Govern y sindicatos han firmado esta mañana un acuerdo que va a beneficiar a unos 3.000 empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral de la Administración autonómica, al reactivar la convocatoria de la carrera profesional, con las correspondientes mejoras salariales. El coste que esta iniciativa va a tener para las arcas de la Comunitat Autònoma se cifra en cerca de los tres millones de euros anuales.

El acuerdo, suscrito por todas las organizaciones sindicales,  ha sido presentado por las conselleras de Función Pública y de Hacienda, Mercedes Garrido y Rosario Sánchez respectivamente, y supone reactivar la convocatoria para obtener el complemento de la carrera profesional, que conlleva una mejora en las retribuciones 

Un aspecto sobre el que se ha hecho hincapié es que la citada subida no se obtiene solo con el paso del tiempo, sino que pasa a depender también de méritos como la formación, la docencia y el cumplimiento de objetivos, con una evaluación del trabajo que se realiza.

Mejora del servicio

Según han indicado las dos conselleras, se produce un avance hacia la excelencia en la Administración pública, con la correspondiente mejoría en el servicio que se presta a los ciudadanos.

Rosario Sánchez ha añadido que la economía balear ha recuperado ya los niveles previos a la pandemia, lo que ha facilitado que se haya podido cerrar este pacto, suscrito con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STEI, USO y SINTTA. En este sentido, ha destacado que se están recuperando las condiciones laborales que se recortaron durante el mandato del PP.

La convocatoria se abrirá el próximo mes de abril, y aunque desde las organizaciones sindicales se ha apuntado que pueden pasar algunos meses hasta que el trabajador público perciba la mejora en su salario, ésta tendrá efectos desde el 1 de enero de este año.

Incrementos

El representante de USO, Carlos de Mattos, ha señalado que aunque el incremento salarial depende de las categorías profesionales, puede suponer en esta convocatoria un mínimo de 110 euros mensuales brutos y un máximo de 250.

Tanto De Mattos como Pere Bueno, del STEI; Ramón Ordóñez, de UGT; y Carles Torrens, de CCOO, han puesto en valor el acuerdo alcanzado y la vía de diálogo abierta por el Govern, además de suponer que los funcionarios de los Servicios Generales y el personal laboral pasan a disfrutar de las condiciones que ya habían conseguido otros trabajadores públicos. Todos han coincidido en destacar que con el sistema de evaluación que se ha fijado se va a lograr una mejoría en el servicio que se presta a los ciudadanos.