150 millones extra a los funcionarios de Baleares: el Govern podrá pagarlo a plazos si equipara el plus de insularidad
El STEI ofrece al Ejecutivo autonómico abonar en tres años el dinero que debe a los trabajadores públicos con la condición de que iguale el complemento de residencia al de Canarias, una demanda histórica del sector

Imagen de archivo del último inicio de curso en un colegio de las islas. / Bernardo Arzayus
El sindicato STEI ha ofrecido al Govern abonar a plazos los 150 millones de euros que debe el Ejecutivo autonómico a 50.000 funcionarios de Baleares a cambio de dos condiciones: equiparar el plus de insularidad al de Canarias —una demanda histórica del sector público de las islas— y que este complemento se iguale para todos los grupos de trabajadores públicos sin importar su nivel profesional.
Como se recordará, la Administración balear debe pagar esta cantidad a los funcionarios, que supone entre 2.500 y 3.000 euros por cada trabajador público (la cuantía depende del salario del empleado en concreto), en virtud de de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra el anterior Govern del Pacte de Progrés que decidió no aplicar la subida retributiva establecida por el estado en 2020 y 2011, por un total del 2,9%.
La sentencia es firme desde septiembre y revoca una congelación de sueldos que afectó a más de 50.000 empleados públicos, según el STEI, entre personal docente, sanitario, de servicios generales y sector público instrumental. En otros sectores, como la enseñanza concertada o la UIB, podría afectar de forma indirecta, pero depende de otros procedimientos y todavía no está confirmado. El TSJB tumbó la decisión del anterior Govern de Francina Armengol después de que el sindicato demostrara que el resultado de las cuentas del Govern era positivo cuando no aplicó una subida retributiva del 2,9% durante los años 2020 y 2021.
El secretario general del STEI, Miquel Gelabert, ha advertido esta mañana en rueda de prensa que en enero el sindicato podría pedir a los tribunales la ejecución forzosa de esta sentencia, pero antes ha lanzado una última propuesta al Govern. Si el equipo de gobierno que lidera Marga Prohens acepta, podrán abonar los 150 millones en tres años: un primer pago en enero de 2025 (que supondría el 33% de la deuda), otro en enero de 2026 (con lo que pagaría hasta el 66% de la deuda) y un último pago en enero de 2027, teniendo en cuenta los correspondientes intereses en cada uno, aunque el STEI llegaría a admitir cierta flexibilidad en los plazos. A los funcionarios que se han jubilado durante el proceso judicial se les abonaría el 100% de la deuda que les corresponde de golpe enero de 2025, y también se iría liquidando para los que finalizan su contrato o nombramiento.
Con todo, la calendarización de los pagos implica aceptar la equiparación del complemento de residencia que perciben los funcionarios de Baleares a los de Canarias (incluso aunque el coste de la vida es más caro aquí, advierten los sindicalistas), y también igualar este plus salarial para todos los empleados públicos del archipiélago, sean del nivel profesional que sean, "porque el coste de la insularidad es el mismo para todos", argumenta el STEI. De no llegar a este acuerdo, el sindicato amenaza con ejecutar el pago forzoso por vía judicial en enero, por lo que el Govern se vería obligado a pagar toda la deuda a principios del año que viene.
De hecho, el secretario general de STEI ha advertido que "la vida continúa" pese a que Prohens haya tenido que retirar sus presupuestos para el año que viene y prorrogar los anteriores, un hecho que aunque dificulta la situación económica de las islas no quita que la sentencia "tenga que ejecutarse sí o sí". Lo que prima ahora es pagar y cumplir con la sentencia, ha recordado Gelabert, por mucho que se prorroguen las cuentas. Desde el STEI se han mostrado inflexibles: "Hay dos escenarios: o llegar a un acuerdo con plus de insularidad o que lo decida el juez", ha advertido Gelabert.
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