El Govern ha dado el primer paso para tratar de limitar la compraventa de viviendas por parte de no residentes en Baleares. Este martes se constituyó un grupo de trabajo en el que participan las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB). El Ejecutivo balear cumple así con la promesa parlamentaria para iniciar el estudio y elaborar un informe preliminar de la situación jurídica actual europea.

El informe inicial sobre la situación de la normativa europea aborda el actual marco jurídico complejo que dificulta limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros en territorio comunitario, aunque este es el punto de partida. A partir de este momento, el grupo de trabajo analizará las experiencias que existen al ámbito europeo e internacional para extraer conclusiones aplicables a la problemática de las islas y a su especificidad como territorio insular y limitado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castell, pidió a la presidenta que se creara un grupo de trabajo para estudiar este asunto, tal y como había aprobado el Parlament en una proposición no de ley presentada por la formación menorquina, porque "la normativa europea se pueda cambiar".

Los siguientes pasos

El profesor de Derecho Internacional Público de la UIB, Joan David Janer Torrens, desgrana cuáles serían los pasos que la comunidad autónoma debería seguir para tratar de conseguir limitar la adquisición de inmuebles por parte de no residentes.

1) Habida cuenta de que la comunidad tiene las competencias en ordenación del territorio y vivienda, debería redactar una ley sobre dicha limitación, donde quedaran muy bien definidos varios aspectos. Uno de ellos es qué es ser residente: ¿alguien que vive en las islas?, ¿alguien que trabaja?, ¿desde hace cuánto tiempo? Asimismo, debe recoger cuáles son las zonas tensionadas. Es decir, deberían delimitarse dentro del territorio aquellas zonas donde hay más problemas de vivienda y justificarlo muy bien. Además, también deberá argumentarse muy bien en el articulado el interés general que lleva a la comunidad a restringir estas transmisiones de propiedad a los no residentes. Antes de redactar la ley, el experto propone también valorar el impacto económico y el impacto social que podría tener la medida.

2Aprobar la ley en el Parlament. Para ello se necesitaría mayoría parlamentaria.

3) Si el Estado considera que la ley balear recién aprobada infringe el Derecho Europeo (es decir, la libre circulación de capitales, la libertad de residencia y la no discriminación por nacionalidad), podría apercibir a la comunidad por ello.

4) Es muy posible que la propia Comisión Europea u otro Estado miembro impugnaran la normativa balear. Ante ello, sería la abogacía del Estado español quien defendería la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea poniendo énfasis en el interés general de la restricción y argumentándola muy sólidamente.

5) Por último, sería el Tribunal de Justicia de la UE quien resolvería dicho recurso de incumplimiento. Si fallara a favor de España, Baleares podría limitar la compra de vivienda a no residentes. En este punto, hay que señalar que en la UE no lo ha conseguido ningún territorio que no tuviera incluida la excepción a este tipo de transmisiones de la propiedad a no nacionales en su acta de adhesión al Tratado. Se quedó a las puertas Flandes, en Bélgica.

"Partidarios de fijar límites"

El Govern balear parece danzar al unísono, después de varios meses de dubitaciones, acerca de la limitación a la compra de viviendas por parte de extranjeros. El portavoz del Ejecutivo y dirigente del PSIB, Iago Negueruela, afirmó hace unas semanas tras el Consell de Govern que «siempre hemos sido partidarios de fijar límites» y, de esta forma, abría la puerta a este tema controvertido.

Aunque el posicionamiento oficial tiene truco porque la primera frase viene seguida de una aclaración importante: «Estamos en el marco de una política absolutamente comunitaria de la UE y solo Dinamarca, que lo firmó en su tratado de adhesión, tiene esta excepción».

Asegura que es un planteamiento que deben hacer los países porque la Unión Europea deberá regular «de mejor manera» todo lo relacionado con la compra de vivienda por parte de los no residentes, por lo que reclama los «mecanismos necesarios» para fijar en determinados espacios problemáticos como Baleares una mayor protección.