se hará en otro posterior.

La diputada por las islas del PSOE, Milena Herrera, afirma que el texto de dicho decreto había superado ya trámites como pasar por el Consejo de Estado, por lo que el Ministerio ha optado por no modificar el texto inicial y permitiendo ese alquiler por tres meses en el conjunto del país.

Sin embargo, asegura contar con el compromiso de Transportes de que la excepción balear se contemplará en un próximo real decreto, y que este se aprobará con tiempo suficiente para que durante la próxima temporada turística no se puedan alquilar durante tres meses los barcos de uso privado.

Por contra, desde el PP lleva tiempo poniéndose en duda que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a respetar ese compromiso.

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