El profesor de Derecho Internacional Público de la UIB, Joan David Janer Torrens, desgrana cuáles serían los pasos que la comunidad autónoma debería seguir para tratar de conseguir limitar la adquisición de inmuebles por parte de no residentes.

1) Habida cuenta de que la comunidad tiene las competencias en ordenación del territorio y vivienda, debería redactar una ley sobre dicha limitación, donde quedaran muy bien definidos varios aspectos. Uno de ellos es qué es ser residente: ¿alguien que vive en las islas?, ¿alguien que trabaja?, ¿desde hace cuánto tiempo? Asimismo, debe recoger cuáles son las zonas tensionadas. Es decir, deberían delimitarse dentro del territorio aquellas zonas donde hay más problemas de vivienda y justificarlo muy bien. Además, también deberá argumentarse muy bien en el articulado el interés general que lleva a la comunidad a restringir estas transmisiones de propiedad a los no residentes. Antes de redactar la ley, el experto propone también valorar el impacto económico y el impacto social que podría tener la medida.

2Aprobar la ley en el Parlament. Para ello se necesitaría mayoría parlamentaria.

3) Si el Estado considera que la ley balear recién aprobada infringe el Derecho Europeo (es decir, la libre circulación de capitales, la libertad de residencia y la no discriminación por nacionalidad), podría apercibir a la comunidad por ello.

4) Es muy posible que la propia Comisión Europea u otro Estado miembro impugnaran la normativa balear. Ante ello, sería la abogacía del Estado español quien defendería la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea poniendo énfasis en el interés general de la restricción y argumentándola muy sólidamente.

5) Por último, sería el Tribunal de Justicia de la UE quien resolvería dicho recurso de incumplimiento. Si fallara a favor de España, Baleares podría limitar la compra de vivienda a no residentes. En este punto, hay que señalar que en la UE no lo ha conseguido ningún territorio que no tuviera incluida la excepción a este tipo de transmisiones de la propiedad a no nacionales en su acta de adhesión al Tratado. Se quedó a las puertas Flandes, en Bélgica.